Los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) aseguraron que tras realizar una investigación, pudieron determinar que 12 convencionales reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a pesar que desde julio tienen una dieta de $2,5 millones por su cargo. Y si bien, no cuestionaron si cumplirían o no con los requisitos del beneficio, apuntaron al reproche “ético” por ser autoridades públicas percibiendo un subsidio del Estado.
“Recorriendo el distrito y distintas comunas cuando uno conversa con los vecinos una vecina se me acercó y me preguntó: ‘oiga diputado, ¿ustedes pueden retirar el IFE?’, a lo cual yo le dije ‘claramente que no’. Y a raíz de esa pregunta, me surgió la duda respecto de los convencionales”, dijo el legislador gremialista sobre el origen de su indagatoria.
Ante eso, explicó, “le pedí a parte de mi equipo y se lo comenté a la diputada Karin Luck e investigamos, al igual como lo pueden hacer todos los chilenos, a través de las páginas del Gobierno, nos encontramos con la sorpresa que 12 constituyentes de la Lista del Pueblo y del Frente Amplio, han hecho uso del beneficio del IFE”.
Según el detalle, al que aseguraron haber accedido a través de la página web del Ministerio de Desarrollo Social, son cuatro convencionales de Apruebo Dignidad, dos independientes y seis de la (ex) Lista del Pueblo.
Labbé apuntó que la situación “no tiene probablemente un resquicio legal, pero tiene que ver que cuando uno pasa a ser una autoridad, o pasa a ejercer un cargo público, no puede hacer uso de beneficios de las ayudas del estado, y eso es lo que nosotros estamos reprochando”.
En ese sentido Luck explicó que “después de una investigación que hicimos con el diputado Labbé vimos cómo algunos constituyentes hoy día sí están recibiendo el IFE, hay algunos constituyentes que si vemos el núcleo familiar, de acuerdo a la información que es pública, que lo pueden ver todos los chilenos, no deberían estar calificados para el IFE”.
A su juicio estas 12 personas “deberían haberse salido. Les recuerdo a todos que cuando uno llena la hoja es una declaración jurada que tiene que firmar que los datos que no está entregando, son verdaderos”.
“Cuando ellos reciben dos millones y medio, deberían haberse salido sobre todo aquellos que ni siquiera califican, ya con ese monto de acuerdo al núcleo familiar que ellos informaron en el registro social de hogares”, sostuvo apuntando que ellos deberían haber advertido al sistema estatal que aumentó su renta una vez que asumieron el cargo.
Fuente: Emol.com
