Esta semana el fiscal Héctor Barros, jefe del ECOH que está a cargo de la investigación del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, dijo que el hecho se habría organizado desde Venezuela, lo que provocó diversas reacciones.
En un reportaje de Chilevisión, el fiscal indicó que “nosotros sostenemos que esto se organizó y se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela“. Tras ello, se ordenó asistencia penal al país liderado por Nicolás Maduro, a fin de capturar a los sospechosos, y este respondió de forma positiva.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, comprometió su ayuda a Chile en el marco de la investigación, al igual que el canciller Yvan Gil, quien días antes había provocado una polémica y tensión entre ambos países, tras asegurar que el Tren de Aragua no existía.
“Luego de establecida la comunicación entre las fiscalías generales de Chile y Venezuela, y a partir de la solicitud de un apoyo interinstitucional, se acordaría la activación de la Asistencia de Cooperación Mutua a través de los canales diplomáticos correspondientes, a fin de apoyar las investigaciones actualmente en curso”, señaló Gil y agregó que “el Gobierno y pueblo chileno puede tener la seguridad de una colaboración absoluta de parte de Venezuela. Procederemos a la captura de cualquier criminal dentro de nuestro territorio, que se encuentre señalado de cometer algún delito dentro o fuera de nuestro país”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, sostuvo una conversación esta mañana -vía telemática- con “Estado Nacional” y fue consultado respecto a si le cree a su par de Venezuela, y respondió que “yo tengo que creerle y obviamente voy a poder confirmar mi creencia en el momento en que recibamos la información“.
“Si alguien me está ofreciendo algo, yo no me puedo negar de plano. Sería incomprensible que ante una oferta de cooperación nosotros dijéramos ‘mire, nosotros a ustedes ya no les vamos a creer absolutamente nada’. Por lo demás, nosotros estamos apoyando una gestión de carácter judicial. Aquí hay una solicitud del Ministerio Público chileno a su equivalente venezolano, y nosotros como Cancillería y como Estado tenemos que respaldar y apoyar de todas las formas posibles esa solicitud”, agregó.
Respecto a la posibilidad de cortar relaciones con dicho país considerando las declaraciones del fiscal y que, eventualmente, el hecho podría tener un móvil político, dijo que “la ruptura de relaciones es algo que obviamente, por definición, impide mantener contactos con el otro país y nosotros queremos evitar esa situación“.
“Nosotros con Venezuela tenemos varios intereses que son muy específicos. En primer lugar está todo el tema de retorno de personas que están con problemas judiciales o bien en situación de indocumentado. En segundo lugar está este caso para el cual necesitamos agotar, y repito, agotar las posibilidades de cooperación y en eso no somos ingenuos, pero tenemos la posibilidad y tenemos que explorarla. Y en tercer lugar hay algo que se ha olvidado, Venezuela está en un periodo preelectoral y a nosotros nos interesa mucho como país que valora la democracia y los derechos humanos, que se realicen elecciones plurales y libres, y Chile ha tenido una tradición en esa materia, Chile tiene contactos con la oposición venezolana tal como los tiene con el Gobierno venezolano y esos contactos con la oposición venezolana son muy valorados”, puntualizó.
Fuente: Emol
