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Gobernador Vargas: “Las regiones de Chile también somos parte del Estado por lo que no entendemos esta decisión”

Como una sorpresa catalogó el Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa la decisión del Consejo de Defensa del Estado de hacerse parte de la causa que se lleva adelante por la adjudicación de la licitación pública nacional e internacional para la exploración, explotación de los yacimientos de Litio existentes en Chile. Y es que el jueves 10 de febrero la Corte de Apelaciones de Copiapó resolvió tener presente la representación por parte del Consejo de Defensa del Estado, para asumir la defensa judicial del Ministerio de y la Subsecretaría de la misma cartera.

Ante esta situación el Gobernador de Atacama manifestó que es una sorpresa porque “esto hace suponer que la acción materializada por el Gobierno Regional de Atacama y una comunidad indígena, la comunidad Paiote, apunta a afectar los intereses del Estado y nada más contrario que eso. Lo que estamos haciendo es precisamente cautelar los intereses del Estado, por qué suponer lo contrario, y no el fin que tiene el recurso interpuesto por el Gobierno Regional, que apunta a que se cautelen o se garanticen adecuadamente el cumplimiento de las normas y las garantías constitucionales, y lo más importante de todo, los intereses de los territorios”.

Miguel Vargas – gobernador de Atacama

Vargas indicó que para avanzar en el proceso de descentralización, “los territorios tienen que ser escuchados” en este proceso de licitación del litio importante para Atacama como Antofagasta. 

Miguel Vargas – gobernador de Atacama

En cuanto a las expectativas y lo que continúa en el proceso judicial, el Gobernador de Atacama expresó que “estamos bastante conformes por cómo el proceso ha avanzado hasta ahora”.

Miguel Vargas – gobernador de Atacama

El pasado 13 de octubre del año 2021, la publicación en el Diario Oficial que confirmó el inicio de  un proceso de licitación de 400 mil toneladas de litio sorprendió a la comunidad científica del país, y aparecieron voces que incluso señalaron que esta decisión del Ministerio de Minería obedecía a razones políticas.

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