En medio de la compleja situación financiera que enfrentan las aseguradoras, Cruz Blanca comunicó a Clínica Indisa que “no está en condiciones” de absorber el costo del reajuste de los valores de sus servicios según el IPC.
Recientemente Clínica Indisa informó a los afiliados de Cruz Blanca que ellos mismos deberán reembolsar sus prestaciones con el recinto, tras afirmar en una carta que la isapre “nos ha informado que no está en condiciones de cumplir el contrato suscrito entre las partes” y que establecía un reajuste anual según IPC en los precios de las atenciones a partir del 9 de enero de 2023.
Esto, explicó el centro médico, “genera una situación compleja para sus afiliados” por lo que decidieron “hacer exigible su derecho contractual, reajustando el valor de las prestaciones que se entregan a la isapre a apartir de la fecha antes indicada”.
Cabe mencionar que la aseguradora controlada por el grupo inglés Bupa es una de las más complicadas en términos financieros en medio de la crisis que golpea a la industria, pues según datos de la Superintendencia de Salud, suma pérdidas por $44.873 millones a septiembre pasado, las que se añaden a las de 2020 ($2.381 millones) y 2021 ($12.869 millones).
En ese contexto, en marzo del año pasado activó el mecanismo de mediación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y el Reino Unido tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores -denominado “supremazo” y que implicó un duro golpe para el sector-, mientras que hacia fines de 2022 tomó una medida inédita y despidió a casi la totalidad de su cuerpo de venta.
Dado que esta situación se mezcla con el aumento de las deudas pendientes de las isapres con los prestadores, que según cifras de Clínicas de Chile, asciende a $567 mil millones a noviembre de 2022 y el propio déficit financiero del sistema, que alcanza los $128 millones, Emol consultó al superintendente de Salud, Víctor Torres, por el riesgo real de insolvencia de Cruz Blanca.
Sin referirse al caso particular de dicha aseguradora, Torres señaló que se trata de “señales que está dando una de las isapres dentro del contexto de una crisis que ya lleva veinticuatro meses arrastrando pérdidas por parte del sistema en su conjunto. No obstante, en el último trimestre de 2022 estas pérdidas se han ido ralentizando, no siguen cayendo de la forma en que lo hicieron en los meses anteriores. Pero al persistir, lo más probable es que esta u otras puedan tomar medidas para tratar de ajustar sus costos”.
Con todo, la autoridad precisó que “hasta el momento, las isapres han sostenido los parámetros que corresponden por parte de la supervigilancia de la Superintendencia”.
“Crisis terminal”
Sin embargo, el diagnóstico del ex ministro de Salud y decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales de la Universidad de las Américas, Osvaldo Artaza, apunta a que “el modelo de negocios de las isapres ha entrado en crisis terminal, ello es evidente, y solo es cosa de tiempo que la situación se siga agravando hasta hacerse insostenible. Ante dicha situación hay quienes esperan que estas quiebren a fin de precipitar un cambio en salud, mientras otros presionan por una suerte de ‘salvataje’ que permitan sostener las isapres sin hacer transformaciones sustanciales”.
“Lo que urge, pensando en las personas, es que exista voluntad política tanto del Gobierno como del parlamento, para que se legisle una solución de fondo que nos permita tener una seguridad social en salud moderna, equitativa y eficiente”, añadió Artaza.
Por su parte, Jaime Burrows, ex subsecretario de Salud Pública del segundo mandato de Michelle Bachelet, indicó que “existe un riesgo real”, añadiendo que “el sistema de isapres está muy apremiado, porque los gastos en salud van creciendo más rápido que los ingresos que tienen, entonces es muy difícil que esa sea una situación que se termine revirtiendo”.
“Yo creo que es una situación bastante compleja de solucionar en el largo plazo, la verdad es que no veo posibilidad de sustentabilidad de las isapres como las hemos conocido, independientemente del plan que haya de Gobierno de transformarlas en un seguro de segundo nivel”, acotó Burrows.
A juicio del ex superintendente de Salud de la segunda administración de Sebastián Piñera, Patricio Fernández, “estos son síntomas que ya vienen desde hace un tiempo, y que se traducen fundamentalmente en intentos casi desesperados por disminuir los costos o los gastos ante la situación que están viviendo”.
En ese sentido, aseveró que “la situación de las isapres fue una crisis que se fue gestando desde hace muchos años y que tiene sus responsables principalmente en el poder político, es decir, en la imposibilidad de que los políticos, o el Poder Legislativo, o el Ejecutivo, se pusieran de acuerdo en una reforma a este sistema privado de la salud”.
“Me parece que el Gobierno, con ese afán de mantener esa propuesta del fondo universal de salud, y desconociendo que hoy día el país no está en condiciones de tener un cambio radical de estructura del sistema de salud, está sin duda llegando a la inactividad. Este Gobierno sin duda que no ha tenido la capacidad de afrontar este problema con un sentido de urgencia”, cerró Fernández.
Fuente: Emol
