Quince días restan para la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric a la nación. Este 1 de junio, el Mandatario expondrá por última vez la tradicional rendición del trabajo de su administración en el Salón de Honor del Congreso Nacional.
El hito ya es un asunto que acapara la atención del Gobierno. En el consejo de gabinete de este viernes, el Mandatario abordó la fecha e instruyó a sus ministros a desplegarse por el país “multiplicando y amplificando esta Cuenta Pública durante el mes de junio, informando a la ciudadanía, escuchando a la ciudadanía, comunicando a las personas y, sobre todo, resolviendo problemas, porque para eso estamos”.
Retratar el legado del Gobierno y evitar activar la tecla electoral son algunas de las expectativas que analistas ya se hacen de la última cuenta de Boric, misma que marcará el inicio de las postrimerías de su administración, de modo que algunos ven poco previsible la incorporación de nuevas promesas.
Así las cosas, la Cuenta Pública es una oportunidad de relevar los avances obtenidos, pero así también, de reconocer los aspectos que se mantienen pendientes. Aquí hacemos la revisión de los compromisos hechos por el Mandatario el 1 de junio del 2024 que no tocaron puerto.
Principales deudas
El 2024, el jefe de Estado celebró el hecho de que se haya revertido el anuncio de cierre de la Siderúrgica Huachipato. “Fue en base al análisis técnico de la Comisión Antidistorsiones que se tomaron medidas para que nuestra industria del acero nacional compita en una cancha pareja. Con esto se salvaron más de 20 mil empleos. Les quiero decir fuerte y claro a los sindicatos de Huachipato y al país entero: el acero tiene futuro en Chile, y vamos a avanzar en acero verde, y lo vamos a construir juntos”, dijo entonces.
Sin embargo, pese a las sobretasas al acero chino, la Siderúrgica anunció la suspensión indefinida de sus operaciones en agosto de ese año, lo que llevó al ministro de Economía a trabajar en el Plan Especial del Fortalecimiento del Empleo para la Región del Biobío.
Otro asunto comprometido por el Presidente fueron metas económicas. “Al finalizar nuestro mandato la economía chilena per cápita habrá crecido anualmente por encima del promedio de los ocho años anteriores, habrá generado más de 700 mil nuevos empleos, se habrá reducido la pobreza, las tasas de informalidad serán menores que cuando comenzamos, y habremos frenado el crecimiento de la deuda pública. En esto me pueden cobrar la palabra”, aseveró.
Si bien hay que observar el comportamiento de la actividad económica en el 2025, en abril llegaron malas noticias, cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió a la baja el PIB de Chile para este año, ubicándolo en un 2%. Algo que Hacienda enfrentó manteniendo la proyección de 2,5% del PIB, en el Informe de Finanzas Públicas del primer semestre.
Por lo demás, la cartera incumplió su compromiso de balance fiscal en 2024 y volverá a desviarse en 2025, según se proyectó en la presentación de dicho informe.
En otras materias, Boric anunció urgencia e impulso para el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativo que se encuentra en el Senado. A un año del mensaje, el proyecto aún duerme en la Cámara Alta, y su rezago ha abierto críticas del propio oficialismo. El diputado Vlado Mirosevic (PL), autor del proyecto, sindicó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, como responsable del letargo de la iniciativa.
“No puedo entender por qué razón la ministra de Salud ha hecho tan poco para que esta ley, para que la eutanasia, se transforme en ley”, dijo a La Tercera.
Por otro lado, Boric comprometió la presentación del proyecto de ley de aborto legal durante el segundo semestre del 2024. Algo que hasta ahora no se ha materializado. La ministra de Mujer, Antonia Orellana, ha explicado que “el mandato que nos dio el Presidente el 1 de junio fue tanto a modificar el reglamento de las tres causales para asegurar una buena implementación (…) y, por lo tanto, los tiempos de presentación del proyecto están supeditados a que terminemos de tramitar ese reglamento”.
Entre las materias prometidas por el Presidente que sí llegaron a puerto, está la presentación del proyecto de ley del nuevo sistema público de financiamiento que reemplazará el Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario, y que busca una solución progresiva para los deudores. El conocido proyecto de fin al CAE fue presentado en octubre del 2024 y si bien ha tenido avances en la Cámara, se tramita a un paso que deja dudas de su aprobación antes que termine el Gobierno.
Asimismo, si bien en la pasada Cuenta Pública el Mandatario destacó el ingreso del nuevo proyecto de Ley de Pesca, hoy la tramitación del fraccionamiento pesquero ha derivado a una avalancha de críticas contra el Gobierno, a raíz del error que cometió el subsecretario de Pesca, Julio Salas, al dar con el porcentaje de extracción de merluza por parte de la pesca industrial.
Luego que la comisión mixta que revisa el proyecto aprobara la distribución en un 52% para el sector artesanal, y en 48% para el industrial, la firma PacificBlue anunció el cierre de operaciones para enero del próximo año, lo que sumado al cierre de Huachipato, agudizó los problemas de empleo en la Región del Biobío,
Cabe señalar la mención a la entrega del informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que destacó el Mandatario en la pasada Cuenta Pública. Luego de dos prórrogas, la instancia entregó sus conclusiones a Boric el pasado 6 de mayo, y hasta ahora, se desconoce el camino que emprenderá el Gobierno para materializar las medidas que la comisión recomienda.
Los que no alcanzaron a despacharse a ley
Hay que indicar que algunos de estos compromisos se encuentran en una etapa muy avanzada de tramitación y que están próximos a ser despachados por el Congreso Nacional para su promulgación por parte del Ejecutivo. Así todo, por diversos motivos, no alcanzarán a integrarse al listado de logros que el Ejecutivo podrá presentar el próximo 1 de junio.
Entre ellos se encuentra la ley de fraccionamiento pesquero, que actualmente está en una comisión mixta con el objetivo de resolver las diferencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado.
En la última sesión —marcada por un álgido debate debido a la entrega de información desactualizada por parte del subsecretario de Pesca respecto de la cuota de captura industrial de la merluza común— la mayoría de los integrantes decidió dividir el proyecto.
De este modo, se acordó que el guarismo correspondiente a la merluza sea votado en una instancia separada del resto de las pesquerías, una vez que el informe elaborado por la comisión mixta vuelva a ser revisado en el hemiciclo de ambas corporaciones.
También, en una próxima sesión programada para junio, se revisará el sistema de financiamiento del proyecto, el cual aún no ha sido definido. En esa oportunidad, el Gobierno presentará una propuesta al respecto.
Un caso similar presenta el proyecto de reglas sobre el uso de la fuerza por parte de policías y Fuerzas Armadas que cumplan funciones de orden público. Tampoco estarán listas antes del 1 de junio.
La Cámara de Diputados rechazó diez enmiendas introducidas por el Senado, lo que obligará a conformar una comisión mixta para resolver las discrepancias, paso previo antes de que el proyecto pueda ser despachado como ley.
Sin embargo, dicha comisión aún no se ha constituido, y el texto aprobado por la Cámara enfrenta una fuerte resistencia del oficialismo, especialmente del Frente Amplio y el Partido Comunista. Las críticas apuntan a que se eliminó la prohibición explícita de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la prohibición del uso de la fuerza contra personas ya detenidas.
Además, se rechazaron disposiciones que exigían a las policías utilizar la persuasión verbal antes de recurrir a la fuerza —cuando la situación lo permita—, y que establecían que la fuerza potencialmente letal solo puede utilizarse como último recurso. Además, deberá volver a discutirse el artículo relativo a la eximente de responsabilidad penal para las Fuerzas Armadas.
Un punto especialmente relevante es que el oficialismo ha intentado incluir el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. No obstante, tanto la Cámara como el Senado lo rechazaron, dejando en su lugar el principio de racionalidad, lo que no convence a los legisladores del PC y el FA.
El calendario legislativo tampoco ayuda. La próxima semana será distrital para el Senado y la siguiente para la Cámara, lo que significa que los parlamentarios estarán trabajando en sus respectivas regiones y no en sesiones legislativas. Por ello, es probable que recién en junio se vean avances concretos.
Fuente: Emol.com
