La diputada por Atacama, Sofía Cid Versalovic (Partido Republicano), expresó su preocupación ante los nuevos datos revelados por la Comisión Asesora Presidencial que actualizó la medición de la pobreza en Chile, situándola en un 22,3%, cifra muy superior al 6,5% reportado previamente por la Encuesta Casen 2022.
“Nos dijeron que la pobreza estaba en mínimos históricos, pero hoy sabemos que más de uno de cada cinco chilenos vive en situación de pobreza. Esto no puede explicarse solo con un cambio metodológico”, afirmó Cid.
La parlamentaria acusó que durante más de dos años se diseñaron políticas públicas basadas en datos que no representaban la realidad, lo que habría generado una falsa percepción de bienestar: “Cuando las cifras no reflejan la realidad, los programas sociales no llegan donde deben. No podemos permitirnos seguir construyendo políticas públicas sobre una base equivocada”.
Además, la diputada exigió al Ministerio de Desarrollo Social una revisión urgente de sus instrumentos: “Es necesario que se actualicen los indicadores y que se informe con claridad cuántos hogares fueron afectados por esta subestimación. La pobreza no se combate maquillando cifras, sino con crecimiento, empleo y transparencia”.
Cid también hizo un llamado a repensar el rumbo económico del país: “Hoy más que nunca, cuando sabemos que la pobreza real en Chile alcanzó un 22,3%, queda en evidencia el fracaso del actual gobierno en su principal deber: mejorar la calidad de vida de las personas. Sin pandemia ni estallido social, este gobierno ha sido incapaz de generar condiciones para el crecimiento, el empleo y el progreso. Eso no es casualidad, es resultado de una ideología que castiga al que quiere emprender y crecer. La continuidad de este modelo es peligrosa para Chile. Necesitamos un cambio de rumbo, donde se premie el esfuerzo y se apueste por el desarrollo. Ese es el camino”.
Finalmente, la diputada exigió al Ejecutivo detallar con transparencia qué metodología se ha utilizado hasta ahora para medir la pobreza y con qué criterios se han definido las líneas base que sustentan los programas sociales actuales. “Queremos saber con exactitud qué datos se han usado, cómo se construyeron y si realmente han servido para orientar las políticas públicas. La ciudadanía merece respuestas claras y responsables”, concluyó.
