El Mundial de la Salud Sexual, instaurado en 2010 por la Asociación Mundial para la Salud Sexual, busca relevar la sexualidad como un derecho humano esencial y como un componente fundamental del bienestar integral de las personas. Se trata de enfatizar la relevancia de comprender la salud sexual desde una perspectiva amplia que trascienda la prevención de enfermedades y el control de la fertilidad, reconociéndola como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad, en el cual se incorporan el consentimiento, la equidad, el placer, la diversidad y la ausencia de violencia.
A nivel nacional se han alcanzado importantes avances, tales como la disminución del embarazo adolescente, la implementación de programas de distribución gratuita de anticonceptivos, el acceso universal al tratamiento antirretroviral para personas que viven con VIH y la promulgación de normativas que reconocen los derechos de las diversidades sexuales y de género, entre ellas el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.
Estos hitos constituyen pasos relevantes hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la autonomía personal; sin embargo, persisten desafíos que no pueden ser ignorados. La Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (ENSSEX, 2022-2023) del Ministerio de Salud evidencia que menos de un tercio de las personas conversó con su pareja sobre prevención de embarazos o infecciones antes de la primera relación sexual, que más del 52% de la población ha experimentado acoso callejero y que un 11,6 % ha sido víctima de abuso sexual, con una edad mediana de 12 años en quienes lo vivieron en la infancia.
Estos datos reflejan la persistencia de la violencia sexual y de género, así como las limitaciones en la educación sexual, evaluada como deficiente por un porcentaje significativo de la población. Asimismo, la Ley N.º 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, representó un avance en términos de reconocimiento de derechos, pero mantiene restricciones que limitan la autonomía reproductiva plena de mujeres y adolescentes.
Por otra parte, aún existen dificultades para el testeo de VIH, es por esto que se manifiesta la necesidad de fortalecer campañas de prevención, asegurar la disponibilidad de profilaxis preexposición y promover el acceso equitativo a estrategias de prevención combinada.
La campaña 2025 del Día Mundial, bajo el lema “Justicia Sexual: ¿Qué podemos hacer?”, interpela a Chile y a sus instituciones a avanzar en la consolidación de políticas públicas que incorporen transversalmente la equidad, la autonomía y la dignidad como principios rectores del ejercicio de la sexualidad.
Para ello resulta indispensable fortalecer la educación sexual integral, concebida como un proceso científico, inclusivo, laico y con enfoque de género, capaz de empoderar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para desarrollar relaciones respetuosas y libres de discriminación. Asimismo, es fundamental consolidar la investigación en el ámbito de la salud sexual y generar evidencia que oriente decisiones informadas, al mismo tiempo que se fomenta una cultura universitaria abierta al diálogo crítico y libre de prejuicios. La conmemoración de esta fecha es una oportunidad para renovar el compromiso con la justicia social y con la construcción de una sociedad donde la sexualidad sea vivida en condiciones de libertad, igualdad y respeto.
Por Marcela Opazo Galaz, Académica Obstetricia, Universidad Andrés Bello.
