Los derechos sociales comenzarán a tratarse desde este lunes en esa instancia, que tiene poco más de un mes, según cronograma, para votar y despachar su informe al pleno.
Una búsqueda sencilla entre la lista de iniciativas de normas presentadas en la Convención Constitucional deja ver que hay más de 40 propuestas sobre educación, 38 sobre salud y cerca de 20 sobre seguridad social. De todo eso, y más, tendrá que hacerse cargo la Comisión de Derechos Fundamentales, que desde este lunes iniciará la discusión de su tercer bloque temático: el de los derechos sociales.
“Esto es muy importante, sabemos que la comisión y en particular estos temas son el corazón de la Convención Constitucional por la relevancia que tienen para la ciudadanía. Por eso, por ejemplo, adoptamos algunas medidas. Nos vamos a dividir en subcomisiones para conocer las iniciativas de norma constituyentes, pero todas las iniciativas populares de norma van a ser recibidas por el pleno de la comisión. En eso nos vamos a abocar hasta el miércoles de la próxima semana”, explica César Valenzuela (Colectivo Socialista), coordinador, a Emol.
El ejercicio de escucha a los expositores de las iniciativas populares e iniciativas indígenas iniciará desde este lunes, para cuando ya tienen planificadas 40 ponencias entre las 9:45 y las 21:00. Estas van desde la exposición de la norma de educación pública propuesta por el Consorcio de Universidades Estatales; hasta una ingresada por los pueblos originarios, que busca que el Estado reconozca y oficialice la medicina ancestral indígena.
Los tiempos serán complejos: el cronograma de la Convención establece que el 13 de abril concluye el trabajo de las comisiones, pero desde Derechos Fundamentales ya advierten que tendrán que extenderse al menos hasta fin de ese mes.
“Es muy difícil compatibilizar los tiempos con la cantidad de iniciativas, pero estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que eso suceda. Además nos reunimos con la mesa directiva y vamos a plantear que, al menos para esta comisión, exista una extensión del plazo para presentar las normas, al menos de dos semanas, es decir, que podamos entregar nuestro trabajo final el 30 de abril”, suma Valenzuela.
Esto, además, en medio de las conversaciones informales entre los distintos convencionales para iniciar una discusión sobre otra modificación al cronograma, que le pueda quitar tiempo a la Comisión de Armonización -que debe empezar a trabajar a fines de abril- y le entregue más espacio a los plenos y comisiones temáticas.
El extenso debate por delante
Entre las materias que tendrá que abordar la comisión en la última etapa de trabajo están el derecho a la salud, educación, seguridad social, vivienda, al trabajo, al cuidado, a la negociación colectiva, sustento alimenticio, derechos de las personas mayores, mujeres, personas con discapacidad, disidencias sexuales, migrantes, y derecho a vivir en un ambiente sano.
“Según lo que informó la coordinación, tenemos 378 iniciativas que revisar. Eso implica revisar 378 presentaciones, luego de eso habrá preguntas, respuestas, y luego empezaremos la votación. Tenemos una ardua tarea, no solo de escuchar, sino también de revisar las indicaciones que eventualmente se presenten acá, así que vamos a estar muy apretados con los tiempos, pero habrá que trabajar jornadas dobles o triples”, comenta Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo).
Uno de los puntos que se están barajando para lograr cumplir los plazos, es bajar la cantidad de propuestas que deben debatirse y votarse. No solo desde los mismos colectivos, sino también desde las organizaciones sociales que ingresaron las iniciativas populares de norma.
“Esperamos que esto nos tome marzo completo y ahí hay que ver cuántas propuestas se bajan, se reducen. Estamos haciendo ese esfuerzo como Movimientos Sociales Constituyentes de conversar con las organizaciones que lograron las 15 mil firmas, sobre generar algunos acuerdos que nos permitan reducir eso. Por ejemplo, las organizaciones de trabajo ya están vinculándose entre ellas, definiendo qué iniciativas van a impulsar y eso nos va a descomprimir mucho”, complementa Janis Meneses (MSC), también coordinadora de la comisión.
Pero el fondo del debate también tendrá su complejidad: a la dificultad que supone la cantidad de propuestas presentadas, se suma el fondo de estas. En cuanto a seguridad social, por ejemplo, se contraponen varias visiones sobre lo que debería contener la nueva Constitución.
La propuesta más votada entre las iniciativas ciudadanas (con más de 60 mil firmas) es “Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales”, que propone un sistema de seguridad social que “asegure el acceso de todos los chilenos en edad de retiro a una pensión básica universal, cuyo financiamiento provendrá de la recaudación tributaria general”.
No obstante, ese sistema puede incluir “pensiones adicionales financiadas con ahorros individuales provenientes de cotizaciones previsionales obligatorias razonables, las que permanecerán en todo momento en la propiedad de la respectiva persona cotizante, tanto en capital como en rentabilidad”.
En tanto, por ejemplo FA, socialistas en INN presentaron una propuesta más general, que sienta las bases de un sistema de seguridad social “fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad”.
También se suman nuevos derechos: es el caso de la vivienda, por ejemplo, que no está consagrado en la actual Constitución, y deberá discutirse en el marco de la presentación de 12 iniciativas que llegaron a la Convención.
El cómo se compatibilizarán todos los derechos sociales que se sumen a la nueva Carta Magna, y cómo se financiarán, es una de las preocupaciones de los convencionales de Vamos por Chile. En ese sentido, la constituyente Katerine Montealegre (UDI) advierte que “va a haber una colisión de derechos gravísima”.
Por ejemplo, “entre el derecho de propiedad y el de vivienda, donde hoy se consagran iniciativas de norma que establecen abiertamente el derecho a ocupar vivienda y que nadie pueda desalojarte porque existiría un interés colectivo superior a un interés individual como el de la propiedad”.
“Además, el abultado catálogo de derechos que se quiere consagrar, se habla de cuidar la naturaleza, pero uno no sabe si esto lo van a hacer realizando actividades extractivas que puedan generar más recursos y financiar estos derechos”, alega Montealegre.
Fuente: Emol.com
