El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) salió al paso de las críticas y defendió este domingo la decisión de expropiar parte de los terrenos de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio, al mismo tiempo que hizo un llamado a “evitar la polarización y el escalamiento del conflicto”.
A través de una declaración pública, la entidad respondió al grupo de diputados de RN que el miércoles ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para evaluar la legalidad de la medida, que implica un gasto de cerca de 11.000 millones de pesos por la adquisición de 100 de las 215 hectáreas que constituyen el total del terreno.
En el texto, el ministerio cita una serie de normas que parten desde la Constitución Política y que justifican la facultad del organismo de “implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana” y también “expropiar terrenos para el cumplimiento de los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo del Minvu y publicados oficialmente”.
En esta situación en particular, el ministerio explicó que “el caso de la toma Cerro Centinela representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024“.
“Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo) posee la facultad de expropiar y nuestra legislación consagra una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del Minvu. Una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu, ni convierte el inmueble en inexpropiable“, insistió la entidad.
“La expropiación se ejerce para alcanzar un fin público y es común que con ello se pueda beneficiar a un sector de la comunidad. La expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia”, añadió.
El Minvu también remarcó que las autoridades presentaron “en tiempo y forma” el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso y explicó al mismo tribunal que se procederá a la expropiación parcial del terreno. Asimismo, destacó que en proceso expropiatorio “hay una comisión de expertos, la que definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente“.
“Entregaremos nuestros argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas que se requieran, pero es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto. El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura”, cerró.
Fuente: Emol.com
