Un déficit cercano a los 21 mil millones de pesos mantiene hoy al Gobierno Regional de Atacama en una compleja situación financiera, luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda no transfiriera recursos correspondientes a las remesas de octubre, noviembre y diciembre, pese a estar aprobados en la Ley de Presupuesto vigente. Ante este escenario, la autoridad regional ingresó un oficio a la Contraloría General de la República para denunciar el incumplimiento y solicitar medidas urgentes.
El gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas, sostuvo que el impacto de esta decisión es de extrema gravedad para la región.
Según explicó la autoridad, la falta de estos recursos impide cumplir compromisos ya adquiridos con empresas contratistas, organizaciones sociales y servicios públicos, afectando obras actualmente en ejecución, como el cementerio de Diego de Almagro, iniciativas FRIL, programas comunitarios, espacios públicos, pavimentaciones, conservación de calles, transferencias al Serviu para proyectos habitacionales y mejoras en infraestructura educacional.
Desde el Consejo Regional, las críticas fueron transversales. El consejero Fernando Ghiglino calificó el escenario como “muy lamentable” y advirtió que, por primera vez en sus 15 años como autoridad regional, el Gobierno Regional enfrenta una situación de morosidad.
En la misma línea, el consejero Miguel Ángel San Martín enfatizó que el daño no solo afecta a las obras, sino también al empleo y a las familias ligadas a estos proyectos, por lo que hizo un llamado a los parlamentarios a alzar la voz.
Por su parte, el consejero Freddy Rubina subrayó que el compromiso del Gobierno Regional es con las comunidades de Atacama.
El gobernador Miguel Vargas explicó que, de no revertirse esta situación, los recursos adeudados representarían cerca del 20% del presupuesto regional del año 2026, lo que obligaría a sacrificar proyectos ya planificados.
