Hoy la carta que genera menos reparos es la de Juan Agustín Meléndez, fiscal regional de Los Ríos, que asumió en forma interina la jefatura nacional del Ministerio Público. No obstante, un grupo influyente de senadores sigue presionando para que el Mandatario nomine al abogado Ángel Valencia.
En La Moneda esperan que la tercera sea la vencida. A más tardar este miércoles el Presidente Gabriel Boric debe enviar al Senado una nueva propuesta para fiscal nacional después de dos nominaciones fallidas.
Se trata tal vez del nombramiento más importante que debe realizar Boric en su mandato dada la relevancia que tiene el jefe del Ministerio Público en el combate de la delincuencia, hoy la principal demanda de la ciudadanía.
Sin embargo, tras dos experiencias fallidas, la tercera definición que debe adoptar el Mandatario -quien debe escoger un nombre en una lista de cinco postulantes seleccionados por la Corte Suprema– tiene un peso adicional.
En el gobierno están conscientes de que no hay margen para un nuevo fracaso ni apuestas riesgosas.
Al ser consultado, en medio de su visita a Brasil, Boric dijo que “lamentaba que algunos senadores prefieran hacer gallitos con el gobierno o pongan por delante sus apreciaciones personales antes que poder tomar una definición conjunta respecto del órgano encargado de la persecución del delito en Chile”.
Agregó que para las dos postulaciones fallidas anteriores (José Morales y Marta Herrera) conversaron con “la gran mayoría de los senadores y senadores”, pues ningún candidato de la Suprema generaba “unanimidad y consenso”.
En esa línea, reiteró que “esto no es un gallito entre el gobierno y el Senado o no debiera serlo… ojalá no sigamos con este tira y afloja que no le hace bien a la democracia y debilita a las instituciones… La seguridad de los chilenos y chilenas debe estar por sobre las peleas o desavenencias entre senadores con el Ejecutivo”.
Además, el Presidente llamó a mirar “con grandeza cómo fortalecer el Ministerio Público”, al tiempo que respaldó y ratificó como interlocutora del gobierno a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, que junto a la titulares del Interior, Carolina Tohá, y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, deben buscar el acuerdo necesario.
De partida, la persona que escoja Boric debe contar con el consentimiento de 33 senadores (dos tercios del Senado).
Sin embargo, el principal problema del Jefe de Estado es que la quina elaborada por la Suprema, de la que debe escoger un nombre, nunca ha satisfacido sus expectativas ni tampoco de los parlamentarios.
Los dos nombres elegidos anteriormente por Boric concitaban reparos entre senadores oficialistas y de oposición y el cuadro no ha cambiado con la incorporación de nuevos candidatos seleccionados por el máximo tribunal en reemplazo de los rechazados y renunciados.
Hoy la carta que genera menos reparos es la de Juan Agustín Meléndez, quien se desempeñaba como fiscal regional de Los Ríos, pero asumió en forma interina la jefatura nacional del Ministerio Público, en reemplazo de Jorge Abbott, que debió dejar el cargo el 30 de septiembre de 2022, al cumplir el límite de edad de 75 años. No obstante, tampoco se trata de una carta que entusiasme en la oposición ni en el oficialismo ni en el Ejecutivo. Simplemente es la que tendría más viabilidad.
El gran promotor de Meléndez es el senador de Los Ríos, Iván Flores, quien lo conoce por su desempeño en la región. Desde el PS, la UDI y RN, que son las bancadas mayoritarias del Senado, sostienen que el nombre de Meléndez es conversable.
Los otros integrantes de la quina, sin embargo, no tienen las mismas probabilidades de éxito. Vetos, reparos, descartes son factores que probablemente influirán en la decisión de Boric.
Por ejemplo, uno de los nombres que integra la lista de la Suprema es el abogado penalista Ángel Valencia. Si bien en un grupo transversal e influyente de senadores, especialmente los que integran la Comisión de Constitución, sigue presionando para que el Presidente lo proponga, en Palacio dan por descartada su nominación en esta tercera vuelta.
Además de las aprensiones de grupos feministas por su defensa en casos de delitos sexuales, en el gobierno aseguran que el hecho de que haya defendido a la ministra Tohá, en el caso Publicam -que destapó una serie de delitos tributarios y venta de facturas falsas- es un tema sensible y es algo que no quieren reflotar.
Para el Ejecutivo tampoco es viable la nominación del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, otro de los integrantes de la quina. ¿La razón? Hoy está investigado por obstrucción a la investigación en el denominado Caso Huracán, por lo que nombrarlo sería dar una señal compleja.
En el caso de la fiscal de Ñuble, Nayalet Mansilla, otra integrante de la lista reconfigurada por la Suprema, ella tiene reparos transversales en distintas bancadas, por su cercanía con Abbott, de quien existe una mala evaluación de su paso por la institución persecutora.
También completamente descartada por el oficialismo y la oposición está la abogada Erika Maira, exfiscal y actual jefa de la Unidad de Víctimas del Ministerio Público.
Si bien Maira se ajustaba a un perfil ideal de La Moneda -una mujer, con visión feminista e inclusiva-, sus antiguos comentarios en redes sociales, que comenzaron a difundirse entre bancadas de senadores, sepultaron rápidamente sus chances.
Todo este panorama ha acentuado la molestia que hay en el gobierno con el máximo tribunal, pues evalúan que hubo desidia al momento de conformar la lista de postulantes, al no aplicarse filtros necesarios respecto de la idoneidad que tienen algunos postulantes. De ahí, la razón por la que Boric llamó al presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para plantearle la posibilidad de hacer un nuevo concurso público.
No obstante, tras la negativa de la Suprema, en vista de las limitaciones constitucionales y legales para rehacer todo el proceso, al Presidente no le quedaría otra alternativa que ceñirse a los nombres que van quedando.
Fuente: La Tercera
