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Investigación periodística evidenció serias anomalías medioambientales en Fundición Paipote

Tras un trabajo realizado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), data que Fundición Hernán Videla Lira de la Empresa Nacional Minera (Enami) en Paipote, rebasó casi en 500% la norma de calidad del aire, índices de dióxido de azufre más altos que en la crisis de Puchuncaví.

De acuerdo al reportaje publicado este lunes, en el informe emitido el 23 de mayo del año 2021, Enami marcó un promedio horario de liberación de dióxido de azufre de 2.027,8 microgramos por metro cúbico (µg/m³), en circunstancias que el límite aceptado por las normas es de 350 µg/m³. Lo que se compara con uno de los mismos elementos que años atrás provocó desmayos de niños en Puchuncaví, donde opera una fundición de Codelco.

Para ese entonces, quien ocupaba el puesto de supervisor de Operaciones de la planta de Paipote, Carlos Fernández Reinoso, al momento del incidente, exhibió documentos que muestran que los datos enviados por Enami a autoridades de Salud y Medio Ambiente son más bajos que los registros internos.

“La fundición ha superado 63 veces el límite que fija la norma, desde que esta fue publicada en 2019. Pero la regla es tan laxa que aún no incurre en incumplimiento: puede rebasarla hasta en 131 ocasiones”, indica Ciper.

Carlos Fernández Reinoso aún era el superintendente de Operaciones de la fundición para el momento del incidente, pero nueve días más tarde, específicamente el 1 de junio de 2021, tuvo que dejar ese puesto.

“Lo despidieron, según cuenta, por haber alertado a su jefatura que los registros enviados a la autoridad ambiental no correspondían a lo que realmente había ocurrido aquella mañana del episodio crítico. Ese domingo las emisiones de dióxido de azufre (SO2) de la fundición superaron casi seis veces el límite promedio por hora que estipula la nueva norma de calidad del aire, que rige desde 2019:a las 09:00 de esa jornada el promedio horario marcó 2.027,8 µg/m³, en circunstancias que el límite es de 350 µg/m³”, detalla Ciper.

El promedio horario que marcó para ese entonces, constituye el más alto registrado en la fundición de Paipote en los últimos tres años, desde que rige la nueva norma. Se trata de un incidente incluso más crítico que aquellos ocurridos en la fundición de Ventanas, operada por Codelco, en 2011 y 2018, y que provocaron desmayos de niños en Puchuncaví en Valparaíso.

El trabajo investigativo, además data, que las concentraciones de dióxido de azufre “son episodios que pueden provocar crisis respiratorias agudas en los niños, si se producen en periodos de tiempo muy cortos”, explicó a CIPER el bioquímico y doctor en salud ambiental, Pablo Ruiz. De allí que se monitoreen los promedios horarios de fundiciones como las de Paipote y Ventanas.  

Debemos recordar que las crisis de Puchuncaví generaron conmoción nacional y originaron la iniciativa que culminó con la nueva normativa de calidad del aire. La idea era garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, evitando un nivel de concentración de emanaciones como las que provocaron la pérdida de conciencia y otras reacciones alérgicas entre los escolares de esa zona. 

La normativa promulgada en el año 2019, indica que la cantidad de SO2 liberada en Paipote el 23 de mayo del año pasado no es suficiente para incumplir la regla: la norma permite superar el límite horario en 131 oportunidades por año. 

“En la práctica, es una norma que permite que se intoxique 131 veces al año y cumplir igual, porque está hecha para ser cumplida —puntualiza Marcelo Mena, exministro y exsubsecretario de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. 

CIPER revisó los registros del Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire (SINCA), encargado de monitorear la calidad del aire, y constató que la fundición tiene un macizo historial de incumplimiento del límite promedio horario: lo ha rebasado en 63 oportunidades desde la promulgación de la normativa”, refiere Ciper.

La flexibilidad de las reglas no es lo único que dejó en evidencia el episodio que se vivió en Paipote en mayo pasado. El ex superintendente Carlos Fernández hizo otra revelación al presentarse ante la comisión de diputados que indaga posibles irregularidades en los estados financieros y los balances metalúrgicos de Enami. Fernández expuso frente a los parlamentarios que los registros internos de las operaciones de la fundición sobre las emanaciones del 23 de mayo pasado muestran valores más altos que los que se enviaron a la autoridad ambiental.  

“Recibí la información de uno de los profesionales a cargo de la gestión ambiental que me indicó que se adulteraron los datos de los parámetros operacionales del Convertidor Teniente, el horno principal de la fundición, explica Carlos Fernández”.

Para conocer la magnitud del problema, CIPER entrevistó a toxicólogos, expertos en salud ambiental, las directoras de los Cesfam de Paipote y de la comuna aledaña de Tierra Amarilla, dirigentes sociales, concejales y profesores de la zona. El diagnóstico es común: en Paipote el derecho a vivir en un ambiente sano es una tarea abandonada por el Estado. 

Fundición Paipote para esa fecha, preparó dos informes dando cuenta de cómo se operaron los convertidores y plantas durante el peak de mayo de 2021. En ellos, los indicadores no coinciden. 

“En el primer informe, que circuló de forma interna y fue evacuado 24 horas después del incidente, los parámetros del principal convertidor señalan que se operó sobre el límite permitido por el Plan de Acción Operacional (PAO) de la fundición, aprobado el 10 de enero de 2021 por el Ministerio de Salud (MInsal) y diseñado para que las emisiones de SO2 no impacten en la salud de la población de Paipote, Copiapó y Tierra Amarilla 

En el segundo informe, elaborado posteriormente y que la fundición debía enviar en un plazo de cinco días hábiles a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de Atacama y las Seremis de Salud y Medio Ambiente, esos mismos indicadores se muestran por debajo de los límites señalados en el Plan Operacional y, por ende, ajustados a la norma. En el documento que recibieron las autoridades, entonces, las operaciones que habían superado los parámetros permitidos habían desaparecido”, señala Ciper. 

Frente a esta situación, el medio investigativo accedió a ambos documentos y a correos internos de la fundición y constató que existe una diferencia en dos parámetros operacionales del Convertidor Teniente entre el informe preliminar y el informe técnico.

“Se trata del flujo de soplado y el porcentaje de enriquecimiento de oxígeno, en los que bajo “una condición meteorológica desfavorable (como ocurrió el 23 de mayo), la condición operacional debe ser restrictiva”, según se lee en el plan operacional” refiere.

En su intervención ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Fernández sostuvo que “se alteran datos de procesos, de parámetros operacionales de equipos de fusión, flujos de aire y enriquecimiento de oxígeno”. 

Según el relato de Fernández, fue despedido el 1 de junio producto de la denuncia que realizó sobre la alteración de la data operacional de los informes que fueron entregados a la autoridad sanitaria y medioambiental: “El 2 de junio hablé con el vicepresidente de Enami y le pregunté por las razones de mi desvinculación. Me dijo que yo había hecho una acusación muy grave”. 

Enrique Valdivieso, vicepresidente de Enami, entregó su versión sobre el despido de Fernández en la comisión investigadora de la Cámara: “Dice que hay problemas con la información que se entrega a las autoridades de medioambiente, siendo que esa información está en línea. Después él comienza con malos tratos, malas formas de expresarse. Y para hacer este trabajo tenemos que ser un equipo y yo estimé que él no estaba alineado con el equipo”. 

El 25 de junio, Fernández hizo una solicitud de transparencia al Ministerio de Medio Ambiente, solicitando el informe técnico que había enviado Enami a raíz del episodio del 23 de mayo, para constatar si la empresa remitió un documento con parámetros alterados respecto al reporte diario y al informe que confeccionó la fundición 24 horas después. Recibió la respuesta el 20 de julio de 2021: ambos indicadores estaban bajo el límite establecido en el plan operacional. 

CIPER consultó a Enami sobre la diferencia en ambos documentos. La estatal respondió que el primer informe cuenta con datos preliminares “y no contiene ciclos cerrados”. Agregó que “la información final reemplaza a cualquier información entregada con anterioridad (…) y se adjunta el detalle operacional real”.

Carlos Fernández indica que el sistema que utiliza Enami para sus operaciones se llama PlantPAx, provisto por la empresa estadounidense Rockwell. Este software, dice, registra minuto a minuto los datos e indicadores de las plantas y convertidores. Según explica Fernández, quien estuvo a cargo de las operaciones de la fundición desde febrero de 2020, Enami no cuenta con ningún otro sistema de registro de datos con los que se puedan corregir o cotejar los que arroja PlantPAx. Los informes, asegura, se preparan con la información provista por este software, que envía un reporte diario a todos los supervisores del complejo. Esta versión de Fernández, quien señala que solo hay una fuente de datos, cuestiona el argumento de Enami respecto que existen registros preliminares que son reemplazados por “información final”.

El territorio que comprende Copiapó, Paipote y Tierra Amarilla, es una zona asediada desde hace años por contaminantes como el dióxido de azufre, material particulado y arsénico. Según el catastro del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), en el sector existen 114 faenas mineras, 30 relaves y una fundición. Ya en 1993, en un decreto del Ministerio de Agricultura, se declaró a Paipote como una “zona saturada por anhídrido sulfuroso”, otro nombre que recibe el dióxido de azufre. 

—Acá la gente en Paipote siempre ha intentado solucionar este problema, pero es un tema que ya lleva años y años, y se sigue construyendo en este sector. Entonces, no sé si se podrá solucionar o si las condiciones de vida podrán mejorar acá, estando tan cerca de la fundición y los relaves—, comenta la doctora Ravello. 

En 2019 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra de Enami y a favor de 58 vecinos de Tierra Amarilla, a raíz de la intoxicación de 12 personas en abril de ese año producto de una nube tóxica emanada de la fundición. Los afectados —se lee en el fallo— “fueron derivados a distintos dispositivos de salud de la región por la acción de la Municipalidad de Tierra Amarilla, a pesar de la omisión en la activación de protocolos de emergencia, en razón de que las autoridades encargadas de monitorear los niveles de las emisiones no registraron una superación de la norma de emisión para fundiciones”.

El tribunal de alzada acogió de forma unánime el recurso del INDH e instruyó a Enami adoptar medidas para evitar nuevos episodios críticos de contaminación atmosférica. Sin embargo, en última instancia el fallo fue revocado por la Corte Suprema.  Actualmente, la Superintendencia de Medio Ambiente de Atacama mantiene abierto desde 2019 un procedimiento sancionatorio en contra de Enami por diversos incumplimientos medioambientales de la Fundición Hernán Videla Lira, que fueron clasificados como graves y gravísimos por haber generado un riesgo para la salud de la población. Hasta la fecha, no se registra ninguna sanción.

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