El Juzgado de Garantía de Pozo Almonte decretó prisión preventiva y arresto domiciliario para dos personas detenidas por los delitos de secuestro y tráfico de migrantes de 32 ciudadanos venezolanos, entre ellos nueve menores de edad, en la mencionada localidad de la región de Tarapacá.
El caso quedó al descubierto luego de que una mujer denunciara en Santiago el secuestro de su hijo de 17 años, quien ingresó al país por un paso irregular para posteriormente ser trasladado a un domicilio de calle Las Guancas, en Pozo Almonte, en donde lo mantenían retenido.
Allí se encontró a un total de 32 personas y fue detenido un hombre, también de nacionalidad venezolana, por el delito de secuestro.
Además, las víctimas identificaron posteriormente a una mujer de 32 años, también venezolana, como quien los habría ingresado de manera ilegal al país.
Respecto a esta mujer, el tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva por considerar un “peligro de fuga”, ya que la mujer no cuenta con domicilio en el país. Además, se decretó un plazo de investigación de 45 días y el pago de una suma de $100 mil por el concepto de caución.
Si bien la defensa adujo una “detención ilegal”, ya que esta se originó a partir de una orden de detención verbal, el tribunal desestimó esto y declaró el procedimiento ajustado a derecho, ya que la Fiscalía del Tamarugal acreditó todos los cuestionamientos que había realizado la defensa.
Respecto al hombre detenido, este fue formalizado como “autor ejecutor” del delito secuestro y sustracción de menores con carácter de consumado, último delito que según el tribunal “no se habría acreditado plenamente”.
A raíz de esto, el juzgado decretó las medidas de “arresto domiciliario total, arraigo nacional y un plazo de investigación de 60 días”.
Sobre esto, la Fiscalía anunció la presentación de un recurso ante la Corte de Apelaciones de Iquique para insistir en la declaración de prisión preventiva, por considerar al imputado como un peligro para la sociedad.
FUENTE MEGANOTICIAS
