Felipe Ward, Ministro de Vivienda y Urbanismo – Guillermo Rolando, Subsecretario.
Ante los evidentes impactos en la calidad de vida de las familias provocados por la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años, el Gobierno presentó una serie de medidas para mitigar los efectos de una pandemia que no es solo sanitaria, sino que también, social. Dichas iniciativas son parte de la Red de Protección Sanitaria para proteger la salud y vida de nuestros compatriotas, y también de la Red de Protección Social para resguardar sus empleos e ingresos.
En ese contexto, el Presidente Sebastián Piñera a inicios de esta semana anunció el fortalecimiento y ampliación del Plan de Protección para la Clase Media, que contempla la entrega de 100 mil subsidios de arriendo para quienes han perdido su trabajo o sus salarios han disminuido en un 30%. Este beneficio cubrirá hasta 250 mil pesos durante tres meses para arriendos de hasta $600 mil con una cobertura de hasta 70% del monto declarado.
Un aspecto relevante es que el 60% de los subsidios a adjudicar en este llamado extraordinario –es decir, 60.000-, se entregarán a familias que viven en regiones, esto, como una clara señal de descentralización y del compromiso del Gobierno con que esta ayuda llegue a todos los chilenos que la necesitan.
Este beneficio, además, se hace urgente ante cifras que dan cuenta que en el último año 900 mil personas de regiones han perdido su empleo debido a una fuerte caída de la actividad económica.
Sabemos bien que la pérdida del trabajo puede llegar a tener un impacto nocivo y muy doloroso para las familias, dado que, sin su fuente laboral, acumulan deudas y muchas veces el no pago del arriendo puede obligarlas a abandonar la casa en la que viven. Esto significa dejar el barrio, sus vecinos, el colegio de los hijos, la red de apoyo de amigos y cercanos, irse a vivir con algún familiar en calidad de allegados, muy probablemente con hacinamiento, subarrendar, trasladarse a un campamento o buscar otros lugares transitorios donde vivir.
Precisamente a través del fortalecimiento de esta política de arriendo, enfrentamos las causas basales que precarizan la situación habitacional de las familias que se ven afectadas por un aumento en su vulnerabilidad.
En esa línea, este beneficio es una valiosa ayuda para resguardar el esfuerzo de años de las familias, y que se suma a los programas regulares del Ministerio de Vivienda, que buscan dignificar la vida de las personas y entregarles mayores oportunidades y seguridades.
