Funcionarias y funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Atacama, en paro indefinido desde el 2 de abril, alzan la voz para denunciar la preocupante realidad que enfrentan y desmentir falsas promesas.
Han transcurrido 52 días de movilización y la respuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sigue siendo la misma: “NO HAY PLATA”. Desde el ministerio se ofrecen mesas de trabajo sin garantías de avance y se mantiene una negativa rotunda a entregar los recursos necesarios para abordar la sobrecarga laboral, la falta de personal y la urgente necesidad de homologación salarial.
La falsa promesa del “Nuevo Servicio”
El Ministerio presenta el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas como la gran solución a los problemas del sector. Sin embargo, se omite una verdad crucial: su implementación depende de una ley aún no aprobada y de recursos económicos que, hasta la fecha, no están garantizados.
Afirmar que este nuevo servicio resolverá todos los problemas es una promesa vacía, similar a muchos acuerdos incumplidos en el pasado. Se trata de una estrategia para utilizar un “hito de gobierno” como cortina de humo frente a los graves problemas de acceso a la justicia, sin abordar las precarias condiciones laborales actuales y defraudando las expectativas de los usuarios. En la práctica, se trataría simplemente de la misma CAJ con otro nombre, pero enfrentando las mismas condiciones.
No es solo dinero: es voluntad política
La movilización no gira únicamente en torno a recursos económicos. Las y los funcionarios exigen medidas que están dentro del marco legal vigente, tales como la implementación del trabajo remoto, la jornada laboral de 40 horas, la compensación de horas extras, la mejora del clima laboral y el cumplimiento de los lineamientos sobre carga de trabajo en unidades de atención a niños, niñas y adolescentes. El nulo avance en estos puntos demuestra que el problema no se reduce al presupuesto, sino que también evidencia una falta de voluntad política para mejorar las condiciones laborales y, con ello, el servicio a las personas más vulnerables.
Su posición
Por todas estas razones, las y los trabajadores de la Corporación de Asistencia Judicial rechazan expresamente el proyecto que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, en las condiciones actuales.
En consecuencia, hacen un llamado enfático a los parlamentarios y parlamentarias de la región y del país:
¡Voten en contra del proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas!
Solicitan que no se apruebe mientras no existan mejoras reales e inmediatas en las condiciones de trabajo dentro de las Corporaciones de Asistencia Judicial. De no ser así, consideran que se estará siendo cómplice de un engaño a los trabajadores y a los usuarios.
Comprenden que la homologación de remuneraciones —aunque previamente acordada— podría realizarse de forma gradual dada la situación presupuestaria actual. Manifiestan estar abiertos al diálogo y a colaborar en la búsqueda de soluciones para el futuro presupuesto, pero exigen señales de buena fe y no excusas falaces que solo contribuyen a su desgaste.
¡La justicia para quienes más la necesitan no puede seguir esperando mentiras ni promesas vacías!
