La acción judicial fue firmada por las subsecretarias de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y de Salud Pública, Paula Daza, siendo ingresada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente. El recurso apunta a la exigencia que Alejandro Gil hizo el pasado 3 de julio en el vacunatorio de la clínica que preside. Pidió que le suministrarán una tercera dosis de Pfizer, “contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria”.
El Gobierno presentó una denuncia por apropiación indebida contra el presidente del directorio de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, debido a que fue vacunado con una tercera dosis contra el Covid-19 pese a que ya tenía su esquema de inoculación completo.
La acción judicial fue firmada por las subsecretarias de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y de Salud Pública, Paula Daza, siendo ingresada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.
El recurso se refiere a la exigencia que Gil hizo el pasado 3 de julio en el vacunatorio de la clínica que preside. Pidió que le suministrarán una tercera dosis de Pfizer, “contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria”.
“La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria con la obligación de que dicho establecimiento de salud, la suministrara estrictamente en forma y condiciones que la autoridad señale”, indica la denuncia.
La subsecretaría de Prevención del Delito apunta a que lo realizado por Gil configura delito y que habría “realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad de su actuar, presentando un certificado médico con fecha 5 de julio de 2021, dos días después de que ya había exigido la inoculación”.
“Además, despidió a la funcionaria Carla Andrea Garrido que, cumpliendo con las exigencias que impone la autoridad sanitaria, informó del Evento de Error de Programación mediante formulario a la Seremi Metropolitana de Salud”, agrega el documento que está en manos del fiscal oriente, Manuel Guerra.
“Los hechos indicados, además de configurar la comisión de los delitos indicados, perjudica directamente al grupo más vulnerable de nuestra población, a quienes se destina dicha inoculación, esto es, niños, niñas y adolescentes”, cierra la denuncia.
En paralelo, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana está realizando un sumario sanitario en contra de Clínica Las Condes producto de la situación.
Mientras, el ministro de Salud, Enrique Paris, advirtió en Radio ADN que el recinto asistencial podría perder el convenio de vacunatorio que tiene con el Minsal, el cual le permite recibir las inyecciones contra el Covid-19 de forma gratuita.
FUENTE LA NACIÓN
