El subsecretario del Interior aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric está enfocado en dos proyectos de ley para controlar la situación.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió este domingo a la crisis migratoria que se vive en el país, además, considerando los últimos hechos de violencia que se han reportado -como las agresiones a Carabineros- donde se ha notificado la presencia de ciudadanos extranjeros.
En conversación con CHV Noticias, Monsalve entregó algunas cifras: “El año 2018 ingresaron cerca de 6 mil migrantes por pasos no habilitados, el 2019 fueron 8 mil, el 2020 fueron 16 mil y el 2021 fueron 56 mil”.
Luego, aclaró por qué entregó esos datos: “Mucho se dice de ‘otra cosa es con guitarra’, pero digo estos números, porque hay otras personas que tuvieron la guitarra en sus manos y tampoco fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes“.
“No basta con decir ‘otra cosa es con guitarra’, también hay que hacerse cargo cuando uno tuvo la guitarra y cuando muchos que critican tuvieron la guitarra, es cuando se produjo el ingreso más masivo de migrantes por pasos no habilitados y nosotros no estábamos en el Gobierno”, puntualizó.
Hoy, según precisó, también hay ingresos por pasos no habilitados y desde el Gobierno están enfocados en dos proyectos de ley, para controlarlo. “El Presidente Gabriel Boric envió esta semana al Congreso los dos, el martes 11 ingresaron ambos, uno es para facilitar los procesos de expulsión administrativa“, dijo.
En relación a lo último, detalló que “hoy día la resolución de las expulsiones administrativas la firma el director del Servicio Nacional de Migrantes, y hay más de 1.200 resoluciones firmadas por el director que no se pueden ejecutar, porque la ley establece un requisito, que hay que notificar al migrante”.
Normalmente, continuó, “no conocemos su nombre por lo que da un nombre falso, da una dirección falsa y, por lo tanto, notificarlo se transforma en una tarea imposible y la expulsión no se puede ejecutar“.
En ese sentido, explicó que “el proyecto cambia el mecanismo y permite que la expulsión sea por carta certificada al domicilio que el migrante que haya dado, y una vez entregada, se entiende como hecha la notificación. También la permite por correo electrónico. Esto debería permitir agilizar y mejorar las capacidades“.
En tanto, aclaró que “el segundo elemento en el que se está trabajando, y que va a estar funcionando de aquí a febrero, es que el Presidente nos autorizó 2.600 millones de pesos para un trabajo en conjunto con la PDI y un organismo internacional, para desplegar 50 módulos a nivel nacional para la identificación biométrica de los migrantes, es decir, para exigir a los migrantes a concurrir a tener una identificación de su rostro, su huella y un nombre”.
“El registro biométrico nos parece una tarea esencial. Hoy se está en ejecución para la adquisición del equipamiento”, aseveró.
Fuente: Emol
