La presidenta María Elisa Quinteros aseguró que, para llevar la petición al Congreso o al Ejecutivo, es necesario contar primero con la decisión del pleno del órgano constituyente.
Con la elección de la nueva mesa directiva y la constatación de que los consensos en la Convención Constitucional requieren tiempo de debate, por estos días volvió a surgir informalmente la discusión sobre el plazo de trabajo y la posibilidad de una prórroga más allá del año establecido por la Constitución.
Desde la mesa directiva transmiten que esa conversación aún no se ha dado en reunión con los vicepresidentes y que a la vuelta de la semana territorial habrá que discutir varios temas prioritarios.
La presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, aseguró este lunes que “eso depende de la decisión que tomemos en el pleno. No ha llegado una solicitud formal, no hemos tenido una reunión de mesa formal, ahí tenemos que resolverlo. Esa es mi visión como presidenta”.
“Como constituyente, mi visión es que si es necesario porque hay fundamentos importantes que aseguren el éxito de este proceso, hay que resolverlo, deliberarlo en el pleno, para que nosotros como mesa ampliada podamos hacer todas las gestiones que correspondan para dar respuesta a la solicitud del pleno”, dijo en CNN.
La postura de Quinteros es que, dado que se requiere una reforma constitucional con un alto cuórum de aprobación, primero el pleno en su conjunto debería tomar una determinación y luego la directiva podría salir a hacer los esfuerzos con el Congreso y el Ejecutivo de ser necesario.
La discusión entre los constituyentes
La semana pasada se cumplieron seis meses desde que inició el trabajo de la Convención Constitucional y en los próximos días concluye el plazo para ingresar iniciativas constituyentes, lo que ha acelerado el trabajo de los convencionales. Ante eso, en algunos sectores aún tienen expectativas de que el proyecto de nueva Constitución pueda estar listo el 4 de julio.
“Si actuamos con eficiencia y eficacia sí vamos a llegar a cumplir el plazo que tenemos. Eso pasa porque cuando nosotros presentamos normas constitucionales hay muchas que van bastante consensuadas desde la comisión y como están integradas por distintos lotes políticos, distintos colectivos, sin duda que van a pasar rápidamente por el plenario y van a ser aprobadas”, explica a este medio Miguel Ángel Botto (Colectivo del Apruebo).
El convencional del Colectivo Socialista, Andrés Cruz, opina que “no es el momento para debatir sobre prórrogas y hay que ajustarse a los términos que todos conocíamos al momento de asumir como convencionales”. Además, dice que salvo que existiera un acuerdo político que incluya a todos los sectores de la Convención, sería “inviable”.
“Estamos a mitad de camino del plazo estipulado por lo que me parece apresurado evaluarlo hoy (…) Como bien señalan (la mesa) una reforma constitucional no pasa por nosotros y su concreción requiere 2/3 del Parlamento. Dicho esto, hoy no soy partidaria de la extensión del plazo, considero que estamos ante la urgencia de una nueva Constitución y hasta ahora, hemos avanzado según lo planificado en el cronograma”, suma Yarela Gómez, coordinadora del Frente Amplio en la Convención.
Pero no hay una única visión sobre el tema y la cercanía con los plazos finales ha cambiado la postura de varios constituyentes, por ejemplo Teresa Marinovic (Chile Libre), que a fines de diciembre aseguró que la Convención debía prorrogar su tiempo por un año más y que estaba “dispuesta a dar la cara y a defender ese punto porque creo que es lo que corresponde, tenemos que hacer esta cuestión bien”.
El tiempo apremia: en febrero, todas las comisiones deben empezar a enviar los informes con las normas listas al pleno, y a fines de abril se debe constituir la Comisión de Armonización, que tiene que trabajar con un texto ya aprobado.
En ese contexto, por ejemplo, la mayoría de los convencionales del Colectivo Socialista han debatido internamente el asunto y aseguran que están dispuestos a discutirlo. De hecho han evaluado la idea de una prórroga de tres meses.
Esa es la misma postura en la que está la convencional Ingrid Villena (Pueblo Constituyente), quien sostiene en conversación con Emol que es partidaria de extender “con la finalidad de que la iniciativa popular constituyente y las de los convencionales puedan ser más socializadas”. A su juicio, el plazo prudente de prórroga podría ser tres o máximo cinco meses, porque un año, como propone Marinovic, “sería excesivo”.
“Si lo hubieran dado al comienzo (un año más), se hubiera estructurado de mejor forma el trabajo, pero como ya estamos tan encima, el proceso constitucional genera inestabilidad política, económica y la gente ya nos está cuestionando que no hemos redactado ninguna norma, no sé si sería bien visto a los ojos de las personas que aplazáramos un año más”, explica Villena.
Pero la idea de prorrogar, a pesar de que pueda generar resistencia en ciertos sectores, ya está cobrando mayor sentido entre los convencionales. Ya hay representantes de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes, Coordinadora Plurinacional, Colectivo Socialista y hasta RN dispuestos a evaluarlo.
“Siendo bien realista y viendo cómo se han ido dando los tiempos, se ve un poco complejo que esté lista en un año, ya que hay que considerar ponderables como por ejemplo la Consulta Indígena. En ese sentido creo que va a llegar un momento en que se deberán sincerar los plazos y ver cómo la nueva mesa gestionará -por supuesto con conocimiento y acuerdo del pleno- alguna hipotética extensión ante el Congreso y el gobierno entrante”, asegura Patricia Labra (RN).
Fuente: Emol.com
