En diciembre del año pasado ocurrió un hecho que provocó un verdadero “terremoto” político en el país.
Se trató de la detención de Luis Castillo, quien había sido indultado por el Presidente Gabriel Boric, un año antes de su detención.
El hecho ocurrió el pasado 14 de diciembre, cuando Castillo, junto a la víctima y otras acompañantes concurrieron a un mirador para consumir alcohol y drogas.
Lugar en el que estuvieron hasta el amanecer, varias horas después, el imputado agredió a la víctima, para después dejarlo al interior del maletero del vehículo y sustraerle su celular, todo esto después de que señaló que no contaba con más dinero para comprar alcohol.
De acuerdo a la investigación realizada, Castillo y las demás imputadas pretendían vender el vehículo, por lo que tomaron fotografías y enviaron audios a través de WhatsApp a un posible comprador, mientras mantenían a la víctima bajo amenaza e insultándolo, de acuerdo con lo que pudo escuchar en los archivos que forman parte de la carpeta de esta causa.
Momentos después, Carabineros interceptó el vehículo en una estación de servicios ubicada en Avenida Copayapu, lugar en el que fue detenido Castillo, quien se mantenía al volante, junto las demás imputadas, mientras que la víctima fue encontrada en el maletero.
Largo proceso investigativo que fue presentado este lunes, por Fiscalía en la audiencia de procedimiento abreviado, instancia que fue asumida por el Fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Sebastián Coya.
Pese a que en primera instancia se hablaba de un secuestro, durante esta investigación, surgiendo nuevos antecedentes, los que permitieron determinar la participación de todos los involucrados, realizando una reformalización de los delitos originalmente informados, quedando así establecidos los delitos de robo con intimidación y violencia y manejo bajo la influencia de estupefacientes, delitos por los que Castillo fue condenado a la pena efectiva de cárcel de 4 años y un día.
La coimputada, Camila Morales, recibió la misma condena, pero, al tener irreprochable conducta anterior, le fue impuesta una pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.
Mientras que las adolescentes participantes en estos hechos ya habían sido condenadas a seis meses de intervención de un programa especializado en el área de rehabilitación.
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