La noticia de la votación sobre el fin del Senado en la Convención Constitucional fue recibida por los senadores justo en momentos en que estaban deliberando normas para facilitar el plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre.
De hecho, en la sala de la Cámara Alta, la jefa de bancada de RN, Paulina Núñez, respondió a las críticas que han levantado algunos convencionales sobre el rol del Senado, mientras que la jefa del comité DC, Ximena Rincón, cuestionó la redacción de algunas normas sobre principios aprobadas por la Convención que, a su juicio, generan incertezas.
A esa hora el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), ya había bajado de la testera, cediéndole la conducción del debate a la vicepresidenta, Luz Ebensperger (UDI), para sostener algunas llamadas telefónicas y conversar informalmente con algunos senadores de distintos grupos políticos.
Fuera del hemiciclo, el jefe del comité PS, José Miguel Insulza, fue uno de los primeros en reaccionar. “La pregunta es si va a haber o no una forma de gobierno… Me parece muy evidente que esta Convención no tiene una idea clara de formas de gobierno y este es su segundo fracaso consecutivo, y ya debería empezar a preocuparnos”, sostuvo el legislador, que además emplazó a La Moneda. “El gobierno debería decir algo. El secretario general de la Presidencia (Giorgio Jackson) no puede simplemente decir ‘vamos viendo qué es lo que pasa’, como dice habitualmente. Nosotros queremos saber qué es lo que pasa, qué postura va a tener el gobierno”, recalcó.
El emplazamiento a La Moneda fue reforzado este miércoles por representantes de otros comités.
“Existe una sensación de que las cosas no se están haciendo bien… Podemos tener el escenario de que a esta Constitución le vaya mal. Sería un tremendo problema político para el país, porque significaría pegarle a la línea de flotación del gobierno que está partiendo y que predicó y llegó al poder diciendo que Chile tenía que cambiar”, dijo hoy el senador DC Francisco Huenchumilla tras reunirse con la ministra del Interior, Izkia Siches, en La Moneda.
“Este gobierno no puede ser neutral, puede tomar una decisión jurídica, la Convención es autónoma, claro, pero políticamente hay partidos que están en el gobierno y que están en la Convención y ellos tienen que asumir una responsabilidad”, añadió.
El jefe de bancada de la UDI, Iván Moreira, arremetió directamente contra el Presidente Gabriel Boric. A su juicio detrás de la eliminación del Senado hay un intento para concentrar “el poder absoluto de la izquierda” en la Cámara de Diputados. “Es claramente una acción totalitaria, con la complicidad y la hipocresía del Presidente Boric y su gobierno, porque son precisamente sus colectivos los que están cometiendo una serie de aberraciones que van a perjudicar al país para llegar a un Estado totalitario. El gobierno le declaró la guerra al Senado. Ahora no puede buscar reciprocidad del Senado para que le solucione los problemas de las volteretas de este gobierno”, agregó Moreira.
El senador socialista Alfonso de Urresti comentó que “el Presidente tiene una responsabilidad fundamental para asegurar que la Constitución represente a todos los chilenos y cree una institucionalidad inclusiva y no centralizada”.
“Está claro que el gobierno está feliz”, ironizó el senador UDI, Juan Antonio Coloma, quien es la principal carta para presidir la corporación el próximo año.
El miércoles en la tarde, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, si bien criticó el resultado de las votaciones en la Convención, advirtiendo que podría terminar en una “Transantiago institucional”, dijo que preferían no enviar recados por la prensa al Ejecutivo.
No obstante, frente a las dudas que está dejando el trabajo constituyente, deslizó que mediante leyes podrían resolverse ciertos vacíos que queden en el texto de nueva Constitución.
“En caso de que esto no se mejore obviamente a través de la ley tendrá que establecerse la regulación complementaria para que el sistema político sea un todo coherente”, dijo el presidente de la Cámara Alta.
Si bien esa suerte de plan B no cuenta con el aval de todo el Senado, por ahora, es una de las alternativas jurídicas que se han puesto sobre la mesa en el caso de un “texto fallido”, que termine siendo aprobado en el plebiscito de salida.
Un senador de oposición comenta que lo único que han acordado es esperar que culmine el trabajo de la Convención el 4 de julio. A partir de ese día, habría una ventana hasta el plebiscito del 4 de septiembre, para adoptar algunas medidas parche, entre ellas reformas legales que llenen vacíos de la nueva Constitución.
Sin embargo, constitucionalistas y algunos senadores advierten que es clave que la misma asamblea constituyente habilite al actual Congreso para hacer ajustes y que explícitamente se diga en el texto constitucional que “una ley” regulará el detalle de las disposiciones que queden en el aire.
La profesora de Derecho Constitucional de la U. del Desarrollo, Marisol Peña, cree el Congreso podría “tomar la batuta”, en la medida que la Convención contemple una norma transitoria que les conceda un período de gracia a los actuales legisladores y se les permita hacer algunos cambios en el nuevo texto constitucional, eventualmente aprobado en el plebiscito. No obstante, precisa que no bastan leyes simples. “Si la conformación del Poder Ejecutivo y el Legislativo y las relaciones entre ellos no está delimitado en la Constitución, con un nivel desarrollo adecuado, lo que corresponde es que Congreso complemente, vía reforma constitucional, lo que la Convención haya dejado en el aire. En todos aquellos aspectos del engranaje institucional que sean fundamentales para que el estado funcione, creo, no se podrían hacer por una ley”, sostiene.
Fuente: La Tercera
