La propuesta de “democracia paritaria” impulsado por el Colectivo Feminista también incluye la idea de establecer en el texto la igualdad en el acceso a cargos públicos de minorías sexuales.
Con 16 patrocinios y 19 firmas adherentes, el Colectivo Feminista de la Convención Constitucional presentó este viernes una iniciativa que pretende instalar la “democracia paritaria” en la nueva Constitución, lo cual implicaría entre otras medidas aplicar la paridad de género en todos los órganos del Estado y promoverla en la sociedad civil.
En el texto, sus autoras recordaron que actualmente “la democracia permanece como una promesa incumplida para una gran mayoría marginada, todo lo cual es producto de la reproducción institucional de patrones de dominación y opresión histórica a la que han estado sometidas mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas”.
Asimismo, indicaron que el movimiento feminista “históricamente ha denunciado la subrepresentación de las mujeres, diversidades y disidencias sexogenéricas en la esfera pública y privada”, apuntando al actual diseño político institucional y recalcando “la necesidad de ampliar los espacios de deliberación política”.
“En este sentido, la representación equitativa de mujeres en los espacios de poder, continúa siendo, en la actualidad, una demanda feminista que acentúa el carácter democratizador a través de la paridad como alternativa para remediar los obstáculos que dificultan el acceso al ejercicio del poder político”, añadieron.
En el documento, también subrayaron que “la participación directa y activa de hombres, mujeres, y disidencias en la vida política es un instrumento fundamental para consolidar el sistema democrático“, por lo cual proponen que el Estado debe “generar condiciones de igualdad sustantiva para el ejercicio de la democracia”.
Para ello, ingresaron un artículo en la Comisión sobre Principios Constitucionales que señala que “el Estado se compromete a resguardar y garantizar el derecho a la igualdad sustantiva de género, obligándose a asegurar la igualdad de trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidades y disidencias sexogenéricas ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil”.
La norma agrega que el Estado debe garantizar “la eliminación de todos los obstáculos que dificulten el ejercicio de este derecho y promoviendo acciones positivas para su pleno desarrollo, teniendo como base las obligaciones asumidas conforme al derecho internacional de los derechos humanos”.
Democracia participativa
En la misma línea, presentaron cuatro artículos en la Comisión de Sistema Político. Uno de ellos indica que “el Estado de Chile se funda en una democracia paritaria, reconociendo y promoviendo una sociedad en la cual mujeres, hombres, y diversidades y disidencias sexogénericas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”.
“Todas las instituciones del Estado deberán tener una integración paritaria, asegurando que al menos un cincuenta por ciento de su composición sean mujeres, y garantizarán la representación efectiva de identidades trans y no binarias. Asimismo, el Estado promoverá e implementará medidas necesarias para la participación paritaria en todo ámbito de la sociedad civil, incluyendo las organizaciones sociales, profesionales, económicas y políticas, tanto en la esfera pública como privada”, indica la norma.
El segundo artículo establece que “los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios al logro de la igualdad sustantiva y la paridad. Con ese objetivo el poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como los órganos de la administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones”.
“La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas”, recalcaron.
Un tercer apartado propone que “las organizaciones políticas reconocidas legalmente deben implementar la paridad en sus espacios de dirección, asegurando la igualdad sustantiva en sus dimensiones organizativa y electoral, y promoviendo la plena participación política de las mujeres y las identidades trans y no binarias”.
“Dichas organizaciones deberán destinar un financiamiento electoral adecuado a las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias, el que en ningún caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento del presupuesto destinado a la elección”, agregaron, junto con exigir “una equitativa promoción electoral de las candidaturas de mujeres e identidades trans y no binarias”.
Finalmente, para las elecciones populares, el colectivo sostiene la necesidad de hacer cambios al sistema electoral: “Conforme a los principios de igualdad sustantiva, paridad, alternabilidad de género, y los demás contemplados en esta Constitución”, el cual “deberá garantizar que los órganos colegiados tengan una composición paritaria y promoverá la integración paritaria de los cargos unipersonales. Asimismo, asegurará que las listas electorales sean encabezadas siempre por una mujer”.
Fuente: Emol.com
