Después de varios tropiezos y postergaciones, la próxima semana la Cámara de Diputados votará el proyecto que regula las nuevas exigencias de ingreso a las carreras y programas de Pedagogía.
Tras el rechazo de la iniciativa en la Comisión de Educación, el Ejecutivo se ha desplegado para acercar posiciones y revertir el resultado en la Sala, con la intención de introducir posteriormente nuevas indicaciones que permitan que la comisión vuelva a revisarlo.
En esencia, el proyecto busca aplazar el alza de requisitos para estudiar Pedagogía, incremento establecido en la Ley de Desarrollo Docente de 2016, con el fin de frenar la subida de más de 120 puntos en el puntaje mínimo de ingreso.
La discusión se desarrolla contra el tiempo, considerando que se acercan los procesos de admisión 2026 y los postulantes aún desconocen los requisitos definitivos para ingresar a estas carreras. En ese marco, a la espera de la votación, el piso exigido sería de al menos 626 puntos en las pruebas obligatorias, frente a los 502 que regían hasta la última admisión.
En este escenario, el Ejecutivo le otorgó “discusión inmediata” al proyecto, por lo que la Cámara deberá resolver la próxima semana. Si se aprueba, volverá a la comisión de Educación para su debate en particular.
El rechazo en la comisión
Cuando la iniciativa fue rechazada en la comisión —por no alcanzarse el quórum requerido—, legisladores de oficialismo y oposición coincidieron en que “no resuelven los problemas esenciales de la educación”.
No obstante, parlamentarios oficialistas recalcaron que constituye un punto de partida sobre el cual se debe seguir avanzando. La votación estuvo marcada por la oposición del diputado socialista Juan Santana, quien argumentó que el proyecto avanza en dirección contraria a las reformas necesarias, como la mejora de las remuneraciones docentes. A su juicio, “la señal política que se da con este proyecto es negativa, es de detrimento de la carrera docente”.
A ello se sumó la abstención de la presidenta de la comisión, Mónica Arce (Ind.-DC), quien explicó que “el proyecto no se hace cargo del problema raíz, y que este proyecto la complica profundamente, especialmente considerando que el mismo no representa una solución real a los problemas de la docencia”.
Esa votación —ocurrida en julio— estuvo cruzada además por la denuncia de la diputada Arce, quien acusó haber sido hostigada por el subsecretario de Educación, Víctor Orellana. Actualmente, existe una denuncia en su contra invocando la Ley Karin. En aquella ocasión, la autoridad del Mineduc reconoció haber sostenido “un diálogo inadecuado” con la parlamentaria.
Urgencia y votación
De acuerdo con legisladores de la comisión, el Gobierno ya habría socializado una serie de indicaciones que ingresará una vez que se apruebe la idea de legislar en el hemiciclo, lo que permitiría asegurar el respaldo de la mayoría de la Corporación.
Al despliegue del Ejecutivo se suma la presión de parlamentarios que han insistido en avanzar con urgencia en la tramitación.
La semana pasada, el diputado Arturo Barrios (PS) advirtió que la situación es crítica para las universidades estatales y regionales: “Las instituciones cumplen un rol social, pero si la matrícula cae de golpe en 60%, muchas carreras se volverán inviables. No podemos hipotecar el futuro del país cerrando las puertas a jóvenes con vocación”.
En esa línea, agregó: “El puntaje en la PAES no garantiza un buen profesor. Lo que asegura calidad es que las carreras estén acreditadas y que exista un sistema universitario con estándares claros. El desafío es combinar calidad con acceso, porque Chile no puede darse el lujo de formar menos profesores en un momento en que más los necesitamos”.
Fuente: Emol
