Para hoy a las 3 de la tarde está citado el grupo de parlamentarios, que tiene por objeto resolver las diferencias que surgieron entre el Senado y la Cámara en torno a la iniciativa.
La comisión mixta que revisa el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones está citada para sesionar a partir de las tres de la tarde de este miércoles, con la idea de avanzar en un diálogo que permita resolver las discrepancias que surgieron entre la Cámara y el Senado. Pero el panorama no se ve fácil para el proyecto.
Esto porque las expectativas apuntan a hallar soluciones para los nueve puntos que generan controversia, y que fueron precisados el miércoles pasado, como el llamado “cerrojo”, que busca restringir la posibilidad de efectuar futuros rescates, o el segundo anticipo para los pensionados por renta vitalicia.
Sin embargo, esta última materia es una de las que promete un engorroso debate en la cita que la mixta tiene programada para mañana, según el senador Pedro Araya (Ind.-PPD), quien preside la instancia. “Sin duda, el tema más complejo de resolver sigue siendo rentas vitalicias, porque las posturas van desde suprimirlo totalmente, hasta aprobarlo con modificaciones. Como la propuesta que se hizo es una propuesta muy similar a la que votó la Cámara de Diputados y rechazó el Senado, entonces sigue siendo una piedra de tope que todavía no se ha resuelto”, aseguró a Emol.
Derecho a la seguridad social
Son 18 las indicaciones se pondrán sobre la mesa, según adelantó el senador Araya esta semana. De acuerdo al documento otorgado a este medio, unas de las propuestas las introdujo el senador José Durana(UDI), las que buscan agregar nuevos incisos al único artículo contenido en el proyecto que asegura el derecho a seguridad social para todas las personas.
El objetivo apunta a que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) emitan un certificado que especifique el monto de ahorro previsional que cada afiliado tiene al 31 de octubre del año 2021. Dicho certificado, deberá estar disponible para los ahorrantes en un plazo máximo de tres días hábiles, a contar de la solicitud de emisión por cada persona.
A partir de su emisión, los recursos consignados en el certificado de ahorro previsional, así como la variación que experimente su saldo, “como producto de las rentabilidades de los fondos de pensiones en que se encuentran invertidos, no podrán ser destinados a otro objeto que los establecidos en dicho artículo”.
De este modo, establece que aquellos afiliados que, al 31 de octubre del presente año, cuenten con recursos previsionales que excedan los $2 millones, podrán retirar hasta $2 millones, pero mantendrán su cuenta de capitalización individual en las condiciones pactadas hasta la fecha mencionada.
Así, en aquellos casos en que el sistema de capitalización individual sea modificado de forma que el afiliado o cotizante no pueda escoger su administradora de fondos, o sea suprimido por una futura nueva normativa constitucional o legal, “los ahorros previsionales, deberán ser destinados a un sistema de administración de fondos de pensiones que el propio afiliado, propietario de dichos recursos, elija sea estatal o privado”.
Igualmente, se propone la posibilidad de endosarlo a una entidad bancaria, regulada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que estos ahorros sean administrados por fondos de inversión, que tengan por único objeto este tipo de gestión. Pero en ningún caso, una AFP, entidad bancaria o fondo de inversión, “podrá destinar una proporción superior al 30% de los recursos de capitalización individual de cada afiliado, a fondos de renta fija, salvo que el propio afiliado lo autorice expresamente”.
Alternativamente, la indicación del senador Durana plantea que los afiliados al sistema de capitalización individual pueden destinar los montos designados en los certificados de ahorro previsional a la compra de un inmueble, siempre y cuando: se consigne la escritura de compraventa, y la prohibición de vender o ceder su uso en tanto el cotizante viva, salvo en caso de enfermedad terminal.
Asimismo, las modificaciones buscan fijar que aquellas personas que cuenten con fondos APV ahorrados los puedan mantener en una AFP, respetando los contratos vigentes al 31 de octubre de 2021 y bajo las mismas condiciones tributarias.
Finalmente, también propone alternativas de retiro para aquellas personas que sean diagnosticadas con enfermedades terminales, considerando la fecha mencionada, o que cuenten con una certificación de discapacidad, y, por último, la libertad de poder transferir fondos a diversas entidades “sin necesidad de liquidar ni enajenar los instrumentos financieros que componen su inversión en bolsa”.
Desanclar los retiros del estado de excepción constitucional
El senador Araya fue quien se adjudicó esta indicación, luego de que en la sesión pasada expusiera que se trataba de una cuestión formal, cuyo fin es que los retiros, en general, se desanclen del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, a diferencia de lo aprobado por la Cámara.
De acuerdo a lo que comentó a este medio, este aspecto “no tiene mucho sentido, porque la base del proyecto del cuarto retiro lo anclan al estado de excepción constitucional, y el estado de excepción constitucional ya terminó. Entonces lo que estamos planteando, más bien, es que sea relativo por los efectos económicos que han derivado de la crisis sanitaria, producto de la pandemia del covid-19″.
Con todo, pareciera ser que no existe un consenso en torno a este ajuste al texto. De hecho, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), quien integra la comisión mixta por el cuarto 10%, señaló que “sobre la formalidad que anunciaron algunos, que es netamente formal, a mí me parece que es una cuestión de fondo, porque el proyecto pierde toda justificación si se le quita el estado de excepción”.
Ley Ricarte Soto
Araya también introdujo una enmienda para eliminar un inciso aprobado por los diputados que autorizaría a los afiliados del sistema privado, y que cuenten con diagnósticos o tratamientos de alto costo, según lo dispuesto por el sistema de protección financiera que rinde homenaje a Ricarte Soto, efectuar un retiro por el total de los montos acumulados en las cuentas de capitalización individual, estableciendo como monto máximo el equivalente a 1.350 UF.
Esto, porque según el legislador, “eso debiera estar en otra ley, ya que es una norma de carácter permanente, por eso va la eliminación de la propuesta con la obligación de dictar la ley para regular el tema”.
A propósito de quienes “enfrenten una situación extraordinaria, grave y contingente, como una enfermedad catastrófica o de alto costo”, el presidente de la comisión mixta agregó un inciso con el tenor de que estas personas puedan “excepcionalmente efectuar un retiro por hasta el 10% del total de los montos acumulados en sus cuentas de capitalización individual con el objeto de enfrentar esta contingencia”.
Pensiones de alimentos
En este aspecto, presentaron modificaciones tanto la diputada Karol Cariola (PC), como del senador Araya, con el objeto de “perfeccionar las normas que dicen relación con la subrogación en el retiro para pensiones de alimentos”, precisó el titular de la mixta.
Es más, la diputada Cariola subrayó este martes que “para nosotros, no tiene ningún sentido, y en eso hasta ahora por lo menos no ha habido mayores pronunciamientos contrarios, a que se mantenga la posibilidad de hacer cobro de la deuda de pensiones alimenticias hasta por el total de la deuda. Creemos que esos elementos son fundamentales”.
Pago en cuotas
El pago del rescate era precisamente uno de los puntos de controversia que fueron detallados en la sesión pasada de la comisión mixta. Por ello, Araya propuso reglas para la liquidación de los fondos, a fin de que las personas que retiren una suma igual o inferior a 35 UF, reciban el dinero en una sola cuota, en un plazo de treinta días desde la presentación de la solicitud.
No obstante, en el caso de que las personas retiren una suma superior a 36 UF e igual o inferior a 150 UF, el pago será devengado en dos cuotas: la primera en un plazo de treinta días desde la petición formal, y la segunda en sesenta días corridos. “El monto de la primera cuota será equivalente al 50% del retiro. Con todo, esta primera cuota no podrá ser inferior a 35 UF. La segunda cuota corresponderá al 50% restante o al saldo que reste por pagar”, exhibe el comparado.
Junto a lo anterior, defiende que las postulaciones se puedan presentar al día siguiente de la publicación de la ley en el Diario Oficial.
Rentas vitalicias
En esta sección, las posturas son radicalmente diferentes. Por un lado, el senador Rodrigo Galilea (RN) propone eliminar por completo el inciso que permitiría a los jubilados por renta vitalicia obtener un anticipo de hasta el 10% de sus fondos administrados por las aseguradoras, estableciéndose como monto máximo de pago por el adelanto las 150 UF.
“Creo que todo el tema de rentas vitalicias es ya de una ilegalidad grotesca, y por lo tanto, presenté una indicación específicamente referida a eso, independiente de mi oposición global al proyecto, porque el retiro de rentas vitalicias puede tener muchas implicancias negativas que van mucho más allá del proyecto. Y por lo tanto, mi indicación es supresiva, en el sentido de eliminar todo lo que tenga relación con rentas vitalicias”, remarcó Galilea, en conversación con Emol.
En cambio, la diputada Cariola busca que el rescate para las rentas vitalicias sea equivalente al 10% “de la reserva técnica que mantenga el pensionado en la respectiva compañía de seguros para cubrir el pago de sus pensiones”, con un tope máximo de 150 UF. Sumado a esto, plantea eliminar la posibilidad de que este tipo de pensionados pueda optar al Pilar Solidario en las mismas condiciones que los por retiro programado.
Ante esto, la diputada comunista se refirió a aquellos puntos que, desde su perspectiva, son esenciales que estén contenidos dentro del cuarto giro desde las AFP, y llamó a que “se mantengan las rentas vitalicias con modificaciones en relación a cómo se lleva adelante este retiro, a partir desde dónde se hace el cálculo, eliminando algunos elementos que se incorporaron que probablemente pudieran parecer exagerados para los senadores, creemos que es importante”.
En línea con lo anterior, el diputado Marcelo Díaz (Unir) también recalcó que “es esencial que en el cuarto retiro estén presentes las rentas vitalicias. Yo he dicho que estamos abiertos a buscar alternativas con el propósito de que sean parte de los beneficiarios del proyecto, y en ningún caso estamos dispuestos a excluirlos del mismo. Y, por tanto, diría yo que esa es una línea roja que hemos planteado”.
Desde la otra vereda, Urrutia destacó que “en el tema de las rentas vitalicias no hay ninguna indicación posible, ni propuestas, que no genere un daño patrimonial tanto a los pensionados como a las aseguradoras, salvo que el Banco Estado se meta la mano al bolsillo y le haga un préstamo o un bono a las personas que están jubiladas por el sistema de rentas vitalicias. Pero dentro de lo que se está proponiendo hoy día, no hay”.
Finalmente, en relación otros de los nueve puntos que en su momento fueron señalados como controversiales por la comisión mixta – como el imponer una “regla de clausura” a los retiros, o que el cuarto 10% grave a las rentas más altas – no se han presentado indicaciones hasta el momento.
Fuente: Emol.com
