Esta mañana, en la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, se dieron a conocer las iniciativas que ahondan en rol del ente rector y su administración.
Tras una jornada clave para el pleno de la Convención Constitucional, en la que se aprobaron en general 14 artículos que emanaron del informe que trata los “Principios Generales del Sistema de Nacional de Justicia”, las distintas comisiones continúan con su trabajo de aprobar o rechazar iniciativas.
Así, este miércoles la comisión de Sistemas de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional comenzó el debate en torno a seis propuestas que abordan uno de los temas que ha estado en el foco de expertos, economistas y políticos: el Banco Central y su rol.
El instituto emisor fue creado el año 1925, y a partir de 1980 se aseguró tanto su autonomía –que garantiza su independencia de los ciclos políticos-, y su carácter técnico. Actualmente posee un capítulo en la actual Constitución y el detalle de su funcionamiento está en una ley orgánica de rango constitucional que fija, entre otras cosas, su tarea de lograr la estabilidad económica y financiera mediante el control de la inflación.
En cuanto a su dirección y administración, estas radican en un Consejo, integrado por cinco personas que son designadas por el Presidente de la República, y que deben ser ratificados por mayoría simple en el Senado, mientras que el titular del ente rector –cargo que asumió Rossana Costa a principios de febrero- es designado directamente por el Mandatario.
En general, todas las normas presentadas defienden, por un lado, la autonomía del Banco Central, la paridad de género en su directiva, y explicitan que este solo podrá efectuar operaciones con instituciones financieras, sean públicas o privadas, sin la posibilidad de adquirir documentos del Estado, sus organismos o empresas.
Propuesta del Colectivo Socialista
Una de las propuesta, impulsadas por convencionales del Colectivo Socialista y Apruebo Dignidad mantiene el carácter de autónomo del Banco Central, sobre todo “en lo que respecta a las medidas e instrumentos de política monetaria y cambiaria, pero dentro de las decisiones más generales adoptadas coordinadamente con el Gobierno”.
En ese sentido, se propone coordinar la política monetaria con la fiscal “mediante la participación del Banco Central y el Gobierno en la definición de instancias de coordinación, siguiendo el modelo del Banco de Inglaterra y el Banco de Australia”.
Respecto de otros criterios, estos apuntan a constitucionalizar que, en el caso de los nombramientos, exista “paridad de género, la representación territorial, la integridad, la pertinencia, la diversidad en los conocimientos profesionales y la experiencia apropiada en el ámbito de las competencias del Banco”.
En el funcionamiento, llama a “considerar materias de empleo, estabilidad financiera, volatilidad cambiaria, sustentabilidad ambiental, y otros que se establezcan en la ley que lo rija”.
También recomiendan aumentar la cantidad de miembros del Consejo a siete personas, quienes “deben durar siete años en sus cargos y pueden ser reelegidos por un período más (desacoplado de ciclo político) y serán elegidos bajo la fórmula de designación por la o el Presidente de la República, con acuerdo de la Cámara de Diputadas y Diputados. Tendrá una o un Presidente que será elegido por la o el Presidente de la República”.
Por otro lado, se estipula que “la necesaria paridad y representación territorial en el Consejo del Banco está explicitada al momento de la conformación de listas de candidaturas, a través de un procedimiento de selección de candidatos y candidatas para consejeros, que deberá realizarse mediante un concurso público transparente”.
Asimismo, la iniciativa plantea establecer como obligación que el Banco Central rinda cuentas periódicamente al Presidente de la República y al Congreso con informes sobre la ejecución de las políticas a su cargo.
Propuesta de Movimientos Sociales
Otra norma fue presentada por convencionales de los Movimientos Sociales Constituyentes (MSC), independientes y un miembro de pueblos originarios, y también defiende la autonomía de la entidad, aunque señala que este “deberá considerar el bienestar social y desarrollo del país dentro del ámbito de sus competencias”.
“El Banco Central, además de considerar los niveles de precios futuros para la definición de la Tasa de Política Monetaria, debe tener en cuenta objetivos de pleno empleo, protección y conservación del medio ambiente, desarrollo económico de largo plazo y los demás objetivos que establezca la ley”, argumentan.
Igualmente, propone que el Banco Central rinda cuenta periódica al o Presidente de la República y al Congreso Nacional sobre “las políticas a su cargo, respecto de las medidas y normas generales que adopte en el ejercicio de sus funciones, atribuciones y sobre los demás asuntos que se le soliciten”.
En cuanto a su gobernanza, indica que esta recaerá en un Consejo y que su composición será “paritaria, descentralizada y plurinacional, contemplando la representación sindical y empresarial”, y detalla que este “deberá velar porque las funciones del Banco Central se ejerzan en coordinación con la política económica general que defina democráticamente el país. Para ello conformará un espacio de coordinación formal con los ministerios de: Hacienda, Economía, Trabajo y Medioambiente”.
Asimismo, estipula que el ente rector tendrá dentro de sus funciones la de “proveer información acerca de la situación económica y financiera de la economía. Deberá considerar para ello la dimensión medioambiental (stock inicial y final de bienes naturales), de género, empleo y desarrollo económico de largo plazo”.
Propuesta de Apruebo Dignidad
Una de las enmiendas que se sometió a revisión fue presentada por convencionales de Apruebo Dignidad, principalmente del Partido Comunista, y una convencional de los pueblos originarios. Esta asegura tanto el carácter de autónomo, como el patrimonio propio del Banco Central, pero amplía las funciones que actualmente posee la entidad.
“El Banco Central tendrá por objeto velar por la estabilidad de los precios, el normal funcionamiento de los pagos internos y externos, y contribuir al desarrollo económico y social, promoviendo el pleno empleo y la diversificación productiva, sin perjuicio de las demás funciones que determine la ley”, exponen, y puntualizan que en ningún caso serán potestades del ente rector “el fomento de actividades económicas específicas ni ejercer actividades de banca comercial”.
Parte del articulado propone que su “composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional, respetando en todo caso la paridad de género y funcionando en coordinación con la función ejecutiva del Estado”.
Además, este “podrá comprar y vender, durante un período determinado, en el mercado secundario abierto, instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, de conformidad a lo establecido en su ley orgánica constitucional”.
Junto con ello, explica que “ningún gasto público o préstamo podrá financiarse con créditos directos o indirectos del Banco Central”.
Propuesta de parte de Vamos Por Chile, PC e independientes
Esta iniciativa la firmaron convencionales del bloque de Vamos Por Chile, PC, Pueblos Originarios e Independientes, y plantea que el Banco Central será un organismo autónomo que “tendrá a su disposición los instrumentos de política monetaria, los cuales aplicará con miras a contribuir al bien común, al bienestar social y al sano desarrollo de la economía”.
A su vez, plantean que “velará por la estabilidad de la moneda y la eficacia del sistema financiero, custodiando el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. En la fundamentación de sus decisiones, el Banco Central deberá considerar aspectos como el cambio climático, la sostenibilidad ambiental, el empleo y el nivel de endeudamiento público y privado”. En línea con ello, sus fundamentos “no estarán sujetas a control político”.
Su dirección estará a cargo del Consejo del Banco Central, constituido por siete integrantes, el cual “promoverá la integración de la mujer en todos los niveles del Banco Central. Del mismo modo, promoverá el sano encuentro de las diversas naciones, culturas y formas de vida que integran la República”.
Estos serán designados por el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la Cámara Plurinacional. El titular del Banco Central será designado por el Mandatario, quien podrá ser reelecto, como máximo, por dos periodos consecutivos, y el ejercicio de la presidencia durará tres años, o el tiempo menor que le reste como integrante del Consejo (siete años).
Por otro lado, los consejeros del Banco Central “no serán objeto de acusación constitucional, interpelación u otro mecanismo de control parlamentario”. Solo el Presidente de la República, con acuerdo de la mayoría absoluta de la Cámara Plurinacional, podrá removerlos.
Y concluyen que “las demás normas sobre composición, organización, funciones y atribuciones del Banco Central se establecerán en una ley”.
Propuesta de Independientes No Neutrales
La quinta iniciativa presentada por convencionales del colectivo Independientes No Neutrales y un representa del colectivo del Apruebo también apunta a mantener la autonomía, el carácter técnico y patrimonio del Banco Central. Sumado a esto, este “debe tomar en consideración los efectos de la política monetaria en el empleo y en el mercado cambiario en relación con la diversificación productiva”.
A su vez, indica que “tiene como atribuciones la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en circulación, la ejecución de operaciones de crédito y cambios internacionales, como, asimismo, la dictación de normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de cambios internacionales”.
Igualmente, establece que el ente rector deberá dar cuenta de sus actuaciones al Congreso de manera trimestral y mantener instancias de coordinación con el Ministerio de Hacienda.
Respecto del Consejo, supone que la dirección y administración esté a cargo de nueve miembros, quienes durarán diez años en su cargo, sin reelección. El presidente, en tanto, ejercerá su rol por cinco años.
Sin embargo, “no podrán ser miembros del Consejo quienes dentro de los tres años anteriores a su designación hayan participado en la propiedad o hubiesen sido parte de la gestión o representación de una empresa bancaria, administradora de fondos, o cualquiera otra que preste servicios de intermediación financiera”.
A su vez, se señala que “la calidad de integrante del Consejo es incompatible con todo cargo o servicio sea o no remunerado que se preste en el sector público o privado, así como con la participación en la propiedad de empresas bancarias y sociedades financieras, hasta por dos años después de haber expirado en funciones”.
Y agregan que los consejeros “serán destituidos de sus cargos por resolución de la mayoría absoluta del pleno del Tribunal Supremo de Justicia, previa petición de la mayoría de quienes ejerzan como consejeros del Banco o de un tercio de los parlamentarios en ejercicio”.
Iniciativa Popular
Otra norma revisada fue la Iniciativa Popular de Norma denominada “Banco Central Autónomo” que contó con el respaldo de 37 mil personas y apunta a una entidad autónoma, de carácter técnico, cuyas decisiones no dependan del Gobierno de turno.
En concreto, dicen que “tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco Central de Chile tendrá la potestad exclusiva de emitir monedas y billetes, así como de formular la política monetaria”.
En caso de guerra exterior o de peligro de ella, “el Banco Central de Chile podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas o privadas”.
Fuente: Emol.com
