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“Víctimas en indefensión” y “responsabilidad del Estado”: La legítima defensa en el debate por la tolerancia cero a las armas

El asesinato del cabo David Florido hizo que el Presidente insistiera en el tema. Expertos recalcan que la normativa vigente no establece un mecanismo específico para ejercer defensa propia, sin embargo, no descartan que ésta se vea -en cierto grado- afectada si se quitan las armas de manos civiles.

El homicidio del cabo David Florido en un procedimiento en Pedro Aguirre Cerda volvió a poner en el tapete el deba por el anuncio de “cero armas” que hizo el Presidente Gabriel Boric.

“Es terrible y sólo ratifica una vez más la postura que estamos levantando. Las armas le hacen mal a nuestra sociedad. Tenemos que erradicar las armas”, sostuvo tras la muerte del uniformado.

Aunque hasta ahora no se ha presentado de manera oficial el texto legislativo, se conocen sus dos principales focos: la prohibición total de tenencia de armas y fortalecer la institucionalidad a cargo de la fiscalización.

Incluso, el Mandatario no descartó el lunes -tras su visita a Canadá- incorporar la idea del “congelamiento de armas” que impulsa Justin Trudeau, es decir, que ya no se puedan comprar, vender o transferir. Así, Boric recalcó que “vamos a perseguir y eliminar de los delincuentes, de los narcotraficantes, de los grupos que creen que mediante la violencia se puede avanzar”, pero enfatizó en su idea original: “tampoco queremos que estén en la sociedad civil“.

En medio del debate que ha generado el anuncio, hay quienes han instalado la idea de que si se prohíbe a un civil tener un arma de fuego, la legítima defensa podría quedar “impedida” o “coartada”.

Frente a esa duda, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó el lunes en conversación con Tele13 que “la responsabilidad de proteger recae sobre el Estado”. Además, recordó que el Presidente hizo la propuesta frente al Congreso y de cara a la ciudadanía, instancia donde se podrán escuchar las distintas voces y argumentos sobre el tema.

Como Gobierno tenemos una postura clara respecto a las armas, la seguridad y el crimen organizado, pero eso no significa que estos debates se van a llevar adelante de una forma cerrada“, recalcó.

¿Afectaría a la legítima defensa?

La legítima defensa (artículo 10 N° 4, 5 y 6 del Código Penal) establece ciertas circunstancias en las que una persona pueda queda exenta de responsabilidad penal “por obrar en defensa de su persona o derechos”. Dichas circunstancias son: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Todos estos elementos, por cierto, deben ser revisados por un juez, quien finalmente determinará si la acción se ajustó o no a derecho.

Uno de las primeros aspectos que hace notar Iván Navas, abogado y profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, es que “la legítima defensa es un derecho que se puede ejercer de muchas formas, de hecho, la ley no establece que ésta deba utilizarse con un arma“.

Ahora bien, en el debate público, comenta, lo que ocurre es que “las armas se han convertido en la única forma de defenderse de los delitos de los cuales son víctimas las personas, tal como ocurre en La Araucanía”. Por eso, a su juicio, “si les prohíbes el uso de armas, esas personas quedan en cierta indefensión frente a un delincuente”.

En el fondo, de aprobarse el proyecto del Gobierno, la legítima defensa no quedaría alterada en ningún caso, sólo que “las personas verán disminuida su capacidad de defensa; no podrán defenderse con armas, puesto que van a estar prohibidas”.

Por su parte, Gonzalo Agliati, abogado y profesor de derecho penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), también recalca que la legítima defensa “no supone necesariamente que para defenderme tenga que usar un medio concreto”, aunque destaca que “es cierto que si alguien es agredido con un arma de fuego, se podría suponer que me puedo defender con una para que así se cumpla la necesidad racional del medio empleado”.

De todas formas, el académico apunta a que “tampoco hay que perder de vista que esta iniciativa del Gobierno forma parte de otras medidas que se buscan aplicar, como mejorar la fiscalización del comercio de armas y así erradicar el mercado ilícito; y si eso se cumple, las personas que cometen delitos tampoco deberían tener acceso a las armas de fuego“.

Fuente: Emol

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