De los 499 artículos que contiene el borrador de la Constitución, 47 de ellos aluden a los Pueblos Originarios. Entre ellos, el Estado plurinacional, la autonomía, escaños reservados, reconocimiento de sus símbolos, emblemas y lengua, entre otros. Pero hay un punto que para los convencionales y especialmente para los representantes de los pueblos indígenas es neurálgico: la restitución de tierras.
El artículo 21 del texto, del “derecho a las tierras, territorios y recursos”, establece que el Estado “reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”. El Estado, además, deberá establecer “instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”.
Lo anterior, porque en el borrador se entiende la restitución como “un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general“.
Esa jornada, también se aprobó la norma que establece el precio justo para las expropiaciones: “el propietario siempre tendrá derecho a que se le indeminice por el justo precio del bien expropiado”, norma que despertó críticas entre los convencionales de Vamos por Chile y también entre gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura y la Multigremial Nacional, los que acusan “desprotección a la propiedad privada” e “incertidumbre jurídica”.
Gobierno prioriza restitución en Agenda Indígena
Por su parte, El Gobierno entiende estas normas como caminos que van, precisamente, en la dirección de solucionar un conflicto centenario y que coinciden plenamente con la Agenda de reconocimiento de los pueblos indígenas.
“Yo creo que el que el Estado genere mecanismos justos de restitución de tierras, pagando por cierto el valor que corresponde a los actuales dueños, es una buena noticia para el país, porque nos permite avanzar en un tema que nos tiene profundamente quebrados como sociedad”, dijo a inicios de mayo el Presidente Gabriel Boric, cuando aún se descartaba la alternativa de instaurar el estado de excepción en la macrozona sur.
Y aunque el posterior despliegue de las Fuerzas Armadas provocó duras críticas por parte de los representantes de los Pueblos Originarios, acusando incluso al Gobierno de “traición”, el anuncio del lunes también incluyó como primer eje la restitución de tierras.
Así, el Gobierno mandató a las nuevas autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a reactivar la compra de predios y duplicó el presupuesto asignado para ello, junto con implementar nuevos mecanismos para agilizar dicha restitución. Sin embargo, ya se desechó continuar con el catastro impulsado por el gobierno anterior, pues según argumentó la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, “la Conadi ya cuenta con esa información”.
Una semana más tarde, el nuevo director del organismo, Luis Penchuelo, afirmó al Austral de Temuco que “la legislación actual dice cuáles son las comunidades que tienen una demanda de tierra o que tuvieron una usurpación. El título de merced lo dice y, en este caso, algunas son de las forestales y otras de predios agrícolas, incluso, hay otro grupo de comunidades que perdió tierra producto del crecimiento urbano de las ciudades”.
Millabur: Deberá existir un “órgano transitorio para catastro”
Mientras el Gobierno avanza bajo la normativa vigente para la restitución, desde la Convención responden por la fórmula o mecanismo que se podría definir para avanzar en el proceso, pues de aprobarse la Constitución, “la norma de restitución entraría en vigencia en el acto“, comenta a Emol el convencional Adolfo Millabur (PP.OO.).
“El Estado tiene que ir en busca de los instrumentos que hoy están vigentes para poder resolver la restitución. Donde haya vacío legal, tendrá que haber una legislación”, recalcó. Si bien reconoce que su deseo sería que las tierras específicas a restituir sean “de mutuo propio solo de las comunidades”, en este caso “tendrá que existir un órgano transitorio que catastre, que identifique, que haga un mapa del espacio que el Estado debe definir bajo el gobierno de turno”.
En el caso de los Aymara, Rapa Nui, pueblo Kawésqar y Yaganes el problema se hace un tanto menos complejo porque las tierras son principalmente fiscales, sin embargo, “el caso más complejo es el de los mapuche”, recalca.
Es ahí donde el catastro se hace más intrincado, puesto que hay dos elementos que se conjugan: por un lado, catastrar los territorios demandados históricamente, con aquellos que “son posibles, de acuerdo a la información que existe y bajo el principio de realidad, de restituir”, afirmó.
Así, la tarea en la Convención en este tema continúa con las normas transitorias, una de ellas ya se presentó y según aclara Millabur, aún se debe perfeccionar. Esto, porque se debe revisar la diversidad de fuentes de información que incluyen “la tradición oral de los pueblos indígenas, archivos que existen producto de los relatos de la época que abordan la ocupación, estudios de títulos y cómo las forestales se hicieron dueñas de las tierras”, zanjó.
Cuatro principales regiones
Fernando Pairican, doctor en Historia y académico de la Universidad Católica, también cree que se debe generar un catastro de las tierras a restituir, lo que, a su juicio, debería resolverse en las normas transitorias que “incluyan una especie de jurisdicción para aquello”.
Sin embargo, aclara que “estas tierras no hablan de Santiago, Copiapó, no se habla de las tierras indígenas preexistentes a la monarquía española, sino que de aquellas que eran del pueblo mapuche preexistente a las formación del Estado chileno y que el Estado las aprobó en los acuerdos que pasaron a llevar en el siglo XIX”.
Por su parte, Domingo Namuncura, ex director de la Conadi, afirma que cuando la nueva Constitución reconoce este derecho de restitución, será luego el Congreso el que deba establecer reformas a la ley indígenas para “incorporar este nuevo principio que nunca estuvo incorporado en las constituciones de Chile”, y una de las fórmulas “ideales”, sería un tribunal independiente que defina estos territorios.
Proceso, que, a su juicio, “involucrará un esforzado consenso entre el Estado, las comunidades indígenas, las familias agrícolas asociadas al latifundio y las grandes corporaciones forestales de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y una parte importante del Biobío, especialmente con tierras circundantes con las comunidades históricas y que fueron despojadas”.
Hasta el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, la Conadi logró comprar 265 mil hectáreas de las 650 mil que forman parte de la propiedad indígena. Sin embargo, las demandas por tierras ancestrales ha ido creciendo, y en la actualidad, tal como lo ha dicho la ministra Vega, hay una cartera de 926 predios, “que corresponden a un total de hectáreas similar a todo lo que se ha entregado hasta ahora”.
Esto último, a juicio de Namancura, implicaría un proceso de restitución que tome al menos 15 a 20 años, considerando un presupuesto que podría comprar tierras a un ritmo de 25 a 30 predios por año.
Fuente: Emol.com
