Con el fin combatir la elusión y evasión, el proyecto crear una figura -que podrá pertenecer o no a una empresa – y aportar con antecedentes que validen la existencia de delitos penados por el Código Tributario.
Por estos días, la reforma tributaria, corazón del programa de Gobierno, es discutida en la comisión de Hacienda de la Cámara, instancia que se encuentra escuchando audiencias de expertos, luego de varias sesiones dedicadas a la presentación del proyecto en su totalidad por parte del Ejecutivo.
Uno de los ejes de la iniciativa, que busca aumentar la recaudación en cerca de 4,1% del PIB una vez en régimen, son las medidas que apuntan a combatir tanto la evasión como la elusión, y en ese marco, una de las novedades que trae la propuesta es la creación de la figura del denunciante anónimo tributario en dos situaciones.
En primer lugar, se menciona que “un tercero que detecte delitos tributarios y haga una denuncia de manera anónima. podrá recibir como beneficio un porcentaje de la sanción económica en caso que se determine que haya delito”, y, en segundo lugar, que “una parte involucrada en un delito tributario podría auto denunciarse, recibiendo como beneficio evitar sanciones penales o rebajarlas por hasta dos grados”.
Lo anterior implica que cualquier persona, tanto interna como externa de una empresa, podrá denunciar ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) la existencia de delitos penados por el Código Tributario.
De esta forma, a modo de incentivo económico, aquellos contribuyentes que denuncien la existencia de delitos tributarios, de ser comprobados, podrían recibir hasta el 10% de la multa del infractor. Mientras que aquellos que realicen una denuncia falsa o sin fundamento, podrían ser castigados con multas.
Lo que sí, la colaboración a la causa, ya sea a través de la entrega de información o declarando a otros evasores, será reconocida en la eventualidad de que también sea objeto de persecución por parte del SII, pese a que la identidad de la persona será resguardada por ley.
Sin embargo, también se incorporarán sanciones monetarias, en caso de que una persona realice denuncias falsas o sin fundamentos en contra de un contribuyente. Todo esto, en caso de que se apruebe la reforma este año, podría comenzar a implementarse a partir de 2023.
Sobre esta nueva medida se refirió Álvaro Moraga, socio de Moraga y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien explicó a Emol que la figura del denunciante, o del informante anónimo, “establece que cualquier persona natural o jurídica podrá realizar denuncias de eventuales ilícitos tributarios de naturaleza penal y que podrá tener un beneficio del tipo de la delación compensada de hasta un 10% del monto recaudado”.
Y plantea que se trata de “una figura que aparece, en principio, como ‘no negativa’, en el sentido de que permite y ayuda al combate de la evasión y de la comisión de conductas ilícitas que van en contra de los interés fiscales. Sin embargo, su implementación debe tener necesariamente contrapeso”.
En ese sentido, advierte que, dado que estas acusaciones pueden ser constitutivas incluso de penas privativas de libertad, “si esta denuncia ha generado un proceso en cuya virtud se sometió a una persona a todo el estrés que significa estar siendo perseguido penalmente por el Estado, a través del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, para que luego se acredite de que no existió este delito, parece que no habría un equilibrio que señale que cuando no resulten acreditadas, o sean derechamente falsas, hayan multas”.
A su juicio, “así como tiene que ser un método disuasivo para el mercado en general, en el sentido de que cualquier persona lo puede denunciar, también tiene que ser altamente disuasivo para que no se transforme esto en una verdadera profesión de caza recompensas, dado que las sanciones por denuncias irresponsables, o sin fundamentos, son demasiado bajas. Mientras no se acredite este equilibrio me parece que puede ser una medida más perjudicial que positiva”.
Al ser consultado por la materia, Tomás Flores, economista y director del MBA de la Universidad Bernardo O’Higgins, señaló, en entrevista con EmolTV, “no me gusta mucho -la figura del denunciante-, porque se ha tratado de asimilar al denunciante de los acuerdos colusivos. Pero ahí es totalmente distinto, porque ahí estamos hablando de un actor, de una persona que participó en la colusión. Y por tanto, revela cómo el cartel se comportaba”.
En ese sentido, Flores plantea que esta nueva herramienta se asemeja a lo que es la delación compensada, un mecanismo que ya opera en Chile, y que, de acuerdo a Fiscalía Nacional Económica (FNE), exime o reduce las sanciones que enfrentan las empresas o personas que se coluden, en la medida que aporten evidencia para acreditar la conducta y para determinar sus responsables.
“En este otro caso”, continúa Flores, “se puede prestar justamente para denuncias, que pueden tener todo tipo de motivaciones, en donde la denuncia temeraria no tiene castigo. Puede que a mí me pueda caer mal un competidor en los negocios, y voy y lo acuso (…). Entonces, yo creo que hay que equilibrar un poco la balanza, porque claro, una denuncia temeraria tiene que tener castigo en la medida en que justamente fue para provocar un daño, no para generar una recaudación adicional de impuestos”.
En esa línea, Claudio Bustos, abogado tributarista y socio fundador de Bustos Tax & Legal, indicó a este medio “me parece pésima la iniciativa, porque creo que va a dar lugar a un incentivo perverso, para que especialmente contadores y otras personas de confianza de ciertos contribuyentes comiencen a delatar ciertas situaciones de las cuales puedan haber tenido conocimiento, y que, evidentemente, influye también en los deberes de lealtad y confidencialidad con la respectiva empresa”.
“Lo anterior puede dar lugar a una ‘caza de brujas’ o ‘caza recompensas’ en el tema tributario y creo que eso no es bueno”, añadió.
Crítica del comercio
Este punto fue precisamente uno de los cuestionados en el marco de las audiencias que se han llevado a cabo esta semana en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.
De hecho, Christian Aste, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), se refirió a la iniciativa que incorpora la figura del denunciante anónimo tributario, señalando “a nosotros nos parece una modificación feroz, una cuestión propia de la Gestapo nazi, solo la KGB o la Gestapo nazi propondría una figura coma la del denunciante anónimo, que expone a las pymes y a las empresas al chantaje y a la extorsión”.
Fuente: Emol
