El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, solicitó la renuncia de Daslav Mihovilovic, quien se desempeñaba como director ejecutivo suplente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, luego de la controversia generada por la celebración del quinto aniversario de la institución en Casino de Copiapó.
La actividad, realizada la semana pasada, incluyó la utilización de una limusina, hecho que fue duramente criticado por algunas comunidades educativas y organizaciones sociales de la región. El carácter ostentoso del evento contrastó con las graves carencias que enfrentan numerosos establecimientos públicos en Atacama, lo que intensificó el malestar entre docentes y apoderados.
Fuentes ministeriales confirmaron que la molestia por la celebración fue uno de los factores que motivaron la decisión de pedir la renuncia. “No es coherente con la realidad que viven las escuelas de la región”, señalaron voces cercanas al proceso.
En tanto, el ahora exdirector habría informado que su suplencia tenía como fecha de termino el mes de febrero, pero que “por motivos personales” habría remitido su renuncia al ministro de Educación, de manera voluntaria.
A partir de este lunes 12 de enero, asumirá la subrogancia Ximena Sanhueza, actual jefa de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del SLEP Atacama, quien tendrá la misión de encabezar la gestión en medio de un escenario marcado por cuestionamientos y demandas de mayor transparencia.
La polémica se suma a la crisis que arrastra el sistema educativo en la región, donde persisten problemas de infraestructura, falta de insumos básicos, reclamos por la administración del servicio y más recientemente la aparición de un informe de la Contraloría General de la República, donde se daba cuenta de la contratación de una persona que figuraba en la lista de personas con prohibición de trabajar con menores de edad, lo que motivó la realización de un sumario administrativo.
Al referirse a esta situación, el Diputado por Atacama, Juan Santana, calificó este hecho como algo grave, debido a la utilización de recursos para llevar a cabo esta celebración.
Por lo mismo, comentó que se hará una presentación ante la Contraloría General de la Republica para verificar la legalidad de estos gastos, recordando las dificultades que ha tenido la región en materia de financiamiento.
