La discusión de la Ley de Presupuestos 2023 ya comenzó en las distintas subcomisiones mixtas, y sus datos más relevantes ya han sido ampliamente difundidos: un crecimiento del gasto público de 4,2%, con ejes programáticos enfocados en la seguridad ciudadana, la reactivación económica y la protección social.
Pero en lo más reciente diversas voces del Parlamento han levantado alertas que podrían entrampar la ruta legislativa del primer erario fiscal de la administración Boric, que cuenta con un plazo de 60 días para ser analizado y despachado por el Congreso.
Una de ellas está relacionada con la controversia que se ha generado a propósito de la decisión del Ejecutivo de esperar el avance de las “side letters” -o conversaciones- con los otros diez países parte del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP11, antes de poner en vigor el acuerdo mediante su ratificación-depósito.
Ante esa opción, en que hay incertidumbre sobre los plazos para su promulgación, es que diputados UDI advirtieron al Gobierno que “tiene 30 días para hacer el depósito del TPP11, si no lo hace, entramos en otra etapa y estamos dispuestos a rechazar las partidas que sean necesarias de la Ley de Presupuestos”, aseguró el jefe de bancada de la colectividad, Jorge Alessandri, añadiendo que “la más importante de las normas en tramitación, la Ley de Presupuestos, está en riesgo”.
En la misma línea, el diputado Cristián Labbé (UDI), quien integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, aseguró que “no hacer el depósito del TPP11 para su entrada en vigor es una declaración poco amistosa del Gobierno, que solo se justifica para dejar tranquila a la más izquierdista de la coalición. Para nosotros, es evidente que el subsecretario Ahumada impone su ideología”.
Seguridad pública
Un estudio realizado por la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) señala que el erario en discusión disminuye en 19% el presupuesto total de seguridad pública para 2023, en comparación con el que se encuentra vigente este año. Esto, a pesar de que el Presidente Gabriel Boric aseguró en cadena nacional que los fondos asociados a este ítem aumentarían en 4,4%.
“Observamos con preocupación que gran parte del supuesto aumento presupuestario no va a Carabineros ni a la PDI”, señalaron los legisladores en un comunicado, quienes agregaron que “tampoco se potencian otras instituciones que participan en esta labor. Es así como Gendarmería cae 4,5% en su presupuesto; el Ministerio Público en 3%; el Poder Judicial en 2,9%; Aduanas,9,7%; y la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), un 3,7%”.
Es por esto que el jefe de la bancada de RN, Andrés Longton, pidió al Gobierno “transparentar las cifras”, resaltando que “es en la Ley de Presupuestos donde se deberían plasmar los mayores esfuerzos del Estado para enfrentar la seguridad pública”.
Salud primaria
La Dirección de Presupuestos (Dipres) liberó la semana pasada los montos del proyecto de Ley de Presupuestos para el año en curso, y dentro de las reparticiones del Estado, el Ministerio de Salud contempla $127 billones, es decir, casi un 18% del total del erario fiscal.
Y una de las prioridades para la cartera es la Atención de la Salud Primaria (APS), por lo que la iniciativa destina $3.012.435 millones, 255 mil millones más que el año anterior, equivalente a un alza de 5,1%.
Con todo, uno de los puntos relevantes en este ámbito son los fondos asignados a través de la definición del monto “per cápita basal”, en otras palabras, los montos que otorga el Estado a cada consultorio del país por cada paciente inscrito. De este modo, según el documento de la Dipres, el incremento sería de un 1,04%, equivalente a $100, pasando de $9.618 a $9.718 por cada paciente.
Lo anterior encendió las alertas entre funcionarios de la salud municipal en rechazo al escuálido aumento. De hecho, la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam) calificó como “una burla” el monto propuesto, advirtiendo inminentes movilizaciones que podrían escalar hasta una paralización en todos los establecimientos de atención primaria y centros de urgencia del país.
Caso del director de Metro
En los últimos días, Nicolás Valenzuela Levi, quien asumió en abril como director de Metro, ha sido cuestionado por una serie de publicaciones en redes sociales enmarcadas en el estallido social.
“Evadir, no pagar, otra forma de luchar #EvasionMasiva”, fue lo que escribió en Twitter en octubre de 2019, mensaje que reflotó el lunes y desató una ola de críticas de diversos sectores, lo que llevó a las bancadas de diputados de Chile Vamos y el Partido Republicano a emitir una declaración conjunta en la que condicionan la aprobación de la partida económica de Transportes a la salida de Valenzuela de su cargo.
“Lo anterior resulta de gravedad no solo por el llamado que importa a transgredir normas básicas de nuestra convivencia social, sino en cuanto constituye una apología a conductas que afectan directamente al patrimonio de la empresa en la cual Valenzuela Levi se desenvuelve como directivo”, indicaron en el comunicado los cuatro jefes de bancada Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y José Carlos Meza (Republicanos).
“Se trata de conductas que fueron el antecedente inmediato de actos de vandalismo y destrucción que tuvieron desastrosas consecuencias para miles de chilenos y chilenas. Una de ellas, fue la destrucción a gran escala del Metro de Santiago”, agregan.
Partida de Subsecretaría de DD.HH. queda en $1.000
En el marco de los debates que se lleva a cabo en el Congreso por el erario de la nación para 2023, la subcomisión mixta de Presupuestos rechazó por tres votos a favor y dos en contra la partida de Derechos Humanos de la Subsecretaría homónima.
De esta forma, el presupuesto de esta repartición quedó en $1.000, medida que fue presentada por el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), quien, junto a los senadores Luz Ebensperger (UDI) y Rafael Prohens (RN), optaron por rechazar la propuesta que comprende entre otras cosas, un programa para eventuales víctimas del estallido social.
“¿A quién beneficia?, solamente a personas que posiblemente podrían haber sido agredidas o vulneradas por un agente del Estado, es decir, gente de la ‘primera línea’ que puede haber recibido algún tipo de agresiones. ¿Quién determina eso? no tenemos idea, a quién se le va a dar?, no tenemos idea, mientras que existen vecinos de la Zona Cero, que perdieron sus trabajos, su vida, su tranquilidad a manos de delincuentes”, sostuvo el diputado Romero.
A este respecto, el proyecto también contemplaba montos por $700 millones para la búsqueda de detenidos desaparecidos en el periodo comprendido entre 1973 y 1990, partida que también fue descartada por los parlamentarios de derecha. En este caso, los argumentos apuntaban a que esta labor le correspondía a otras entidades, como el Ministerio Público o las policías.
Críticas de regiones
El anuncio del Gobierno relacionado al aumento del Presupuesto 2023 para la Región del Biobío en apenas $2 mil millones, desde los $94 mil millones entregados este año, cayó como un balde de agua fría para representantes de la zona.
Es más, el diputado por la región, Erick Aedo (DC), atribuyó esta decisión a la mala gestión de otros gobernadores regionales, quienes solicitaron mayores recursos para la contratación de personal que permita mejorar la ejecución presupuestaria, realidad muy distinta en el caso del Gobierno Regional del Biobío, por lo que solicitó que La Moneda revierta e incremente los recursos.
Fuente: Emol.com
