La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia, confirmada por la Corte Suprema, se basa en su responsabilidad en un esquema de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, dentro de la causa conocida como “Vialidad”.
Según la acusación, durante su mandato presidencial, en 2022, se habría encabezado una asociación destinada a defraudar al Estado mediante el direccionamiento de contratos millonarios de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
Estos contratos habrían sido adjudicados a empresas de un cercano suyo, el economista Lázaro Báez. Los hechos investigados abarcan los períodos de gobierno de Cristina Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
La investigación se originó tras revelaciones periodísticas conocidas como “la ruta del dinero K”, publicadas por el periodista Jorge Lanata. Posteriormente, en 2022, la fiscalía solicitó una pena de 12 años de prisión. Sin embargo, la condena dictada inicialmente fue de seis años de prisión más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, pena que ahora quedó ratificada tras la decisión del máximo tribunal del país.
Durante su mandato como vicepresidenta, Cristina Fernández no fue detenida debido a los fueros que le otorgaba el cargo. Concluida su gestión y agotadas las instancias judiciales nacionales, ahora deberá enfrentar la ejecución de la condena.
La expresidenta tiene un plazo de cinco días hábiles para presentarse voluntariamente ante los tribunales de Comodoro Py.
Allí se definirá si cumplirá la condena en una prisión federal o en arresto domiciliario. Por su edad —72 años—, la defensa solicitó el beneficio del arresto domiciliario, contemplado en el Código Penal argentino para mayores de 70 años.
Cristina Fernández ha sostenido públicamente que la causa carece de fundamento y que responde a una persecución política. Uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, anunció que ya presentó un reclamo ante la Corte Penal Internacional de La Haya y evalúan acudir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
FUENTE MEGANOTICIAS
