Casi 2.400 escuelas públicas en zonas rurales —y 194 unidocentes— sostienen el aprendizaje en los territorios más diversos del país. Fortalecer su desarrollo no solo es un deber del Estado, sino una tarea prioritaria de la Nueva Educación Pública, a través de acciones concretas que aseguren que cada niña, niño, joven y adulto, sin importar dónde viva, tenga las mismas oportunidades de aprender.
Casi 2.400 escuelas públicas en zonas rurales —entre ellas 194 unidocentes— sostienen el aprendizaje en los territorios más diversos del país. Fortalecer su desarrollo no solo es un deber del Estado, sino una tarea prioritaria de la Nueva Educación Pública, mediante acciones concretas que aseguren que cada niña, niño, joven y adulto, sin importar dónde viva, tenga las mismas oportunidades de aprender.
Gabriela Mistral, maestra rural y Premio Nobel de Literatura, encarna la vocación más profunda del sistema público: llevar conocimiento, esperanza y comunidad a todos los rincones del país. Un siglo después, miles de profesoras y profesores rurales mantienen viva esa misión, ahora en el marco de la Nueva Educación Pública, demostrando que la calidad educativa no se mide por el tamaño del establecimiento, sino por el compromiso y el arraigo con la comunidad.
La Dirección de Educación Pública tiene el mandato de liderar la transformación del sistema educativo estatal, y en ese proceso la educación rural ocupa un lugar estratégico. No es un ámbito marginal, sino un componente esencial de la equidad territorial. En las escuelas rurales se conjugan inclusión, diversidad y pertenencia, configurando espacios donde la educación se vive en comunidad y el aprendizaje se vincula estrechamente con la vida cotidiana.
La política actual de educación rural retoma y amplía la visión del plan Gabriela Mistral de 2012. Si antes se buscaba fortalecer infraestructura, transporte y formación docente desde la urgencia, hoy la apuesta es más estructural: justicia educativa, articulación interinstitucional y participación comunitaria. Ambas comparten una misma convicción —que la educación rural es motor de cohesión y desarrollo local—, pero la Nueva Educación Pública la convierte en un eje estratégico del sistema.
A lo largo del país, los 26 Servicios Locales de Educación Pública actualmente en funcionamiento reúnen más de 600 escuelas rurales, donde estudian 44 mil niñas, niños y jóvenes. Cuando el sistema esté completamente implementado en 2030, con los 70 SLEP en régimen, el número de escuelas rurales alcanzará las 2.398, casi la mitad de todos los establecimientos públicos del país.
Entre ese conjunto de establecimientos, 194 escuelas unidocentes públicas cumplen una función especialmente relevante. En cada una de ellas, un solo docente enseña a estudiantes de distintos niveles en una misma aula, convirtiendo la distancia geográfica en un espacio de aprendizaje compartido. Estas escuelas representan el 4 % de la red pública y el 57 % de todas las unidocentes del país, reflejando el compromiso y la versatilidad del profesorado rural.
Estas comunidades educativas son el corazón del territorio. No solo enseñan contenidos, sino que preservan culturas, promueven el desarrollo local y fortalecen los lazos sociales. Sus docentes cumplen múltiples funciones: son directivos, encargados de inclusión y convivencia, administradores y, muchas veces, referentes comunitarios. Su esfuerzo cotidiano es un testimonio de vocación y compromiso con la equidad educativa.
Para acompañar este trabajo, la Dirección de Educación Pública ha desarrollado una estrategia integral de fortalecimiento de la educación rural, desplegada en tres líneas principales:
Primero, la Red Nacional de Educación Rural, que reúne mensualmente a los equipos técnicos de los SLEP para compartir experiencias, coordinar apoyos y revitalizar los microcentros docentes, espacios históricos de colaboración profesional y aprendizaje entre pares.
Segundo, el acompañamiento especializado a los establecimientos rurales, mediante encargados técnicos formados específicamente para esta modalidad educativa, con orientaciones metodológicas y apoyo continuo desde el nivel central.
Y tercero, la visibilización de buenas prácticas de acompañamiento técnico e innovación pedagógica en territorios rurales, a través de estrategias como publicaciones o encuentros. Estos han permitido conocer y difundir experiencias inspiradoras de distintos territorios: los Encuentros de Escuelas Rurales del SLEP Atacama, los proyectos de flora nativa impulsados por el SLEP Chinchorro o las redes colaborativas de Chiloé y Costa Araucanía, así como la implementación de estrategias didácticas elaboradas por el MINEDUC que ponen el foco en la articulación de las asignaturas bajo una metodología de proyectos, entre muchas otras.
Además, se constituyó un Comité Estratégico de Educación Rural, que reúne a los directores y directoras de SLEP con más del 50 % de establecimientos rurales. Este espacio, que sesiona al menos una vez al año, permite compartir experiencias, aprendizajes y desafíos comunes en torno al mejoramiento de los aprendizajes y las condiciones de funcionamiento desde el rol de sostenedor público.
Estos avances reflejan una convicción institucional: la educación rural es una pieza clave de la Nueva Educación Pública y un motor del desarrollo local. Su fortalecimiento no solo amplía las oportunidades de aprendizaje, sino que contribuye a la cohesión social, la identidad cultural y la sostenibilidad territorial.
Desde una mirada pedagógica, la escuela rural ha sido reconocida como un espacio de oportunidad e innovación educativa, capaz de generar experiencias transformadoras que benefician a todo el sistema. Relevar este potencial implica valorar el conocimiento y la vocación de las y los docentes rurales, proyectando sus prácticas como referentes, y no desde una lógica de déficit.
La calidad y la equidad educativas no se construyen únicamente en las grandes ciudades. También se forjan en las pequeñas aulas del campo, donde la enseñanza se mezcla con la vida y donde la figura de la maestra rural sigue iluminando el camino.
Fortalecer la educación rural pública es, por tanto, una responsabilidad del Estado y una inversión en el futuro: un compromiso con las comunidades que ven en la escuela el eje de su territorio y el motor de su desarrollo.
Por Rodrigo Egaña Baraona, Director de Educación Pública
