Ricardo Fuentes Lama, Director de Ingeniería Comercial, Universidad Andrés Bello
El Índice de Percepción Empresarial Regional (IPER) N°28, correspondiente al primer semestre de 2025, refleja una caída en las expectativas económicas de la Región del Biobío, que debe ser tomada en cuenta. Con una reducción de tres puntos en comparación con diciembre de 2024, el panorama en el Gran Concepción y sus alrededores parece reflejar una mayor cautela empresarial ante un contexto incierto. Sin embargo, este pesimismo tiene matices. Aunque la situación es complicada, los empresarios de la región se mantienen confiados en que, si se logran superar ciertos obstáculos, Biobío podría superar las expectativas nacionales, de un modesto 2%, y lograr un crecimiento cercano al 4% en el mediano plazo.
La pregunta clave aquí es: ¿qué necesita la región para materializar este optimismo? Las barreras estructurales que limitan su desarrollo son conocidas y profundas. La falta de infraestructura, la inseguridad en la macrozona sur y la incertidumbre jurídica son, sin lugar a duda, los principales obstáculos que frenan el potencial de Biobío. Las empresas no solo están dejando de apostar por crecer, sino que comienzan a expresar mayores niveles de cautela e incertidumbre. Las decisiones de inversión siguen apuntando mayoritariamente al mantenimiento operacional, y el empleo se proyecta sin grandes movimientos, limitando la recuperación social.
La digitalización y la adopción de inteligencia artificial (IA) se perfilan como los principales motores de crecimiento en el sector empresarial regional. La automatización de procesos, impulsada por la IA, promete no solo mejorar la competitividad, sino también ofrecer a las empresas una ventaja relevante en tiempos de incertidumbre. Con un 34% de las empresas que ya incorporan la IA en su estrategia y más de la mitad que planea hacerlo en los próximos años, Biobío está dando pasos firmes en su transformación digital. No obstante, el proceso es aún incipiente y depende de un marco institucional que facilite la integración de estas tecnologías en el tejido productivo regional.
Por otro lado, a pesar de que muchas organizaciones declaran contar con políticas o estrategias de sostenibilidad, la ausencia de reportabilidad bajo estándares reconocidos revela una brecha preocupante entre el discurso y la práctica. El hecho de que menos del 31% de las instituciones reporte bajo marcos como GRI (Global Reporting Initiative) o criterios ESG (Environmental, Social and Governance) sugiere que, en muchos casos, las estrategias sostenibles siguen siendo declaraciones voluntaristas, más que compromisos verificables. En un contexto donde la confianza pública en las empresas es frágil y las exigencias de transparencia van en aumento, avanzar hacia reportes formales no debiese ser una opción, sino un estándar mínimo. Implementar marcos como GRI o incorporar criterios ESG no solo mejora la rendición de cuentas, sino que también conecta a las instituciones con una ciudadanía cada vez más atenta a la coherencia entre lo que se dice y lo que realmente se hace.
El IPER 28, elaborado por UNAB, EY y la CPC Biobío, nos muestra que la economía regional está lejos de consolidar una senda de recuperación. Más que nunca, necesitamos liderazgo, certeza jurídica y coordinación público-privada para encender los motores del crecimiento y devolverle dinamismo al Biobío.
