En una resolución clave para el futuro del proyecto minero-portuario Dominga, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencias promovida por el Comité de Ministros, validando la actuación del Primer Tribunal Ambiental (1TA) en la fase de ejecución de su fallo dictado en diciembre de 2024.
Este fallo despeja el camino para que Andes Iron SpA, titular de la iniciativa, pueda continuar con la evaluación ambiental del proyecto, ubicado en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
El conflicto surgió luego de que el Primer Tribunal Ambiental ordenara al Comité de Ministros volver a votar la resolución sobre Dominga. El Comité alegó que el 1TA se había excedido en sus atribuciones, modificando aspectos de su decisión del 14 de enero de 2025, y que esta acción vulneraba el principio de separación de competencias entre el poder judicial ambiental y la administración pública.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional desestimó ese argumento, señalando que el 1TA sí posee competencia para ejecutar sus propias sentencias, en virtud del artículo 30 de la Ley N°20.600. Esta norma —aclaró el TC— se refiere exclusivamente a sentencias declarativas, no a etapas ejecutivas como la que se encuentra actualmente en curso.
Asimismo, el fallo observó que el propio Comité de Ministros reconoció implícitamente la competencia del 1TA al apelar ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta sin cuestionar previamente la vía procesal usada, lo que representó una contradicción procesal determinante.
Con la decisión del TC, se levanta la suspensión del procedimiento administrativo del proyecto Dominga, eliminando el último obstáculo jurisdiccional que impedía su avance. La sentencia no impone costas al Comité de Ministros, pero deja claro que cualquier controversia sobre el fondo del caso deberá ventilarse ante los tribunales ordinarios, utilizando los recursos legales correspondientes.
Este fallo es considerado un hito jurídico en la disputa por el proyecto Dominga, ya que reafirma el rol de los tribunales ambientales en la fase de cumplimiento de sus resoluciones, y acelera el reinicio del proceso de evaluación ambiental por parte de los organismos competentes.
FUENTE BIOBIO
