La última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, pese a sorprender por tener “compromisos” que difícilmente verán la luz en lo que queda de esta administración, también tuvo espacio para balances de su recta final; reflexiones que el Mandatario extendió esta semana en diálogo con distintos medios, a ratos, en un tono más introspectivo, en otros, más crispado, acorde a los tiempos de campaña.
En esas reflexiones, Boric instaló un punto: que su administración ha sido capaz de dar gobernabilidad. Un concepto amplio, que implica legitimidad, estabilidad y capacidad de atender las demandas de la sociedad, entre varios otros matices y aspectos implícitos, como el apego a la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Pero el Mandatario ha concentrado esta idea en la ausencia de protestas masivas durante su admistración, marcando un contraste con aquellas que se registraron en años previos, como el estallido social o las del movimiento estudiantil.
El miércoles, el Presidente afirmó a CNN que “eso no es suerte, las movilizaciones sociales no pasan por suerte o mala suerte, es una manera de conducir y asegurar gobernabilidad. Cuando uno gobierna escuchando, marcando diferencias, entendiendo que tengo un rol distinto a los movimientos sociales de los cuales provengo, pero tratando de incorporar parte de las demandas que vienen de ese mundo, entendiendo el malestar y no ninguneándolo, tratando de comprender y entender cuál es la profundidad (…)”, sostuvo Boric.
Y agregó que “el que no haya el nivel de protestas del 2011 o el 2019 no es suerte, eso es gobernabilidad. Gobernabilidad es producir acuerdos sociales para canalizarlos institucionalmente y que las transformaciones se canalicen institucionalmente. Y eso es lo que la derecha, históricamente, ha demostrado que tiene poca capacidad de hacer“.
En tanto, el jueves, en el canal de streaming “Turno”, de Nicolás Copano, el Presidente planteó que “creo que este Gobierno va a ser recordado en el futuro como uno que logró canalizar institucionalmente, con resultados concretos, ciertos aspectos del legítimo malestar social, y creo que ahí se juega la gobernabilidad; no tirando la fuerza pública y reprimiendo cualquier expresión del malestar, sino el trabajar por entenderlo y generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas”.
Los hechos que marcaron las dos gobernanzas
La ausencia de protestas masivas en esta administración, tomando las palabras del Presidente, efectivamente no son por “suerte”, pero sí ameritan poner en perspectiva los alcances y contextos en que se ejerce y se posibilita la gobernabilidad, con el pie forzado que el mismo Mandatario hace al mencionar a la derecha y, en definitiva, a periodo de gobernanza de Sebastián Piñera, cuando se registró el estallido social.
Y es que el anterior gobierno enfrentó una serie de factores de desestabilización que abrieron flancos a la gobernabilidad. Uno de ellos se dio en el Parlamento, cuando en diciembre de 2019 se presentó una primera acusación constitucional contra el entonces Mandatario, tras las denuncias por violaciones a los derechos humanos registradas durante la crisis social. Por esos días, la defensa de Piñera advertía de una eventual “banalización” de este instrumento, que “podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país”. El libelo no alcanzó su discusión de fondo, luego que se aprobara la cuestión previa con 79 votos a favor y 73 en contra.
Pero el Congreso volvió a arremeter en noviembre de 2021, tras la acusación impulsada por la entonces oposición contra el otrora Mandatario, por su eventual participación en la venta de la minera Dominga y los denominados “Panama Papers”. Aunque el texto avanzó en la Cámara —con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, incluido el episodio del discurso de 15 horas del entonces diputado Jaime Naranjo (PS), esperando que arribara el entonces diputado Giorgio Jackson para dar su voto para destituir al Presidente- el Senado finalmente rechazó el libelo, lo que evitó que el Mandatario cesara el ejercicio de sus funciones.
En la actual administración, se han presentado ocho acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, sin embargo la actual oposición no ha escalado sus reparos políticos hasta buscar la destitución del propio Presidente, como sí sucedió en el periodo anterior.
Volviendo a 2020 y pese a que no prosperaron los intentos de destitución contra Piñera, el debate por el retiro de los fondos de pensiones, además del llamado “juicio político” contra el ex Mandatario, dejaron un gobierno debilitado. Además, la creciente idea de un “parlamentarismo de facto” ya se venía arrastrando desde inicios de 2020. En marzo de ese año, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) solicitó conocer si existía algún procedimiento para declarar inhábil al Presidente de la República por impedimento físico o mental —y a la vez, adelantar las elecciones—, ya que aquello no estaba estipulado explícitamente en la Constitución.
A los pocos días, el entonces saliente titular del Senado, Jaime Quintana (PPD), manifestó que si el Presidente Piñera quiere seguir gobernando “debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto”, entregando parte de sus facultades al Congreso, como definir urgencias y prioridades legislativas.
El ambiente social no era mejor. El feminismo, en pleno auge, no perdonaba las varias declaraciones desafortunadas del ex Mandatario en torno a las mujeres —al tildar como “pequeñas humillaciones” los abusos que sufrían universitarias, o cuando señaló que “a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”—, lo que terminó por opacar, por ejemplo, la agenda de equidad de género que impulsó.
Sin embargo, en la actual gobernanza, a pesar de que el caso Monsalve se ha convertido en uno de los más impactantes, por involucrar una denuncia por abuso sexual y violación de una autoridad en ejercicio, además de desarrollarse en un Gobierno autodeclarado feminista, no ha suscitado marcha masiva alguna. Incluso con el equívoco manejo inicial de la situación —que incluyó el permiso para que el entonces subsecretario del Interior viajara en un avión de Carabineros a avisar a su familia respecto de la denuncia— dejó más dudas que certezas en torno a la real aplicación de la perspectiva “morada”.
De regreso al post estallido, la pandemia abrió una serie de cuestionamientos por el manejo por parte del Gobierno, lo que incluyó varias querellas, como la que presentó la Confusam, o el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien acusó a las autoridades de “negligencia o imprudencia temeraria”, por el supuesto delito de diseminar gérmenes patógenos para producir la enfermedad, la que el recién el miércoles fue cerrada por el Ministerio Público.
Entre el “aprendizaje” y lo “inaceptable”
En conversación con Emol, expertos ponderan los alcances del argumento del Presidente Boric en torno a la “gobernabilidad” y ponen el contraste las condiciones en que esta se ha podido construir, no sin subrayar el rol que tomó la oposición —actual oficialismo— en la época de la crisis social y estallido.
El sociólogo Ernesto Ottone, parte de la base que la gobernabilidad un concepto más amplio que el de paz social. “Implica buen gobierno, acuerdos, evitar polarización generar atmósfera de crecimiento económico, mejora de bienestar social, etc.”. En ese sentido, afirma, “los resultados son apenas mediocres pero tampoco catastróficos”.
“¿De quién es el mérito de esa medianía? Recordemos que hubo un intento refundacional que fracasó, hubo una buena reacción ciudadana, Boric tuvo una reacción democrática ante su derrota y evitó una situación ingobernable incorporando reformistas al gobierno”, afirma.
A su juicio, es difícil establecer una comparación con el gobierno anterior, “que tuvo problemas severos de gobernabilidad por el estallido social, pero donde no salió del marco democrático, enfrentó bien la pandemia, y no pudo evitar el sobrecalentamiento de la economía”. Por eso, a su parecer “ninguno de los dos gobiernos son ejemplo de una gran gobernabilidad, pero tampoco de un desastre. Pero la medianía se arrastra por más de un decenio. Mejor una cierta modestia de todos para sacar el país adelante”.
Por su parte, la abogada María José Naudón, plantea la pregunta: “¿cuánto de esa “gobernabilidad” a la que apunta Boric se explica realmente por una efectiva capacidad de conducción, y cuánto simplemente por el hecho de que quienes antes agitaban, hoy gobiernan?”.
“Hablar hoy de gobernabilidad como un logro propio, sin hacerse cargo del daño causado previamente al orden institucional, resulta como mínimo discutible. La tesis de la normalización carece de autocrítica“.
Por eso, plantea Naudon, la comparación con el gobierno de Sebastián Piñera no es solo injusta: es metodológicamente impropia. “Mientras esa administración enfrentó, al mismo tiempo, una crisis social de magnitud estructural, una emergencia sanitaria sin precedentes, un Congreso donde amplios sectores de la oposición no solo bloquearon acuerdos sino que promovieron activamente la destitución presidencial, y una calle desbordada —muchas veces azuzada por los mismos actores que hoy gobiernan—, el actual Ejecutivo ha operado en un contexto radicalmente distinto, con la pandemia superada, un Congreso fragmentado pero funcional, y una oposición que ha colaborado para avanzar en varias de las reformas relevantes para el futuro del país (pensiones y seguridad entre otras) y que hoy se exhiben como logros”.
Una dura crítica hace también el analista político Max Colodro, quien tilda el argumento del Mandatario como “desvergonzado e inaceptable”, porque implica “no reconocer ni asumir ninguna responsabilidad política por las movilizaciones y la violencia que la acompañó, de la cuales los sectores que hoy gobiernan fueron directamente causantes. Si Chile tuvo en 2011 tomas, vandalización de escuelas y de universidades, pérdida de clases prolongadas y destrucción de infraestructura pública y privada, fue por la decisión de un movimiento estudiantil que Gabriel Boric y la generación que hoy gobierna impulsaron. Lo mismo en el contexto del estallido social”.
Por su parte, la analista política Javiera Arce, se centra en el “aprendizaje” que ha tenido el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Creo que el Presidente ha aprendido en su cargo y entendió muy bien el valor de la gobernabilidad. Es algo que hay que celebrarlo, porque al final del día, él ha cedido muchísimo en muchas cosas programáticas y también procesos, lo que para mí es muy interesante”.
En esa línea, apunta a que Boric “sí ha sido capaz de otorgar gobernabilidad, a pesar de las complejidades de gobernar en la actualidad, su gobierno ha tenido menos problemas que el anterior. El Presidente ha sabido buscar los espacios para poder encontrar estabilidad”, cerró.
El oficialismo como eventual oposición
Los expertos también se detienen en el sello que el oficialismo busca proyectar: una apuesta por la madurez, la estabilidad, la gobernabilidad, y afirman que aquello también daría cuenta de cómo se comportarían de volver a ser oposición.
Naudón comenta en esta línea que “ese giro discursivo (del oficialismo) puede parecer saludable, incluso necesario, pero tiene mucho de cálculo y proyección. Porque lo que ayer se resistía —el orden, la institucionalidad, el respeto por las normas— hoy se reivindica. Entonces, habrá que ver si esa vocación institucional se sostiene cuando el ciclo político vuelva a girar y les toque, nuevamente, estar en la oposición. ¿Serán igual de responsables? ¿Resistirán la tentación de volver a la trinchera?”, inquiere.
Por su parte, Colodro añade que los dichos del Presidente Boric incluso son “una amenaza explícita para el futuro, dado que ellos son los que incitan y promueven la violencia cuando son oposición, ellos serían los únicos que pueden garantizar la gobernabilidad cuando están en el poder. En los hechos, con estas expresiones, el presidente Boric sólo confiesa lo que estarán dispuestos a hacer nuevamente el día en que los sectores que él representa vuelvan a la oposición”.
Fuente: Emol.com
