Tras una serie de denuncias que surgieron en la región de Atacama contra directores de establecimientos educacionales, el diputado Juan Santana envió un oficio a la Superintendencia de Educación de la zona, a la Secretaría Regional del Ministerio de Educación y al SLEP de Huasco, solicitando la investigación de dichas acusaciones.
“Un conjunto de testimonios da cuenta de diversas vulneraciones que ha cometido el director Camilo Moraga Valle —de la Escuela Gabriela Mistral de Vallenar— en contra de funcionarios de ese establecimiento educacional y urge atender dichas denuncias. El maltrato y agobio a los trabajadores del colegio son una constante que debe ser investigada”, lee el documento que envió el parlamentario.
En definitiva, el parlamentario Juan Santana explica que este oficio nace a raíz de que “hemos recibido varias denuncias por parte de miembros de comunidades educativas respecto a sus directores, particularmente en la provincia de Huasco, razón por la que nos surge esta duda sobre la forma en que se están llevando a cabo los concursos de los directorios de los establecimientos educacionales”.
Dichas denuncias involucrarían a directores de servicios de educación de la región de Atacama, a quienes acusan, entre otras cosas, de maltrato laboral. A raíz de ello, el diputado por la región declaró que “se necesita una respuesta pronto. Además del estrés que han sufrido los establecimientos educacionales con la vuelta a clases y la violencia que se está viviendo, se estaría sumando una problemática más. Es por eso que emplazamos a que tanto desde la superintendencia y el servicio local de educación, como desde los recintos educacionales involucrados, den una respuesta a las diferentes denuncias que han salido a la luz estas últimas semanas”.
El texto enviado por el diputado explica que “la Superintendencia de Educación desarrolla una labor fiscalizadora con un enfoque en Derechos y Libertades Fundamentales. Así, utiliza un modelo de fiscalización construido sobre la base de la protección de derechos educacionales, libertades fundamentales y bienes jurídicos que inciden en los distintos procesos que se despliegan al interior de los establecimientos educacionales, promoviendo mejores prácticas que apunten a la mejora continua de estos”.
Y a raíz de ello, apela a que “resulta fundamental, atendida la labor recién mencionada, que la Superintendencia investigue lo que ocurre al interior de la Escuela Gabriel Mistral de Vallenar, para determinar con precisión los hechos denunciados y las posibles sanciones que correspondan para resguardar los valores e intereses de la comunidad educativa”.
