La misiva firmada por otros 40 líderes del Grupo de Puebla criticó el actuar de la Justicia y de fiscales chilenos en el manejo del caso SQM, que investiga el financiamiento irregular de la política y donde MEO está acusado por delitos tributarios.
“Declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias”.
Con esas palabras calificó el ministro de Justicia, Luis Cordero, la carta en apoyo al excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (MEO), firmada por 40 líderes del Grupo de Puebla, entre los que figura el Presidente de Argentina, Alberto Fernández y el ministro de Defensa de esa país, Jorge Taiana.
En su defensa a MEO, quien está acusado por el Ministerio Público de delitos tributarios en una de las aristas del caso SQM que se arrastra por ocho años, los líderes del Grupo de Puebla apuntan que el exabanderado del PRO “viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.
Ante las críticas que contiene el escrito contra el actuar de la Justicia en el denominado caso SQM -que investiga el financiamiento irregular de la política y donde MEO está acusado de delitos tributarios-, Cordero recalcó la importancia de respetar y promover la independencia de las instituciones judiciales.
“Es relevante destacar que el Gobierno no solo es respetuoso de la independencia judicial, sino que promueve la independencia judicial, y además de eso protege la autonomía del Ministerio Público”, apuntó el titular de Justicia.
La carta en cuestión -dada a conocer este miércoles- acusa en concreto que “una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado”.
Declaraciones que, para Cordero, resultan improcedentes: “Desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno. La leería como apoyo político a MEO, pero desde lo institucional su contenido es improcedente”.
Además, el secretario de Estado informó que sostuvo una conversación con su par de Relaciones Exteriores, la canciller Antonia Urrejola, donde abordaron la carta del Grupo de Puebla.
Entre los firmantes de la misiva -además de Fernández-, destacan los nombres de exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.
Otro nombre conocido es el de Baltasar Garzón, quien en octubre de 1998, cuando era juez español, firmó la orden de captura en contra de Augusto Pinochet en Londres.
Declaraciones que, para Cordero, resultan improcedentes: “Desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno. La leería como apoyo político a MEO, pero desde lo institucional su contenido es improcedente”.
Además, el secretario de Estado informó que sostuvo una conversación con su par de Relaciones Exteriores, la canciller Antonia Urrejola, donde abordaron la carta del Grupo de Puebla.
Entre los firmantes de la misiva -además de Fernández-, destacan los nombres de exjefes de Estado de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia, Ernesto Samper y de Panamá, Martín Torrijos.
Otro nombre conocido es el de Baltasar Garzón, quien en octubre de 1998, cuando era juez español, firmó la orden de captura en contra de Augusto Pinochet en Londres.
La causa que lleva adelante la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, mantuvo en su momento a 180 personas siendo investigadas por el ente persecutor. Sin embargo, la mayoría han sido sobreseídas o el Ministerio Público ha decidido no perseverar o suspender bajo condiciones los procedimientos. A la fecha ha habido 10 condenas. En el caso de MEO, la fiscalía solicita cuatro años de condena.
La mañana del pasado lunes finalmente comenzó la audiencia para dar inicio al juicio oral, que -según estimaciones de los intervinientes- podría durar al menos dos años.
Fuente: La Tercera
