La Corte Suprema de Argentina confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del caso Vialidad, que investiga la existencia de irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron por unanimidad rechazar el recurso de queja presentado por la defensa de la exmandataria, confirmando así la condena dictada en diciembre de 2022 por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por otro lado, el máximo tribunal trasandino confirmó la absolución de Cristina Fernández por el delito de asociación ilícita, al rechazar la solicitud de la fiscalía, que de esta forma esperaba aumentar la pena a 12 años de prisión.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley“, argumentaron los jueces en su fallo.
Al ser mayor de 70 años (tiene 72), Fernández podrá optar al beneficio de arresto domiciliario para cumplir la pena, no obstante, no podrá presentarse a ninguna elección, sepultando sus intenciones de participar en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires de septiembre próximo. De haber ganado, habría obtenido fuero.
Por otro lado, al quedar la sentencia firme y ejecutoriada, la Mandataria ya no tiene más instancias para apelar, aunque su defensa ya anunció que recurrirá a tribunales internacionales.
Pesar en el peronismo
Cuando se conoció el fallo, decenas de militantes del peronismo le manifestaron su apoyo a Fernández, que se encontraba reunida con senadores de su fuerza política en la sede del Partido Justicialista (PJ). En tanto, grupos cortaban algunos caminos de acceso a la ciudad y sindicatos afines al peronismo anticiparon huelgas y marchas en contra de la decisión de la Corte.
La exmandataria afirmó la víspera que, si iba presa, el peronismo seguirá de pie. “Yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor. No hay solución para el país con esta política. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones (legislativas de octubre) no haya alternativa organizada para conducir un proceso político que requiere patriotismo y coraje”, insistió en alusión a las consecuencias que podrían acarrear las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.
{ERLACIONADA http://www.emol.com/noticias/Internacional/2025/06/09/1168820/cristina-fernandez-antes-fallo-suprema.html}El abogado Gregorio Dalbón, uno de los representantes legales de Fernández, anunció que “vamos a llevar este caso ante todos los organismos internacionales de derechos humanos: la Comisión y la Corte Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y todos los foros multilaterales donde se defienda el Estado de Derecho”.
“Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es sólo su libertad, sino el pacto democrático”, argumentó el abogado.
El proceso y lo que se viene
La causa judicial, que comenzó en 2016, comprobó irregularidades en 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015, que comprenden la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) -difunto marido de Fernández- y en los que ella fue mandataria.
Según la justicia, durante esos gobiernos tuvo lugar “una extraordinaria maniobra fraudulenta” que perjudicó los intereses de la administración pública y estimó el desfalco en unos 85.000 millones de pesos (algo más de 70 millones de dólares, al cambio actual).
Las obras viales licitadas en esa provincia fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al también condenado empresario de la construcción Lázaro Báez, cercano al matrimonio Kirchner, con sobreprecios de más del 20%.
Fernández ha cuestionado la imparcialidad de los magistrados y denunció que muchas de las pruebas fueron sumadas fuera de los plazos legales y sin que su defensa tuviera acceso a ellas. Ese planteo fue el que presentó ante la Corte Suprema y fue rechazado este martes.
La exmandataria tiene por delante un complicado escenario judicial. El 6 de noviembre comenzará a ser juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a empresarios vinculados con la obra pública.
Otro proceso, aún sin fecha de inicio definida, girará en torno a la firma de un memorando de entendimiento con Irán en 2013. Según la justicia ello habría permitido el encubrimiento de los iraníes imputados por la justicia argentina en la causa por el atentado terrorista de 1994 contra una asociación judía en Buenos Aires.
En un tercer caso será juzgada bajo la acusación de lavado de activos y asociación ilícita por un presunto esquema mediante el que empresarios favorecidos con obra pública habrían pagado alquileres de propiedades pertenecientes a la exmandataria y a sus hijos como retorno de las adjudicaciones.
Fuente: Emol.com
