La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables de serias irregularidades en dos cementerios municipales en la región de Coquimbo.
Una investigación interna de la actual administración, reveló la desaparición de nueve cadáveres, exhumaciones sin protocolo, cuerpos sin identificar, además de otros 31 cuerpos que no han sido reconocidos.
Todo comenzó luego de una particular conversación entre un trabajador del cementerio de Las Compañías con un familiar de una de las personas cuyos restos fueron reducidos para ser trasladados a un osario (lugar en que se depositan los huesos extraídos de las sepulturas).
-¿De qué bolsa me está hablando? Disculpe, dama.
-Es una bolsa que trajimos para el asunto. Nos dijeron acá. Pero, caballero, el problema no es la bolsa, son los restos.
-¿Qué pasa con los restos?
–Es que no son los restos de mi familiar.
Esta conversación figura en la investigación interna que la corporación municipal hizo en febrero de 2020 y que contempla las fallas en el traslado de dos cuerpos de las familias Díaz y Ortiz, quienes denunciaron que los restos de sus fallecidos familiares, habían sido intercambiados.
La situación llamó la atención de la actual administración municipal, que asumió este año. Para empeorar el caso, el pasado 28 de marzo, desde el cementerio quisieron confirmar que los restos de los nueve cuerpos desaparecidos estaban ubicados donde las actas de exhumación indicaban.
Sin embargo, y para sorpresa de todos, no se encontraban, peor aún, hallaron restos de otras 31 personas, que tampoco han sido identificadas. Es más, nuevos antecedentes indican que no solo serían nueve los cuerpos extraviados, sino que serían 15.
“En paralelo a la presentación de esta querella, se han reforzado las medidas de prevención de delitos en toda la institución. Además, ordené la elaboración de un informe consolidado de todas las exhumaciones y reducciones realizadas en los últimos cinco años”, manifestó la alcaldesa de La Serena.
Pese a que la indagatoria comenzó en 2020, la administración anterior decidió no continuar con el caso y, si bien, “se formularon cargos contra varios funcionarios, el procedimiento fue paralizado indebidamente y nunca se notificaron ni ejecutaron las sanciones, ya que el expediente quedó abandonado en la oficina del entonces Secretario General, Ernesto Velasco, sin emitir resolución final”, concluyó la alcaldesa.
FUENTE MEGANOTICIAS
