El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó sentenció a Enrique Rodríguez Serey y Claudia Leiva Iriarte por una serie de delitos que involucran la apropiación indebida, hurto reiterado y lavado de activos perpetrados entre 2013 y 2017 en la ciudad de Vallenar. La resolución, unánime dictaminó tres penas de cuatro años de prisión efectiva para Rodríguez Serey y cuatro años de prisión con libertad vigilada intensiva para Leiva Iriarte.
El tribunal, compuesto por los magistrados Sebastián del Pino, Eugenio Bastías y Mauricio Díaz, confirmó más allá de toda duda razonable que Enrique Rodríguez había estado casado con la víctima, Elba Callejas Molina, quien heredó derechos en propiedades mineras y estableció diversas sociedades de inversión junto a su familia. Sin embargo, su diagnóstico de trastorno neurocognitivo demencial en 2011 la dejó vulnerable.
Aprovechándose de esta situación, Rodríguez Serey llevó a cabo maniobras para apoderarse del patrimonio de la víctima, liquidando activos y sociedades, mientras que Claudia Leiva, secretaria de Rodríguez, cometió una serie de hurtos de cheques pertenecientes a Callejas Molina. Los cheques fueron cobrados por caja sin el consentimiento de la dueña, causando un perjuicio económico significativo.
Además de los delitos mencionados, Rodríguez Serey también fue condenado por lavado de activos al ocultar el origen ilícito de los bienes adquiridos, desvinculándolos progresivamente de su fuente ilegal y dándoles apariencia de legalidad. Las ganancias ilícitas ascendieron a más de 812 millones de pesos, causando un daño considerable.
La sentencia también establece una compensación a las víctimas. Enrique Rodríguez Serey y Claudia Leiva Iriarte deberán pagar solidariamente $141.854.505 por daño emergente y $10.000.000 por daño moral. Leiva Iriarte también deberá pagar $12.993.506 por daño emergente.
Este fallo marca un hito en la lucha contra la explotación de la vulnerabilidad de los adultos mayores y refuerza la idea de que nadie debe quedar impune frente a tales abusos.
