Aunque en las oficinas de Teatinos 56 hay satisfacción -e incluso felicitaciones- por el trabajo realizado a raíz del caso licencias, no están “contentos”; al menos no en cuanto a lo preocupante y amplio que resultó ser el uso irregular de estos documentos médicos en el sector público.
Y es que el último tirón de mantel de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, ha desencadenado una serie de renuncias por parte de funcionarios en distintas áreas: Colmed, subsecretarías, jefaturas de gabinete, Metro de Santiago, Superintendencia de Salud y municipios, entre varios otros.
La magnitud de los hallazgos, no solo se traduce en un impacto político, sino que involucran dineros del fisco, aportados por impuestos de los contribuyentes, y que pudieron ser utilizados en materias clave, entre ellas, del propio sector de la Salud, como construcción de hospitales o el despeje de las listas de espera.
El 20 de mayo, la Contraloría informó que se detectaron 25.078 funcionarios públicos que habían incumplido su periodo de reposo indicado en su licencia médica y viajaron al extranjero. Para esos funcionarios se emitieron 35.585 licencias médicas, de las cuales un 69% fueron entregados por Fonasa, y 31% por isapres.
Y Pérez irá por más, según contó en su presentación ante la comisión de Salud del Senado. De hecho, todos los años hará el cruce de datos que abrió la trama de las licencias, y esa información será entregada a la ciudadanía -es decir, será pública-, y se remitirá a las autoridades competentes. Sus próximos pasos apuntan a Capredena y Dipreca, esto es, a las licencias médicas emitidas en el ámbito de las Fuerzas Armadas y las policías. Eso sí, se proyecta que haya menos casos que en la “causa madre” de las licencias médicas, puesto que el universo a explorar es más reducido. Los resultados, en tanto, podrían estar entre junio y julio.
Asimismo, se están revisando mecanismos para poder detectar viajes dentro del país mientras funcionarios hubieren estado con licencias médicas. Aunque reconoció que no sería tarea fácil -a diferencia de los registros de las salidas internacionales-, adelantó que “algún punto, algún porcentaje vamos a poder detectar“.
El “huracán” Dorothy
Cuando Dorothy Pérez asumió como contralora subrogante, en diciembre de 2023 -tras el término del periodo de Jorge Bermúdez-, ya se hablaba de un “huracán”. Y es que la abogada inició una serie de reordenamientos internos, solicitó renuncias, eliminó al personaje “Contralorito”, y dio uno de sus primeros grandes golpes de timón, al detectar irregularidades en la rendición de los recursos en torno a la organización de los Panamericanos y Parapanamericanos 2023.
En noviembre de 2024, Pérez fue ratificada en la Sala del Senado como contralora general de la República, con 46 votos de respaldo, 1 en contra (de la senadora independiente, Alejandra Sepúlveda), y 2 abstenciones (del senador independiente, Karim Bianchi, y de su par RN, José García Ruminot).
En sus primeras palabras, sentó “las bases” de lo que ya había mostrado en su subrogancia, pero ahora en el rol de titularidad: que la “institución colabore decisivamente en la prevención y sanción de la corrupción, mantenga su alto estándar y se reconozca siempre su gran capacidad y total autonomía“.
Un mes antes, en medio de su nominación, la entonces contralora subrogante anunció que -de quedarse en el cargo- crearía un Consolidado de Información Circularizada (CIC), una iniciativa que, periódicamente, publica temas de interés público relativo a las indagatorias de la Contraloría; su contenido se alimenta de distintos departamentos al interior del organismo, dependiendo de la materia en cuestión, y los datos los obtienen tras oficiar a distintas entidades; con eso, la Contraloría cruza los datos.
Los consolidados ya han arrojado datos en torno a temas como la recaudación del royalty, o la entrega de licencias de conducir por parte de municipios a deudores de pensión de alimentos. El último reporte entregó nuevos antecedentes en torno a la trama de las licencias, donde se detectó que 250 médicos del sector público habrían hecho uso irregular de sus licencias médicas, al asistir 710 partos en clínicas privadas mientras tenían este permiso; en total, serían 440 licencias.
Además de los ya anunciados próximos pasos para arrojar consolidados en torno a las policías y Fuerzas Armadas, hay más de 30 CIC en proceso, que están investigando, entre otros temas, seguridad municipal, y el uso del agua en relación al cambio climático, los que también tendrán resultados en las próximas semanas y meses.
El círculo de hierro de la contralora
Pérez lleva dos décadas al interior de la Contraloría. Su arribo ocurrió en 2004, como abogada informante de la entonces División de Vivienda, Urbanismo, Obras Públicas y Transporte. En paralelo, trabajaba como docente de Derecho Constitucional.
Su carrera al interior del ente contralor avanzó rápidamente, hasta que en noviembre de 2007, y con sólo 31 años de edad, fue nombrada contralora regional de Valparaíso; un hecho inédito, puesto que nunca alguien tan joven en el cargo. Ya desde entonces se le tildaba como “brillante y muy capaz”; otros, apuntaban a que era “equilibrada y trabajólica”.
Su permanencia en la institución y no ha estado ajena a roces. Fue parte del círculo de confianza de Bermúdez, pero años después, encarnó un rol más bien antagónico. Según el entonces contralor, perdió la confianza en Pérez luego que ella resultara mencionada en una indagatoria relacionada al megafraude en la policía uniformada, donde tuvo que declarar como testigo. De todas formas, cuando el entonces contralor le pidió su renuncia en 2018, Pérez apeló. Y ganó.
Y pese a que la mayoría del tiempo Pérez cultivó un bajo perfil, al interior de Teatinos 56 algunos la catalogaban como proactiva y de carácter fuerte. Eso salió con fuerza desde su subrogancia a la fecha.
Su equipo más cercano, el “gabinete chico” como se le denomina al interior de la Contraloría, está compuesto por seis funcionarios, y la contralora se reúne todos los días con todos o algunos de ellos para resolver temas de coordinación y estrategia, entre otros. Todos son conocidos de hace varios años, por lo que la relación entre todos es más bien considerada “horizontal”.
El primero en la lista es el subcontralor, Víctor Hugo Merino, quien en 2021 fue trasladado a la CGR tras ejercer por seis años como contralor de Valparaíso y liderar complejas causas.
El círculo de hierro también lo integra Alejandro Riquelme, cercano a la contralora, quien tiene el cargo de jefe de la División de Función Pública, es decir, está a cargo de materias como toma de razón y de temas relativos al personal de la administración del Estado.
Otro cercano es Carlos Silva, el jefe de gabinete de la Contraloría, quien ingresó al organismo como abogado asesor en 2023 -antes fue abogado del Mineduc y se conocieron cuando la contralora era jefa jurídica de ese ministerio- y desde que Pérez salió de la subrogancia y asumió como titular, él pasó al actual puesto.
También está Carolina Requena, fiscal de la Contraloría; Daniela Andreu, jefa de la División de Administración Interna y Abastecimiento; Ricardo Provoste, jefe de la División de Fiscalización; y Paula Silva, jefa del Departamento de Personas.
Fuente: Emol.com
