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Dotar de armas no letales a las policías: La experiencia internacional y la mirada de entendidos

Durante esta semana parlamentarios presentaron una moción que buscaría que armas no letales y armamento automático sean incorporadas a Carabineros.

Luego de la muerte del sargento de Carabineros, Carlos Retamal Jaque, quien falleciera producto de las graves lesiones causadas por el impacto de un fierro en su rostro que recibió mientras se encontraba realizando labores de fiscalización ante una congregación que participaba de carreras clandestinas en San Antonio, se volvió a retomar el debate sobre las atribuciones que posee Carabineros.

Las cifras, son contundentes. Así el 11 de octubre del presente año se alertó que durante los últimos diez meses se registraron 942 agresiones a personal policial.

“Situaciones como estas son las que lamentamos, porque hemos tratado de hacer lo mejor posible las cosas, nos hemos preocupado de mejorar nuestros procesos, de tratar de que la seguridad de las personas sea nuestro foco, pero no podemos seguir normalizando los hechos de violencia, las agresiones. Acá hay carabineros que los escupen, insultan. Es de todos los días, es una escalada que no para“, señaló el general director de Carabineros Ricardo Yañez desde cañete, en un punto de prensa con motivo del fallecimiento del cabo Gastón Hermosilla en un accidente de tránsito.

Frente a esta situación algunos parlamentarios ingresaron una moción durante esta semana que modificaría la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, incorporando a la función policial el porte de nuevo armamento que buscaría prevenir el crimen.

Este proyecto tiene cuatro incisos. El primero es que todos los uniformados sean oficiales o suboficiales cuenten básicamente con electroshock o pistolas Taser. Segundo, que todos los Carabineros, tanto los oficiales como suboficiales cambien su armamento básico, que es en estos momentos un revolver y pasen a ser pistolas automáticas. Un tercer nivel es que todos los oficiales puedan portar, de forma preventiva, ametralladoras de combate urbano, que son las llamadas uzis. Y un cuarto nivel que es para las policías cuando tienen que entrar a una población a detener grupos armados por el narcotráfico puedan utilizar carabinas fusiles M4″, señala a Emol el diputado Álvaro Carter, uno de los propulsores de la medida.

Lo anterior, según explica el parlamentario, se espera implementar realizando una diferenciación del armamento a utilizar en contextos, por ejemplo, de manifestaciones o frente al combate del narcotráfico.

“Un policía que ocupa una ametralladora UZI para el cuidado de un banco, o entidades financieras, obviamente, en ningún caso debería asistir a una manifestación, o a una concentración, o a un estadio con ese tipo de armamento, para eso están justamente las pistolas con electricidad”, señala el parlamentario, para luego enfatizar que “en ningún caso se quiere repeler o se quiere contrarrestar manifestaciones con este tipo de armamento, siempre, y esa es una norma, siempre hay que respetar los Derechos Humanos (…)”.

Frente a esta propuesta, cabe destacar que hace algunos años ya se había instruido en nuestro país el uso de pistolas eléctricas Taser.

Más que nada es una contracción muscular que imposibilita que una persona se pueda mover”, señaló sobre su funcionamiento el teniente del GOPE de Carabineros, Camilo Castro durante consultado por el medio T13.

Por entonces, la idea consistía en que Carabineros de graduación mayor, como suboficial mayor, teniente y capitán tuvieran la atribución para usar estas pistolas que constituyen una opción de las policías para evitar el uso de un arma de fuego.

Su mecanismo de funcionamiento es el siguiente: dos dardos de metal se disparan a más de 170 km/h luego de la percusión de su gatillo, y en caso de que las puntas tomen contacto con su objetivo, este último sufriría una descarga que paraliza los músculos.

Pese a que estos elementos constituyen un tipo de armamento “no letal”, su uso no ha estado exento de polémica alrededor del mundo.

La experiencia internacional

Durante 2020 el Ministerio del Interior de España anunció la adjudicación de un contrato para la compra de 1.000 pistolas eléctricas tipo taser, que comenzaron a ser utilizadas por más de 200 cuerpos de policía local de ese país y con las que también cuentan las fuerzas de seguridad de al menos ocho países europeos, como Alemania, Francia y Reino Unido.

La adquisición, no estuvo exenta de cuestionamientos. De esta forma, el Defensor del Pueblo, órgano de relevancia constitucional que deriva de la figura sueca del ombudsman y que se encuentra encargada de velar por el respeto de los derechos que el título I de la Constitución de 1978 otorga al ciudadano en España, realizó una advertencia sobre la presencia cada vez más generalizada de este armamento en las Fuerzas de Seguridad.

En su documento, la institución destacó durante junio de 2020 que “la utilización de estos dispositivos causa dolor y sufrimiento y, en determinadas situaciones, su utilización puede ser considerada susceptible de tortura o malos tratos”. Insistiendo en que “el empleo de estas armas debe estar rigurosamente regulado y reservado exclusivamente a aquellos agentes que hayan recibido la capacitación adecuada”, ya que consideraría que “se pueden prestar a un uso abusivo“.

Sin embargo, ello no impidió que continuara su uso. De esta forma, el pasado 18 de octubre del presente año la Policía Nacional de España indicó que durante los próximos días se iniciará un curso para adiestrar a 1.526 de sus agentes en el uso de las pistolas eléctricas tipo Taser.

De esta forma, se notificó que sus policías serían seleccionados entre las plantillas de las Jefaturas Superiores de Madrid, Andalucía Oriental, Andalucía Occidental, Comunidad Valenciana, Aragón, Galiccia y Murcia, siendo destinadas en su mayoría a los denominados Grupos de Atención al Ciudadano (GAC), de aquel país.

Tras el anuncio nuevamente su implementación, el entramiento y la utilización de dichas armas fue cuestionado en España, considerando según lo consignado por el medio El País, que desde diciembre de 2021 un juzgado de Badalona, en Barcelona, investiga la muerte de un hombre de 24 años, que horas antes sido reducido por los Mossos (la policía autonómica de Cataluña) con una de estas armas.

Su uso, no solamente ha estado ligado a países europeos. De esta forma, en Estados Unidos se continúan utilizando en algunos estados como una herramienta de control de orden público, aunque en otros como Hawaii, Massachusetts, Nueva York, Nueva Jersey, Rhode Island, y el distrito de Columbia se encuentras prohibidas.

La polémica también ha acompañado a estas armas en aquel país. Así, un informe presentado en 2012, por Amnistía Internacional (AI) aseguró que entre 2001 y 2012 al menos 500 personas en EE. UU. murieron después de recibir una descarga con una Taser. Y en 2013 se registró la muerte del ciudadano colombiano Israel Hernández de 18 años, después de recibir un disparo con un arma de electrochoques -o Taser- de parte de la policía de Miami, lo que avivó las polémicas sobre su uso.

De igual forma, otro de los países en el cual recientemente el tema del uso de armas Taser ha vuelto a estar en el debate público ha sido Argentina.

De esta forma, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, presentó un amparo ante la Justicia del país trasandino para que se habilite su uso. De esta forma, mediante el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D´Alessandro, se presentó una instancia ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, con el fin de liberar la importación de 60 pistolas Taser que habían sido retenidas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados.

Esta última entidad, las retuvo luego de que fueran adquiridas en mayo de 2021, por parte de la administración porteña de Juntos por el Cambio, pese a la presión de organizaciones de Derechos Humanos de aquel país, amparándose en las observaciones sobre su uso por el Comité contra la Tortura de la ONU.

La visión de expertos

Consultada sobre la posibilidad que abre la moción realizada durante la semana para que Carabineros adquiera armas automáticas y dispositivos de electroshock, la especialista en seguridad, defensa y relaciones internacionales, Pilar Lizana, señala que, en el caso de aplicar una medida como esta, resulta clave que exista una diferenciación entre lo que se usaría, por ejemplo, en un contexto de manifestación, y lo que se utilizaría para enfrentar a delincuentes que posean un alto poder de fuego.

“Si es que enviamos, por ejemplo, a Carabineros a una manifestación que por la experiencia de los últimos años y de lo que ha pasado desde el 18-O de 2019 hasta hoy en día, en general estamos siempre esperando que terminen con violencia, son saqueos. Que es un poco lo que pasó esta semana, si los enviamos a la manifestación con armas automáticas podemos correr el riesgo de que en el fondo no haya proporcionalidad, o de que Carabineros termine envuelto en alguna situación que no es la que estamos buscando”, señala.

No obstante, la investigadora de AthenaLab, destaca a su vez que, debido a los cambios que se han presentado en materia de seguridad durante los últimos años y el aumento en delitos que poseen una mayor connotación de violencia, ligados sobre todo a un mayor poder de fuego por parte del crimen organizado, se necesita que exista una “proporcionalidad” entre las fuerzas.

“Estamos teniendo delitos nuevos que vienen acompañados de mucha violencia y en ese contexto por supuesto que nuestras fuerzas de seguridad y de orden tienen que contar con todas las herramientas necesarias para enfrentar los distintos escenarios de seguridad que derivan de este tipo de delitos“, aclara.

Con ello, la académica apunta que otra arista a potenciar junto a dicha implementación, es el respaldo que debe existir en Carabineros, el cual, no solamente debiese venir desde el Gobierno y el “poder político”, sino también desde la ciudadanía.

“Todos estos elementos hay que ponerlos en consideración cuando miramos esto, porque una cosa concreta puede ser querer entregar este tipo de armas a Carabineros pensando en potenciar ese respaldo, pero necesariamente tenemos que ponerlo en nuestro contexto de seguridad, en los delitos que estamos viendo hoy día y también en los riesgos que está teniendo hoy la labor policial. Porque si bien antes Carabineros podría realizar un control en una carrera clandestina, no necesariamente iba a terminar con la muerte de un efectivo o iba a haber una respuesta violenta por las personas que estaban controlando“, puntualiza.

Por otro lado, consultada sobre cómo se podrían evitar abusos o eventuales excesos derivados del uso de bastones eléctricos o pistolas Táser, la experta en seguridad señala que lo fundamental es que exista tanto atención frente a las capacidades técnicas de los dispositivos como también un adecuado protocolo de uso.

“Es súper importante, por ejemplo, que se cuenten con estas cámaras Gopro para que estén grabando, porque finalmente lo que se va a buscar cuando pase cualquier situación, es la evidencia para poder sancionar si es que estuvo correcto el uso de ese tipo de instrumento o no, entonces acá lo importante es siempre cumplir los protocolos”, enfatiza.

Fuente: Emol

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