La legisladora advirtió sobre el impacto que genera la alta morosidad y planteó medidas urgentes.
El reciente 48° Informe de Deuda Morosa reveló que más de 3,9 millones de personas mayores de 18 años están morosas en Chile, lo que representa el 24,8% de la población adulta. La diputada Sofía Cid, advirtió que la Región de Atacama también se ve fuertemente afectada, dada su composición socioeconómica y características laborales.
“Este no es solo un problema financiero, es un reflejo de la vulnerabilidad de miles de familias que se ven obligadas a endeudarse para vivir. Y eso también pasa en Atacama, donde muchos dependen de empleos informales o por temporada”, señaló la parlamentaria.
El informe muestra que el 43,6% de los morosos tiene deudas menores a $300.000, lo que indica un endeudamiento por necesidades básicas, no por lujos. Además, más del 50% de los morosos se concentra en los grupos socioeconómicos D y E, y según la Encuesta Casen 2022, más del 60% de los hogares de Atacama pertenece a estos mismos segmentos.
“Cuando el ingreso mensual es bajo y el empleo es inestable, cualquier emergencia de salud o gasto inesperado termina en una deuda. Es ahí donde se genera un ciclo que muchas veces no se puede romper”, explicó Cid.
Atacama presenta altos niveles de informalidad laboral y una fuerte dependencia del sector minero, lo que, según la parlamentaria, agrava la fragilidad financiera de las familias.
“En muchos casos, aunque haya bancos, acceder al sistema financiero es difícil. No todos califican para un crédito formal, por eso muchos recurren al retail, a créditos caros o derechamente informales. Eso genera más vulnerabilidad”, sostuvo.
“Si no se avanza en empleos estables, con contratos y acceso a seguridad social, el sobreendeudamiento va a seguir creciendo, y eso es un riesgo para toda la economía familiar y regional”, agregó.
Frente a este escenario, la parlamentaria anunció que presentará y apoyará una serie de medidas, entre ellas; solicitar al Gobierno que los informes de deuda morosa incluyan análisis regionales, para visibilizar la situación en regiones como Atacama; Impulsar un plan nacional de alivio de deuda social, focalizado en morosos por bajo monto y en situación de vulnerabilidad y fomentar la educación financiera temprana, incorporándola en programas escolares y comunitarios.
Además, planteó promover la formalización del empleo en sectores productivos regionales, con incentivos para pequeñas y medianas empresas y facilitar el acceso a instrumentos financieros justos, para evitar que las familias más pobres queden atrapadas en el crédito informal.
“Las regiones no pueden seguir esperando. Esta crisis no se resuelve con más crédito, sino con más oportunidades, con empleos dignos y con un Estado que esté presente”, concluyó.
