“Censista denuncia tocaciones en zonas íntimas mientras realizaba sus funciones en San Joaquín”. Este es el titular más reciente que se ha informado, esta semana, en cuanto a personas que están realizando el Censo y que han sido víctimas de ataques.
Todos aquellos que están realizando la encuesta a nivel nacional están amparados en un Protocolo de Acompañamiento, Contención y Orientación. ¿Qué dice? “Establece directrices para abordar situaciones que vulneren la integridad física y/o psíquica de las personas que presten servicios en el marco de la ejecución del Censo de Población y Vivienda (en adelante CPV), durante el trabajo en terreno, y que estas sean atribuibles a personas externas a la institución”.
Además, en él se detalla que protege a aquellos que puedan sufrir “amenazas, acosos sexual callejero, abuso sexual, violación, injurias, calumnias, lesiones, lesiones graves, menos graves, o discriminación”.
Asimismo, todos los trabajadores del Censo están amparados en el Programa de Apoyo de Víctimas (PAV), dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior.
Y hasta esta semana, el equipo de Censo ha derivado 32 casos para “despeje e intervención del PAV”. En estos están los considerados “delitos graves”, tales como lesiones graves y gravísimas, delitos sexuales, secuestros, homicidio frustrado, entre otros”.
Así como también otros casos de “alta complejidad y/o gravedad”, donde se encuentran los que requieran un proceso reparatorio, ya sea robo con violencia grave, por ejemplo.
Algunos casos
“Era tarde, éramos un grupo solo de censistas mujeres y estábamos terminando unas casas en Ñuñoa. Y de la nada aparecen cuatro sujetos, encapuchados, y con armas. Nos quitaron todo y a una le pegaron. No nos quedó más que denunciar”, señala una mujer, quien prefiere guardar su anonimato.
Uno de los casos más simbólicos, y que llevó a tomar medidas urgentes, fue el ocurrido el 25 de marzo en Lautaro, Región de La Araucanía.
Hasta un domicilio llegó una joven censista, quien fue recibida por un adulto mayor, en estado de ebriedad. El hombre le habría insistido en reiteradas ocasiones para que entre al inmueble. Ante el rechazo de la censista, el sujeto se abalanzó sobre ella con el fin de tocarla sin su consentimiento, procediéndola a intimidarla con un rifle de aire comprimido para que no gritara.
Finalmente la joven pudo arrancar, el fue detenido pero quedó solo con la medida cautelar de arraigo nacional. Tras esto el INE y Censo decidieron reforzar las cuadrillas con varones y no enviar a grupos de mujeres solas.
Unos días antes, el 20 de marzo, también una censista fue atacada. Esta vez en el sector de Villa Galilea, en Rancagua, región de O’Higgins. Cerca de las 16:30 horas, la mujer escuchó un fuerte estruendo y sintió un fuerte dolor en una de sus piernas. Al revisar de qué se trataba, encontraron un balín de plástico de tres milímetros de diámetro. Su compañera de ruta llamó a Carabineros. Según los primeros antecedentes, el balín habría sido disparado desde un vehículo que pasó por el lugar.
El 10 de mayo en San Pedro de La Paz, Región del Biobío, un joven de 27 años fue apuñalado en una pierna por desconocidos, quienes le robaron todas sus pertenencias.
El mismo día, pero en Osorno, en la localidad de Rahue Alto, una mujer fue asaltada con un cuchillo. La afectada tiene 30 años y se aprestaba a iniciar su jornada. Estaba en un paradero cuando un sujeto la amenazó con el arma blanca para sustraerle el celular, implemento clave en el trabajo de los censistas.
Y en esa región, la de Los Lagos, se han reportado casi 10 ataques: encerronas, intento de atropello, balazos y robo de celulares han sufrido quienes se desempeñan en estas funciones solo en Puerto Montt.
“Nos pagan $750.000 bruto mensual. Pero a veces eso no vale ante los problemas de seguridad que hemos vivido. Prefiero proteger mi vida”, sentencia una afectada, quien decidió renunciar a la labor.
Fuente: Emol
