Este martes, a partir de las 8.30 horas, se desarrollará en el Juzgado de Garantía de Iquique, la audiencia de formalización de los cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea (FACh), involucrados en el eventual tráfico de ketamina en un avión institucional.
El caso involucra a exfuncionarios -todos dados de baja-, destinados en la Base Aérea Los Cóndores, que se ubica próximo al aeropuerto Diego Aracena, en el norte del país. La maniobra para intentar pasar la droga habría consistido en el intento de evitar el control de un maletín, pero debido a que un suboficial notó que el equipaje no había sido revisado, se vieron obligados a pasarlo por rayos X.
Los cinco involucrados se encuentran en prisión preventiva desde el sábado 5 de julio, por orden de la Corte Marcial, y hoy, en su formalización, se conocerán las posibles medidas cautelares que pesen sobre ellos, lo que ha abierto un debate paralelo en torno al resguardo de su seguridad, y en qué tipo de recinto deberían cumplir la medida; es decir, una cárcel común o un recinto militar.
La trama relativa a este eventual caso de tráfico de droga también estuvo acompañada por las tensiones derivadas de la disputa de competencias que se abrió entre la Fiscalía de Tarapacá y la Fiscalía de Aviación. La justicia ordinaria consideró que se trataba de un caso de su competencia, por cuanto el intento de traslado de droga afectaba la ley 20.000 y tenía implicancias como el riesgo para la salud pública. En tanto, desde la FACh apuntaban a que se trataba de un tema de su competencia, debido a que eran funcionarios de esa rama de las FF.AA. los involucrados.
En la disputa ingresó el Gobierno, lo que abrió nuevas tensiones y puso en una incómoda posición a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, quien tuvo que salir a “aclarar” que el Presidente Gabriel Boric no había “instruido” a la FACh a entregar los antecedentes al Ministerio Público -pese a que esas fueron las palabras del ministro de Seguridad, Luis Cordero-; y que el comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, no había tenido un dejo de insubordinación al señalar que el Presidente “no tenía injerencia” en dar una indicación así. Delpiano, para matizar la situación, apuntó a una “confusión”.
El pasado jueves, y pese a que el tribunal de Garantía de Iquique había fijado fecha para el 18 de julio para resolver la competencia -es decir, qué justicia llevará el caso-, la ministra Delpiano salió a zanjar la polémica y afirmó que finalmente la Fiscalía de Aviación entregaría todos los antecedentes a la Fiscalía de Tarapacá para que el caso lo tomaran ellos. La entrega de antecedentes se concretó esa misma tarde.
El sábado, en tanto, la Fiscalía de Tarapacá informó que, mediante un oficio, el Juzado de Aviación se declararía incompetente en el caso, mientras que el tribunal de Garantía de Iquique aceptó la competencia y fijó fecha para hoy, dejando sin efecto la audiencia programada para el 18 de julio.
Tren de Aragua
El caso ha tenido más aristas, como la relativas al avance del crimen organizado y los riesgos que supone para la seguridad de que estos grupos permeen estas instituciones.
Sobre este tema se refirió la semana pasada el fiscal nacional, Ángel Valencia, quien dijo a Radio ADN que “todos los días” estos grupos criminales están tratando de penetrar estas instituciones, y si no consiguen hacerlo a través del soborno, también ocupan recursos como las amenazas.
En el caso específico de la FACh, se sospecha que sería el Tren de Aragua el que habría logrado establecer nexos con los ahora exfuncionarios, pista que la dio el tipo de droga que se buscaba traficar.
“Lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser el caso“, afirmó el fiscal nacional.
Cantidad de envíos
Otro elemento que ha marcado la indagatoria y que deberá resolver la investigación, es la cantidad de envíos que se habían logrado concretar previo a que los exuniformados fueran sorprendidos a inicios de julio.
De acuerdo a Meganoticias, fuentes cercanas a la indagatoria señalan que no sería la primera vez en que se utilizaron vuelos institucionales para transportar ketamina. De hecho, de acuerdo al citado medio, serían tres vuelos que durante este año habrían podido concretar esta operación de manera exitosa.
Este tema también fue abordado la semana pasada por Valencia, quien también sustentó la teoría de que podría haber reiteración en este ilícito.
“Sería muy extraño que fuera la primera vez. Normalmente en el narcotráfico sabemos que quienes cometen narcotráfico van probando rutas, ciertos sistemas que han dado resultado, van aumentando volúmenes, por lo tanto, en la experiencia en lo que se refiere a esta actividad criminal, indica que uno puede sospechar que no es la primera vez”, dijo a Radio ADN.
El domingo, el titular del Ministerio Público reforzó sus dichos, y pese a que dijo que preferiría “no especular”, dijo que es “plausible” pensar que hubo más envíos.
“Hablando en abstracto, ocurre con mucha frecuencia en estos casos, en casos de esta naturaleza, de que bandas de este tipo, que se dedican a este tipo de delitos, prueban rutas, ¿no? Y van aumentando los volúmenes de lo que trasladan en la medida que van constatando que son rutas seguras. Entonces, es perfectamente plausible pensar que pudo haber traslados previos“, sostuvo en conversación con Estado Nacional de TVN.
Recinto para cumplir las cautelares
El debate también está abierto respecto al recinto que sería más idóneo para que los exfuncionarios de la FACh cumplan la eventual medida cautelar.
Por ahora, los involucrados se encontrarían en la Base Aérea de El Bosque, la cárcel de Alto Hospicio y la cárcel de San Miguel.
No obstante, ante las eventuales medidas cautelares que se decreten hoy, algunos expertos plantean los elementos que podrían incidir en qué tipo de recinto determine el juzgado de Garantía, en caso de decretar la prisión preventiva.
Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior y académico de la USS, dijo a El Mercurio que “si han cometido delitos comunes, deberían cumplir en recintos comunes”. No obstante, afirmó que “es indispensable que al interior del penal tengan sistema de aislamiento que mantenga su seguridad”, aunque también afirma que existe otro riesgo: “puede ser que, de alguna manera, sean extorsionados”.
Por su parte, Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, comentó al citado medio que, en base a una experiencia previa, podría ser mejor un recinto militar. “Nos pasó el caso puntual (…), unos excarabineros que habían sido imputados, los enviaron a prisión preventiva e ingresaron a la cárcel de Santiago 1. Ellos pidieron clasificarse en población penal común”.
De acuerdo a Alveal, esta situación significa que “hay una suerte de involucramiento, aun cuando visten el uniforme, son parte de esta organización criminal. En consecuencia, se sienten más protegidos por ellos dentro de la cárcel”.
Fuente: Emol
