La sesión especial del Senado del miércoles 23 fue inusualmente breve. Convocada, en medio del receso legislativo de febrero, para que se aprobara exclusivamente una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en el Biobío y La Araucanía, la reunión solo duró 47 minutos.
Sin embargo, la “sobremesa” de la sesión fue extensa. Tras el encuentro, en un rincón de la sala, se quedaron charlando los senadores Alfonso de Urresti (PS), Rodrigo Galilea (RN) y Kenneth Pugh (indep. RN) con el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa. A ellos se sumó minutos después el senador UDI Juan Antonio Coloma.
Algunos gesticulaban, otros se veían cabizbajos, pero los rostros de preocupación eran evidentes en todos ellos. El tema en discusión también era obvio: el acuerdo de un grupo de convencionales, desde la DC a la ex Lista del Pueblo, que propone poner fin al Senado y reemplazarlo por un Consejo Territorial (con un carácter esencialmente consultivo), se había transformado por esas horas en el principal tema de diálogo en los pasillos del Congreso.
Aunque hubo varias ausencias ese día, era posible observar varios grupitos de legisladores conversando. Incluso en la tarde, un grupo de diputados socialistas cruzó hacia la Cámara Alta con el fin de intercambiar opiniones con los pocos senadores del PS que concurrieron ese día.
Ese mismo miércoles 23, la mezcla de molestia y desazón por el acuerdo, que involucraba a convencionales de centroizquierda, se hizo sentir en la mayoría de los partidos. Sin embargo, el llamado de atención más severo fue verbalizado por los socialistas, quienes en forma directa emplazaron al gobierno de Gabriel Boric a asumir un rol para conducir el debate en el órgano constituyente.
“Me gustaría escuchar al nuevo ministro Jackson y al Presidente Boric, cuál es su opinión respecto de este tipo de planteamiento”, dijo De Urresti en un punto de prensa.
Carlos Montes, senador socialista saliente y futuro ministro de Vivienda, también expresó su preocupación, mientras los diputados y senadores electos del PS Juan Luis Castro y Fidel Espinoza hicieron advertencias explícitas.
“Poco ánimo va a haber en el Senado de aprobar las leyes del Presidente Boric si sabe que está desahuciado de antemano”, dijo Castro, quien hizo un llamado “a que el equipo político del Presidente Boric, los ministros Izkia Siches, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, tomen la decisión de influir, dialogar y ordenar al mundo de izquierda que está dentro de la Constituyente”.
En ausencia del presidente del partido, Álvaro Elizalde, quien se encuentra de vacaciones, el secretario general del PS, Andrés Santander, le expresó la inquietud formal del partido y de otras fuerzas políticas al futuro subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS).
Cuidado con los idus de marzo
El debate, en todo caso, no está agotado en el Senado ni tampoco está perdido en la Convención, a pesar de que el acuerdo alcanzado por 19 constituyentes podría llevar a suponer que el fin la Cámara Alta ya tendría los 103 votos requeridos en la asamblea.
Esa votación se realizará en el pleno de la Convención el próximo 11 de marzo, justo el día en que asume Boric y en que presta su juramento un grupo de nuevos senadores, quienes serían los más afectados, pues difícilmente podrían completar sus ocho años de mandato.
“Que hagan la votación el mismo día es una provocación”, aseguraba molesto, el miércoles 23, un senador de derecha, al tiempo que remarcaba que el nombre de “consejo” que se le quería dar a la entidad sucesora del Senado ya era en sí “un ninguneo”, pues daba cuenta de que ya no era una cámara legislativa, sino un órgano consultivo.
Es probable que la crispación que existe en el Senado vaya en ascenso, lo que además haga escalar el duelo institucional con la Convención.
El lunes 28 se reunirán en forma telemática los jefes de bancadas del Senado para resolver las tablas de las próximas sesiones y, según adelantan algunos senadores, uno de los temas de discusión será qué hacer con la llamada ley de amnistía para “los presos de la revuelta social”, que fue en un principio una de las demandas más sentidas por un grupo mayoritario de la Convención.
Sin embargo, la señal más importante se adoptará el día siguiente, martes 1 de marzo. Ese día están convocados los representantes de todas las bancadas para definir la composición de las comisiones legislativas y resolver qué grupo político presidirá el Senado a partir del 11 de marzo.
Tras los últimos episodios en la Convención, que ratifican que el 2022 será crucial para la supervivencia de la corporación, el nuevo presidente de la Cámara Alta tendrá un papel decisivo.
De hecho, RN acordó postular al senador Manuel José Ossandón, quien debido a su estilo aguerrido y por haber votado Apruebo, tendría el perfil para asumir la defensa del Senado ante la Convención, dicen en Renovación.
Un argumento similar están levantando desde la DC, al proponer al senador Francisco Huenchumilla, quien por sus raíces mapuche y por la ascendencia que tienen los representantes de pueblos originarios en la Constituyente, podría tener mejor llegada.
No obstante, en la misma derecha, desde la UDI, Evópoli y algunos RN comenzó a tomar fuerza la propuesta de que los socialistas -cuyas principales cartas para la testera son Alfonso de Urresti y Álvaro Elizalde- lideren este año la Cámara Alta. Esa idea -que ya se deslizó en las negociaciones y está conversándose al interior de las bancadas- también hace sentido entre senadores del PPD, a pesar de que también tienen aspiraciones de presidir la corporación.
No obstante, para evitar un choque y para que el acuerdo prospere es clave que Ossandón y Huenchumilla bajen sus pretensiones al menos por este año, explican.
Entre los factores que inclinarían la balanza a favor del PS y en especial para Elizalde, quien tendría mayoría en su bancada, figura el hecho de que tienen ascendencia directa sobre los convencionales socialistas, cuyos votos podrían ser cruciales para impedir el fin del Senado.
Hoy la derecha, con 37 constituyentes, es menos de un cuarto de la Convención. Ni siquiera sumando los siete apoyos del Colectivo del Apruebo (DC, PPD e independientes identificados con la antigua Concertación) llegarían al tercio necesario (52 votos) para vetar la norma sobre el Congreso. Los únicos que permitirían superar ese umbral son los 16 integrantes del Colectivo Socialista.
En todo caso, una acción de ese tipo implica un alto costo. Primero, los convencionales socialistas tendrían que aparecer votando junto a la derecha, algo que siempre ha sido mal visto por las fuerzas de izquierda en la asamblea.
En segundo lugar, tendrían que quitarles el piso a sus representantes que firmaron las indicaciones que ponen fin al Senado (Ricardo Montero, Pedro Muñoz y Maximiliano Hurtado). De hecho, en el partido hubo fuertes recriminaciones contra sus personeros en las tratativas. Si bien esos mismos convencionales habían asumido públicamente la defensa de la bicameralidad (es decir, un Congreso que mantuviera dos ramas legislativas), la lectura interna que había es que pecaron de inexperiencia, les jugó en contra el cansancio y se “marearon” al momento de cerrar los detalles técnicos del acuerdo.
Los senadores socialistas, además, tienen otra ventaja, advierten ciertos negociadores del acuerdo que se está armando en la Cámara Alta, que repartirá dos años de presidencia para la derecha y otros dos para los partidos de centroizquierda. Al tener un pie en La Moneda, los socialistas pueden influir o tratar de persuadir para que el equipo de Boric también reoriente a los convencionales del Frente Amplio y se repongan las atribuciones legislativas de la entidad que reemplazará al Senado.
El emplazamiento a Boric y a Jackson fue una señal explícita de ese interés.
¿Por qué la advertencia socialista?
No era la primera vez que los PS tomaban el estandarte de la defensa del Senado de cara al debate constituyente.
En noviembre pasado, cuando el diputado y senador electo del PC Daniel Núñez llamó a clausurar el Senado, luego de que rechazara, por falta de votos, la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, el mismo Montes reclamó en la sala por aquellas palabras y pidió que la corporación convocara a un diálogo académico para defenderse ante la Convención. “Ahora cualquiera dice cualquier cosa, la verdad es que fue muy insolente y agresivo lo que dijeron algunos diputados”, dijo Montes en referencia a Núñez.
En enero, Elizalde también fue uno de los primeros senadores en romper el silencio que hasta ese momento predominaba en el Congreso en defensa de la bicameralidad.
Los factores detrás de esta postura institucional -que además fue ratificada por sus convencionales, al menos hasta antes de que se sellara este acuerdo que ponía fin al Senado- tienen relación con el poder regional del PS.
A diferencia de la Cámara de Diputados, cuya composición está influenciada por el voto de Santiago y de grandes urbes como Valparaíso (fenómeno que se acentuaría con un Congreso unicameral), el Senado está mucho más condicionado por el sufragio de las regiones, precisamente donde socialista pesan electoralmente. Ello explica, por ejemplo, que sean la bancada de izquierda-centroizquierda más numerosa en el Senado, que sumada a la del PPD podrían ejercer una hegemonía del sector por lo menos por los próximos ocho años.
Por el contrario, el fenómeno de crecimiento electoral del Frente Amplio aún no penetra en las regiones y ello se nota en que solo tengan un senador por Valparaíso.
En las últimas dos elecciones parlamentarias, el frenteamplismo se ha consolidado en grandes urbes, por lo que en un Congreso unicameral podrían apostar a convertirse en la fuerza hegemónica del progresismo. Por ello, en el PS creen que el fin del Senado también obedece a un interés electoral del Frente Amplio. Y ello augura tempestades.
Fuente: La Tercera
