Desde el partido anunciaron que “vamos a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue cada una de las entidades y cada peso”.
Un asunto que se ha tomado el debate político en la previa de la Navidad es el desorden financiero del Estado que la Contraloría General de la República develó en una revisión que abarca el período entre el 2020 y el 2024.
En concreto, el ente contralor dio con un lío financiero en 73 entidades públicas (50 entidades del Gobierno central y 23 municipios), que alcanza los US$17.300 millones. Estas no pasaron la prueba de fiscalización sobre sus estados financieros, dado que la Contraloría no pudo emitir un veredicto en tanto la evidencia no era suficiente y adecuada para confirmar que los saldos de su balance eran razonables y confiables.
La diputada Flor Weisse (UDI), señaló que “es altamente preocupante que la Contraloría haya detectado estos 17.300 millones de dólares que no cuentan con respaldo contable, confiable, en los ministerios y municipios”.
“Esto es desorden y desprolijidad administrativa a lo menos, con registros incompletos y controles internos débiles que evidencia un problema estructural en la gestión pública que no se puede ignorar. La Contraloría tiene un rol fundamental al fiscalizar y exigir correcciones, pero la responsabilidad de ordenar la contabilidad, justificar cada gasto y asegurar la transparencia recae directamente en cada institución”, sostuvo.
Y añadió que “la ciudadanía tiene derecho a saber que cada peso público está respaldado y se utiliza correctamente, y hoy más que nunca debemos comprometernos con una gestión eficiente, responsable y ética que recupere la confianza en nuestras instituciones”.
En tanto, el diputado Frank Sauerbaum (RN), apuntó que “es grave que la Contraloría estime que hay falta de confiabilidad en la información financiera entregada de diversas instituciones publicas, lo que hace imposible una fiscalización adecuada y transparente”.
“La rendición de cuenta y control financiero son amateur y demuestran la desidia con la que se administran los recursos de todos los chilenos. Es conocido además la falta de gestión de cobro de varios servicios que van horadando las finanzas del Estado y los presupuestos aprobados por el Congreso van aumentando año a año sin hacer un análisis mínimo de la ejecución eficiente y confiable de los recursos”, arguyó.
En ese sentido, indicó que “esta tiene que ser una prioridad del Gobierno del Presidente Kast para darle certeza a chilenos que no solo se evitara la corrupción, sino que los recursos le llegaran a los más necesitados como es la intención de las autoridades”.
Del mismo modo, el diputado Jorge Alessandri (UDI), sostuvo que”el último informe de la Contraloría nos habla de un desorden brutal en más de 50 entidades del Estado. Más de 17.300 millones de dólares que no corresponden a ingresos y egresos en los balances. Es de tal gravedad esta situación, por los montos, por la cantidad de instituciones, que desde nuestra bancada vamos a entregar todos los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue cada una de las entidades y cada peso”.
“No deja de sorprender que nos enteremos en los últimos meses del Gobierno de este desorden brutal”, aseveró.
En ese tenor, el jefe de bancada de diputados UDI, Henry Leal, aseveró que “cuando el país enfrenta estrechez fiscal y se pide austeridad a las familias chilenas, descubrir que una cifra de esta magnitud no tiene respaldo suficiente demuestra algo mucho más profundo: hay desorden, improvisación y una grave irresponsabilidad en la administración de los recursos públicos”.
El parlamentario consideró que no es casualidad que las principales observaciones recaigan sobre carteras como Vivienda y Defensa. “Aquí hubo desorden, negligencia e irresponsabilidad, y lo más grave es que nadie ha querido asumir esas responsabilidades”, dijo, mientras que en el caso del Minvu, observó que “no es un hecho aislado, es una cadena de malas decisiones”.
“Estamos hablando de 17 mil millones de dólares. Estos no son errores menores, ni técnicos. Son señales de alerta muy grave para el país y exige respuestas claras, responsabilidades políticas y un cambio real en la forma de administrar los recursos de todos los chilenos”, afirmó.
En la vereda del oficialismo, el diputado Luis Cuello (PC), consideró que “hay que tomar muy en serio estas observaciones que realiza la Contraloría y que parten el año 2020, y que se refieren a inconsistencias o fallas en procedimiento de distinta entidad y naturaleza”.
“Lo que corresponde es examinar con detalle cada una de las observaciones y adoptar medidas correctivas, siempre cautelando el buen uso de los recursos públicos”, adujo.
Fuente: Emol
