Santiago González Larraín – Rector Universidad Central de Chile
Con fecha 6 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial el decreto que da vida legal a la nueva Superintendencia de Educación Superior. Es un hecho significativo en la historia de la educación chilena, ya que, por primera vez la ciudadanía contará realmente con un ente fiscalizador que dispondrá de las herramientas técnicas y legales para garantizar, al millón 200 mil estudiantes de educación superior y a sus familias, el principal activo que debe exhibir la educación en un país, la fe pública.
La importancia de esta función radica, primero, en que es importante entregar educación de calidad para el desarrollo del país, como el hecho de que el principal anhelo de toda familia es justamente la educación de sus hijos y para ello todos estamos dispuestos a comprometer importantes recursos económicos, que el Estado debe garantizar que serán bien utilizados. En 2do lugar, existe entre los estudiantes, sus familias, y las instituciones que entregan dicha educación, una total asimetría en la capacidad para evaluar a priori, a pesar que las universidades nos esforzamos en dar cuenta de ello, si la institución que ofrece educación está en condiciones óptimas para hacerlo, en razón de lo cual el estudiante está a merced de la credibilidad que tenga la casa de estudios superior, lo que hasta la fecha no se fiscalizaba con las herramientas legales requeridas. Prueba de lo anterior han sido los proyectos académicos fracasados, que ha traicionado las aspiraciones y esperanzas de sus estudiantes, además de dejarlos en la más absoluta indefensión en relación con sus estudios.
Le deseo el mayor éxito en sus funciones a la nueva Superintendencia de Educación Superior y a los equipos técnicos que la componen. Que su gestión entregue los frutos que todos esperamos. Que en el cumplimiento de la ley la independencia de la instituciones académicas se mantenga incólume, pero que se termine con el lucro en la educación, con los contratos simulados, con los conflictos de interés, si alguna vez los hubo, y con todo lo que represente un peligro para el buen desempeño de nuestra educación y que finalmente, como país, entreguemos a la ciudadanía la tan anhelada garantía de la fe pública en educación.
