Por un plazo de 15 días, prorrogables por otros 15 días más, el Presidente Sebastián Piñera declaró este martes estado de excepción constitucional en cuatro zonas de las regiones del Biobío y La Araucanía, argumentando como principal motivo una “grave alteración del orden público”.
Esto tras los últimos hechos de violencia que han aquejado al sur del país, y que según dijo el Mandatario, están vinculados “al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados en las provincias de BioBío y Arauco en la Región del BioBío, y en las provincias de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía”.
Pero además, la medida se da luego de que a inicios de mes la Contraloría General de la República (CGR) rechazara el decreto 249 que el Ejecutivo envió ayer para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur, ante los hechos de violencia y el término del estado de excepción constitucional decretado por la pandemia del covid-19, el cual se extendió por 18 meses.
Sumado a esto, en los últimos días el Gobierno además ha debido lidiar con las movilizaciones de los camioneros, quienes mantuvieron diversos cortes en la Ruta 5 Sur, en señal de protesta por los ataques incendiarios que han afectado al gremio.
“Son hechos y evidencia acumulativa en el tiempo”, dijo el titular del Interior, Rodrigo Delgado. Es que en La Moneda no sólo han resentido las situaciones de violencia descritas por el Mandatario, sino que también la quema o destrucción de casas, iglesias u otras instalaciones. Junto a esto, la muerte de civiles, y miembros de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Además, han habido atentados y amenazas contra autoridades, tales como fiscales del Ministerio Público o miembros del Poder Judicial.
Mejores instrumentos
Y si bien Piñera aseguró que el Ministerio del Interior ha presentado todas las querellas necesarias ante del Poder Judicial para enfrentar estas situaciones, recalcó que “la grave situación” que afecta a la zona “requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos”.
Dicha medida, precisó, servirá “para enfrentar mejor, con mejores instrumentos y herramientas, el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios. Pero en ningún caso se orienta en contra de un pueblo o un grupo de ciudadanos”.
Con ello, el Presidente enfatizó que con la medida se busca “proteger mejor la vida y seguridad de las personas. Para proteger mejor a las autoridades, como fiscales del Ministerio Público y miembros del Poder Judicial que han sido amenazadas”.
“Lo hacemos para proteger mejor los bienes públicos y privados, para resguardar mejor el orden público y el Estado de Derecho. En síntesis (…) lo hemos decretado para permitirles a los habitantes de las zonas afectadas vivir con mayor paz y ejercer mejor sus libertades y derechos, y vivir sin miedo y sin violencia”, apuntó.
Según Delgado, “el diagnóstico y las causas están claras, hay una grave alteración al orden público, que genera temor, que genera que la convivencia pacífica esté alterada”.
Fuente: Emol.com
