Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) oficiaron a la Contraloría General de la República para solicitar el inicio de una auditoría en el Hospital del Salvador, luego de que se revelara que la mamá de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, fue operada el mismo día en que ingresó de urgencia al recinto, en un procedimiento que ha sido calificado como “fast track”.
La solicitud fue anunciada por el diputado e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Daniel Lilayu, junto a su par Hotuiti Teao, quienes plantearon la necesidad de esclarecer si en este caso se respetaron los criterios de priorización clínica vigentes o si existió un eventual trato preferente debido al parentesco con una autoridad de Gobierno.
Según los antecedentes conocidos la semana pasada, la madre de la ministra de Salud ingresó cerca de las 11:00 horas del 23 de diciembre al Hospital del Salvador, en la comuna de Providencia, tras sufrir una fractura de cadera producto de un accidente doméstico.
Posteriormente, alrededor de las 14:45 horas, la dirección del establecimiento habría instruido su traslado inmediato a pabellón, “sin entregar papeles administrativos y sin medicamentos”, de acuerdo con registros internos, acusan los parlamentarios en un comunicado.
Finalmente, la intervención quirúrgica se concretó cerca de las 21:00 horas de ese mismo día.
Lo anterior generó cuestionamientos, considerando que existen otros pacientes con diagnósticos similares que permanecen en lista de espera aguardando una cirugía.
UDI pide auditoría en Hospital del Salvador por eventual trato preferente a mamá de ministra de Salud
Al respecto, los parlamentarios de la UDI señalaron que, si bien es deseable que este tipo de operaciones se realicen en el menor tiempo posible, resulta indispensable determinar si se siguieron los protocolos correspondientes.
“Aquí no está en discusión la atención médica que recibió una persona en particular, sino poder esclarecer si se respetaron los criterios de priorización”, enfatizaron.
En esa línea, Lilayu y Teao afirmaron que “lo más transparente es que la Contraloría pueda abrir u ordenar una auditoría”, agregando que, en un sistema de salud marcado por extensas listas de espera, “no pueden existir atajos ni privilegios, menos aún tratándose de familiares directos de autoridades”.
Desde la bancada gremialista advirtieron que, de comprobarse un trato preferente, no sería un hecho aislado, apuntando a otras decisiones del Ejecutivo que —a su juicio— han significado “saltarse la fila”, como el caso de la expropiación de un terreno tomado en San Antonio, priorizando a ocupantes irregulares por sobre familias que llevan años esperando una solución habitacional.
FUENTE: BIOBIO CHILE
