El Juzgado de Garantía de Osorno ordenó la prisión preventiva de dos de los cuatro funcionarios del Hospital Base de la ciudad que, entre 2018 y 2020, cometieron actos reiterados de tortura en contra de un compañero de trabajo que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Según expuso la Fiscalía en la audiencia de formalización de cargos, el grupo de profesionales del área informática del recinto cometió “actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales” en perjuicio del afectado, colega de la misma unidad de trabajo.
Los hechos ocurrieron en dependencias del centro asistencial y ocasionaron a la víctima “un estado permanente de angustia, con grave afectación a su vida personal y profesional“.
Al cabo de seis horas de formalización, el juez de garantía Alex Frake resolvió dejar tras las rejas a los imputados de iniciales R.A.R.M. y E.A.G.A., por considerar que su libertad “constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima”.
Ambos fueron sindicados como autores o responsables de las agresiones más graves, dados sus grados de jerarquía en el grupo.
Juzgado de Garantía de Osorno decreta la prisión preventiva de dos imputados como autores de tortura en Hospital Base de la ciudad https://t.co/19AgpbR5fr pic.twitter.com/9qRusSuDrj
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 6, 2025
Para los otros dos imputados en la causa, J.P.A.N.G. y J.A.B.H., el tribunal ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia.
El magistrado consideró que la participación de J.P.A.N.G. -el último en ser detenido, pues se entregó este viernes por la mañana- fue “menos gravosa” que la de los imputados que decidió dejar tras las rejas.
En el caso del segundo, J.A.B.H., valoró su colaboración con el proceso, por haber entregado los registros audiovisuales de las agresiones que él mismo grabó.
Posible apelación desde Fiscalía
A la salida de la audiencia, la fiscal María Angélica de Miguel apuntó que si bien “habíamos solicitado prisión preventiva para todos, nos vamos conformes con las dos personas que quedaron” bajo esa cautelar.
“Respecto a las otras dos, vamos a analizar si recurrimos“, pues en un primer caso, “la misma víctima sustrae al imputado de esta responsabilidad, y señala que él lo protegía”, explicó la persecutora.
A la vez, relevó que un segundo sujeto “declaró y colaboró con la investigación, y eso es lo que el juez consideró para decretar esas medidas cautelares”.
Con todo, el Juzgado de Garantía determinó un plazo de 100 días para el desarrollo de la investigación.
Fuente: Cooperativa
